Sin dificultades, el Frente para la Victoria habilitó la sesión con 132 diputados y sancionó con 131 votos el memorando de entendimiento con el país islámico para esclarecer el atentado a la mutual judía. La oposición cuestionó las facultades de la Comisión de la Verdad que crea el tratado y planteó sus sospechas por los vínculos internacionales de nuestro país. Los legisladores que dieron quórum.
Sin sobresaltos para reunir el quórum, el Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados logró sancionar el acuerdo suscrito entre Argentina e Irán que crea una Comisión de la Verdad para analizar lo actuado en la causa AMIA y habilita a las autoridades judiciales argentinas a interrogar en Teherán a cinco de los imputados por el atentado a la mutual judía.
A la hora de votar, el oficialismo reunió, con la ayuda de sus bloqueas aliados, 131 votos. Los rechazos sumaron 113, todos de bloques opositores, que se negaron a dar quórum y hasta barajaban la posibilidad de retirarse del recinto una vez terminado el debate. Con la ratificación parlamentaria, el texto adquiere rango de tratado con jerarquía superior a las leyes.
La sanción se produjo luego de una maratónica sesión de casi 14 horas, en las que el kirchnerismo ratificó el objetivo de la búsqueda de verdad y justicia sobre el atentado perpetrado el 18 de julio de 1994, mientras que la oposición reiteró el rechazo a la “cesión de soberanía” que supone el acuerdo, al que muchos diputados tildaron de “inconstitucional”.
El acuerdo fue duramente resistido por la dirigencia de la AMIA, la DAIA y APEMIA –que protestó frente al Congreso-. Respaldaron la iniciativa oficial Memoria Activa y la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del atentado a la AMIA, representada por Sergio Burstein, quien siguió atento el debate desde un palco.
El debate
“Todas las elucubraciones que se han hecho sobre el cambio de posicionamiento de la Argentina en el plano internacional no tienen ningún tipo de asidero”, retrucó el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, quien indicó que la flamante ley “profundiza” la búsqueda de verdad y justicia en la causa AMIA.
El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona (FpV), remarcó que el tratado representa “un viejo anhelo de Argentina de que los imputados iraníes sean interrogados por la Justicia argentina”.
En tanto, el titular de la bancada radical, Ricardo Gil Lavedra, alertó sobre la “vaguedad” del texto y advirtió que “puede traer consecuencias gravísimas para la causa”. “No tenemos a ninguno de los imputados en condiciones de ser sometido a la Justicia argentina”, recordó.
Del mismo modo, su par Ricardo Alfonsín apuntó que el memorando “no expresa el pensamiento de la gran mayoría de los ciudadanos, de las familias, de los partidos opositores, de las instituciones DAIA y AMIA”.
Por la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió sostuvo que nuestro país “va a ser más débil para el resto de la comunidad mundial a partir de este acuerdo”.
El peronista disidente Eduardo Amadeo consideró que el tratado se inscribe en el marco de la “relación fiel” entre Argentina y Venezuela, mientras que su par Graciela Camaño alertó que la Constitución “no autoriza la delegación de la soberanía nacional ni de competencia y jurisdicción dentro del esquema de tratados de derechos humanos”.
El macrista Pablo Tonelli acusó al Gobierno de “entrometerse” en el Poder Judicial al permitir que la Comisión de la Verdad se involucre en la investigación. A su vez, aseguró que “los imputados van a estar libres de las ordenes de captura de Interpol y van a circular libres por el mundo”. “Es imposible que se indague a los acusados. Le mienten al pueblo argentino”, acotó Laura Alonso.
Margarita Stolbizer, del GEN, denunció que el kirchnerismo somete la causa AMIA a una “necesidad financiera y electoral”, y su par del FAP, el socialista Juan Carlos Zabalza, sostuvo que, por las dudas que genera el acuerdo, “sólo puede llevarnos a prolongar la impunidad”.
“Si se cumple el memorándum, el Gobierno argentino propiciará un escenario para que Irán diga a la comunidad internacional que no tiene nada que ver con lo ocurrido”, consideró el presidente del bloque Unidad Popular, Claudio Lozano.
Casualmente, uno de los más duros fue un aliado K: Felipe Solá, quien esta vez no acompañó al oficialismo y tildó de “tibio” al canciller Héctor Timerman por el entendimiento alcanzado con el país islámico “después de tantos meses” de negociación.
Otro que se diferenció del kirchnerismo fue Jorge Yoma, para quien el tratado “desconoce el derecho de las victimas a participar en todo el proceso penal” y, más aún, “no garantiza la justicia”. En tanto, Fernando “Pino” Solanas (Proyecto Sur) pidió, a través de un proyecto de ley, desclasificar todos los archivos secretos de la SIDE que tengan que ver con la causa AMIA.
El quórum
La reunión comenzó a las 12.25 con la presencia de 132 legisladores del kirchnerismo y sus bloques aliados, aunque según Agustín Rossi, contaban con cinco más de refuerzo. Como estaba previsto, la oposición se sumó luego y no pudo impedir el inicio de la sesión.
Para evitarse sorpresas, el oficialismo recurrió a una férrea disciplina y a una polémica maniobra con antecedentes en la historia parlamentaria: con el propósito de reasumir en sus bancas y garantizar el quórum (129), Beatriz Mirkin renunció como ministra de Desarrollo Social de Tucumán y Carlos Eliceche retiró el pedido de licencia para comandar el Gabinete ejecutivo de Chubut. Como el pleno de la Cámara no había autorizado los pedidos, el kirchnerismo aseguró que la maniobra es legal.
Tres diputados que reportan al bloque K pero que ya no responden al Gobierno nacional no se sentaron para habilitar la sesión: fueron el riojano Jorge Yoma; y Facundo Moyano y Omar Plaini, alineados en la CGT opositora. La esposa del gobernador de Santa Cruz, Blanca Blanco, sorprendió con su presencia.
El acuerdo
El memorando de entendimiento entre Argentina e Irán consta de nueve artículos y fue suscrito el 27 de enero en Etiopía entre los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países, Héctor Timerman y Ali-Akbar Salehi.
En el mensaje que acompañó el proyecto sancionado, el Poder Ejecutivo aludió a la necesidad de reactivar la investigación judicial por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires el 18 de julio de 1994.
El acuerdo habilita a las autoridades judiciales argentinas a “interrogar” en Teherán a los cinco imputados iraníes sobre los que pesan órdenes de captura internacional, acusados de estar vinculados con el ataque. Empero, el texto no aclara si se trata de una declaración indagatoria, como tampoco especifica si ésta se hará bajo las normas procesales argentinas.
Además, dispone la creación de una Comisión de la Verdad integrada por cinco juristas internacionales que podrán alanzar toda la documentación en manos de los jueces y dar recomendaciones sobre el desenvolvimiento de la causa a través de un informe “no vinculante”.
Pese a que la oposición cuestionó las facultades otorgadas a estos juristas, Timerman aclaró en su visita al Congreso que “la comisión no viene a sustituir ninguna de las instancias judiciales”.
