El kirchnerista Oscar Albrieu propone incorporar el delito de genocidio al Código Penal e incluir a los “grupos políticos” entre los colectivos protegidos por la legislación.
El presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Oscar Albrieu, presentó un proyecto para incorporar la figura del genocidio al Código Penal y contemplar particularmente los casos de “persecución política”.
La iniciativa pretende sanción con prisión perpetua al que “con la finalidad de destruir total o parcialmente a un grupo en razón de su nacionalidad, etnia, raza, religión o pertenencia política”, perpetrara alguno de los siguientes hechos: “a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo”.
El diputado del Frente para la Victoria explicó que aunque la Convención sobre Prevención y Castigo del Crimen de Genocidio de 1956 posee jerarquía constitucional, nunca se cumplió con la obligación de establecer “sanciones penales eficaces” para castigar a las personas culpables del genocidio.
Y advirtió que “aunque el concepto no es desconocido para nuestros tribunales, la ausencia de una norma típica dentro de nuestra legislación represiva puede hacer que el hecho en cuestión quede supeditado a la interpretación de turno”.
En esta línea, Albrieu reconoció que para algunas opiniones esta omisión fue salvada con la Ley 23.592 de 1988 que eleva la escala penal de todo delito cometido por persecución u odio a una raza, religión o nacionalidad.
Sin embargo, aseguró que “esta construcción conduce a soluciones poco satisfactorias”. “En primer lugar, las escalas penales resultan en algunos casos insuficientes. En segundo lugar, algunas de la formas comisivas no resultan fácilmente subsumibles en figura alguna de nuestra ordenamiento penal, como es el caso de ‘la lesión a la integridad mental’. Y en tercer lugar, queda subsistente la discusión acerca de la inclusión de los grupos políticos entre los colectivos protegidos por la norma penal”, explicó el rionegrino.
Su proyecto incluye expresamente los grupos políticos que fueron excluidos en el texto de la Convención. “El agregado respecto a la persecución ‘política’ tiene para nuestro país y nuestra historia un significado determinante”, consideró Albrieu.
