Esta medida sería adoptada en el marco de sesiones extraordinarias, en caso de que la Justicia norteamericana acepte la oferta del Gobierno argentino formulada en su apelación, en la que se aviene a pagarles a los fondos buitres un pago similar al canje de 2010.
El Gobierno argentino finalmente apeló el fallo del juez Thomas Griesa que le imponía cumplir el próximo 15 de diciembre un pago de 1.330 millones de dólares al fondo NML. El escrito contiene una novedad que involucraría al Congreso de la Nación, en caso de ser aceptada la propuesta.
Argentina planteó judicialmente que si la fórmula presentada por el magistrado de Nueva York hubiera respetado los intereses de quienes entraron al canje de deuda de 2010, podría haber sido una propuesta consistente con la legislación argentina y ser debatida en el Parlamento.
El escrito sostiene que “si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago pro rata que tratara a los actores y a aquellos que estuvieran en la misma posición en los mismo términos que la Argentina ofreció en 2010, este hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”.
La información, publicada por El Cronista este martes, fue ratificada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien precisó que en la presentación, no se descarta una eventual reapertura del canje “si así lo exige la Justicia de los Estados Unidos, pero en condiciones inferiores al 2010 y si el Congreso argentino aprobara una ley en ese sentido”.
En diálogo con radio Continental, Lorenzino explicó que, de llegarse a un consenso con las partes, “se suspendería o derogaría la Ley Cerrojo para incorporar al 8 por ciento que no ingresó a ninguno de los dos canjes”.
El documento denuncia el intento de amenazar el cumplimiento por parte de Argentina de su deuda performing que se deriva de la aplicación de la orden de Griesa. También hace hincapié en el “ataque a la soberanía que representa el desconocimiento de las leyes sancionadas por el Congreso con el consenso de la mayoría de las fuerzas con representación parlamentaria”.
Lorenzino consideró que el fallo es “absolutamente irracional y contrario a derecho”, y dijo esperar tener una respuesta de la Cámara, “porque el fallo de Griesa es irrazonable”.
“Griesa se arroga derechos sobre los terceros que intervienen en el pago y que están basados en cualquier lugar del mundo”, dijo el ministro en referencia a la posibilidad de que se embarguen los depósitos que Argentina debe hacer al resto de los tenedores de bonos en diciembre.
Lorenzino señaló la necesidad de que la medida dictada por Griesa esté suspendida para que la Argentina “pueda cumplir con el pago del 15 de diciembre próximo a los bonistas que entraron en el canje como ha venido haciendo” desde la reestructuración de la deuda.
El funcionario indicó que “la presentación argentina incluye una moción de celeridad, por lo que esperamos que en los próximos dos o tres días tengamos una respuesta de la Cámara y podamos atender los pagos sin ningún problema”.
Al referirse a la eventual reapertura de la denominada Ley Cerrojo, dictada por el Congreso tras habilitar el canje de 2010, señaló que “la presentación argentina al atacar la irrazonabilidad de la pseudo propuesta de la aplicación de la cláusula de pari passu, dice algo claramente distinto”.
Si la disposición de Griesa hubiera estado en línea “con la norma dictada por el Congreso en 2010, que contempló condiciones menos ventajosas que las acordadas con los bonistas que entraron al canje en 2005, de alguna manera tendría en términos del derecho interno de Argentina los visos de razonabilidad necesarios que hicieran que el Congreso pudiera debatir alguna propuesta en ese sentido”, concluyó.
