La semana que viene asistirán el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y el ministro de Justicia, Julio Alak. Así lo determinó este jueves la Comisión Bicameral. La oposición cuestionó el “apuro” del oficialismo para alzarse con la reforma antes de la renovación parlamentaria.
Los bloques que integran la Comisión Bicameral encargada de analizar la actualización y unificación del Código Civil y Comercial presentaron este jueves sus “pre-dictámenes” y acordaron escuchar la semana que viene a los integrantes de las comisiones que redactaron y revisaron el anteproyecto.
La Bicameral, presidida por el senador Marcelo Fuentes (FpV-Neuquén) pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, cuando serán convocados los juristas de la comisión revisora, entre ellos el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak.
En tanto, para el martes se espera la presencia del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci, quienes integraron la comisión redactora del anteproyecto.
La intención del oficialismo para ambas jornadas es detallar los cambios que sufrió el texto con respecto al original –no fueron demasiados- y debatirlos con el resto de las bloques.
Si bien el oficialismo negó un “apuro” para sancionar la reforma, desde la oposición exigieron “tiempo suficiente” para analizar el “pre-dictamen” del Frente para la Victoria. Lo cierto es que el dictamen no caerá con la renovación parlamentaria, el 10 de diciembre, aunque el plazo para emitirlo vence el próximo 20 de noviembre.
En este contexto, el Frente para la Victoria intentaría alcanzar lo más pronto posible la media sanción en el Senado, y no descarta la posibilidad de que el Ejecutivo prorrogue las sesiones ordinarias para la sanción definitiva, o que en todo caso convoque a extraordinarias para el año próximo.
“No vamos a avalar ningún cronograma de debate que nos apure”, sentenció el senador Ernesto Sanz (UCR-Mendoza). La diputada Graciela Camaño (Frente Renovador) coincidió en que “hay un apuro del oficialismo para tratar (el proyecto) desde ahora hasta que se rearme el Congreso”, cuando el kirchnerismo tendrá una mayoría más ajustada.
El oficialismo desestimó las acusaciones. “No nos apura nadie”, aseguró el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Un dato no menor: el artículo 7 del borrador del kirchnerismo indica que el nuevo Código entrará en vigencia en enero de 2016.
El titular del bloque radical en Diputados, Ricardo Gil Lavedra, informó que la UCR también tiene su borrador de dictamen y pidió “tratar de llegar a la mayor cantidad de acuerdos posibles”. Del mismo modo, el macrista Pablo Tonelli reclamó “armar un dictamen consensuado”.
Más dura, la diputada Liliana Parada, de Unidad Popular, consideró que “los avances que han tenido la jurisprudencia y las organizaciones sociales no están reflejados en el Código” propuesto por el Poder Ejecutivo.
Ante las quejas de la oposición sobre la inactividad de la Bicameral, que se reunió por última vez en marzo, Fuentes negó que “se haya cortado el debate”, que continuó en asesores. “Preveíamos que en el período electoral ninguno iba a querer que la Bicameral continúe”, añadió la diputada Diana Conti (FpV).
El Código Civil actual, obra del abogado Dalmacio Vélez Sarsfield, fue aprobado a libro cerrado hace más de un siglo -143 años-.
En febrero de 2011, el decreto presidencial 191 creó la comisión redactora que elaboró el anteproyecto de ley. Ese texto fue revisado por el Poder Ejecutivo, que le introdujo cambios, y enviado al Congreso para su análisis en la Comisión Bicameral.
El anteproyecto fue anunciado el 27 de marzo del año pasado por la propia presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, junto a Ricardo Lorenzetti.
A lo largo de todo el año pasado, la Bicameral recorrió el país con una serie de audiencias públicas donde numerosos actores de la sociedad civil aportaron sus opiniones sobre el proyecto.
“El trabajo de esta Bicameral ha sido arduo, esforzado”, destacó Conti, y Domínguez agregó: “Es un proyecto que no tiene titularidad, es de un cuerpo de juristas, nadie puede decir que es el Código de la presidenta”.
Entre otras cosas, la iniciativa contiene cambios en materia de matrimonio, divorcio, reproducción humana asistida, adopción, propiedad comunitaria indígena, sociedades de un solo socio y derechos personalísimos.
