El diputado nacional Bernardo Biella participó de un encuentro organizado por el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia a fin de conocer la postura de los legisladores nacionales salteños sobre la reforma judicial que impulsa el Gobierno nacional.

Biella aprovechó la presencia en Salta del diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Manuel Garrido, a quien invitó también por ser miembro informante del bloque de la UCR, a participar del debate esclarecedor donde expusieron los motivos de su voto a favor de la independencia judicial que se pretende avasallar con este paquete de proyectos.

Respecto a los proyectos aprobados durante la semana en la Cámara de Diputados, destacaron que se trata de una cortina de humo cuya finalidad esencial es el manejo del Poder Judicial. Como ejemplo de ello presentaron “la pretendida publicación de declaraciones juradas patrimoniales, que se traduce -dijeron- en el simple cambio de formulario por uno superficial y que reduce el nivel de información”. De esta forma se eliminan detalles de las actuales declaraciones juradas que se presentan actualmente. “Posiblemente, esto deriva de la intolerancia de la presidente a la publicación anual en los diarios sobre su incremento patrimonial” destacaron los legisladores.

Sobre el ingreso mediante el procedimiento de concurso público, señalaron que se trata de “una hipocresía del Gobierno que pretende imponerlo para el Poder Judicial y no así al resto de los poderes” ya que “para ingresar al Ejecutivo alcanza con pertenecer a La Cámpora y para el Legislativo, hace falta un vínculo con Amado Boudou, por ejemplo”.

Los legisladores destacaron que “nos venden la promoción de la transparencia judicial y suprimen la Comisión de Etica Publica que nunca llegó a conformarse. Ahora se le da un plumazo sin reemplazarla y suprimiendo una vez más un órgano de control”.

Sobre los proyectos a debatir esta semana girados desde el Senado, destacaron que la iniciativa central de este paquete es conseguir la mayoría de consejeros y mayoría simple para poder nombrar y remover jueces. “Se busca brindar más poder al Ejecutivo Nacional, ya que los concursos van a ser realizados por los consejeros que va a manejar el Ejecutivo”, dijeron.

“Se trata de un andamiaje que permite avanzar sobre el Poder Judicial. Significa que para cualquiera que litigue contra el gobierno va a estar sujeto a que el juez que intervenga va a tener en mente que si falla contra el Gobierno es posible que lo saquen porque con la simple mayoría lo van a poder remover”, destacaron.

Sobre la partidización de los integrantes del Consejo de la Magistratura, explicaron que si bien los aspirantes no se van a tener que afiliar, van a aparecer en la boleta de un partido político mediante una lista sábana. Que se extienda la composición a otras profesiones, poco importa, ya que van a ingresar dependiendo de una lista partidaria y no por otro factor.

Acerca de las cautelares, destacaron los legisladores que ponerles un tope de seis meses sin introducir modificación en los procesos para acelerarlas “es una medida ilusoria”. Expresaron en ese sentido que “se suprime la protección de cualquier derecho que puede verse afectado por una decisión. Es un recorte de derechos que se vende como democratización”.

Los diputados nacionales Bernardo Biella y Manuel Garrido remarcaron que el contenido central de esta reforma no es la reforma integral del Poder Judicial solicitada por la misma justicia y la ciudadanía en general, ya que está alejada de la oralidad, celeridad y desburocratización. En realidad “se trata de respuestas a problemas o sinsabores que tuvo la presidente con alguna cuestión en particular”.