A propósito de la polémica generada por los dichos de la presidenta de la Nación en torno a los juicios de jubilados al Estado, la diputada porteña y especialista en cuestiones previsionales María América González estimó que por su actitud, los costos para el Gobierno se han incrementado enormemente.

“Si bien es de larga data (desde los comienzos de los años 90) y si el Gobierno hubiese adherido a la sugerencia que le hizo la Corte Suprema de Justicia, en el segundo fallo Badaro, de generalizar la aplicación de las movilidades adeudadas y en tal sentido recomponer el haber de las jubilaciones, esos costos hubieran sido de unos 9.000 millones de pesos por esos tiempos. En cambio, hoy, asciende a unos 40.000 millones”, declaró la legisladora porteña.

La diputada de Buenos Aires para Todos sostuvo que “con su negación soberbia, no sólo el Gobierno incrementa el costo de dicha deuda, sino que también hace crecer la litigiosidad”. Asimismo, “al desobedecer a su compromiso ante la OEA de no apelar las sentencias favorables a los beneficiarios, colabora no sólo con mantener la vigencia, sino también la aplicabilidad más plena de la nefasta Ley de Solidaridad Previsional, creada por Domingo Felipe Cavallo”.