Diana Conti insiste con una bicameral que analice informes de los fiscales y reciba “observaciones” por parte de la sociedad civil. Legisladores de distintos bloques piden organismos parlamentarios que trabajen en la “equidad de género”, y un grupo de kirchneristas quiere una bicameral de “protección” a las comunidades originarias y al Acuífero Guaraní.
Una vez abierto el período legislativo, y mientras se avanza en la constitución de las comisiones permanentes, un grupo de legisladores presentó una batería de proyectos para crear nuevos grupos de trabajo en el seno del Congreso de la Nación.
Entre las propuestas se destacan la creación de una comisión bicameral para analizar informes de los fiscales, la conformación de organismos parlamentarios para garantizar la equidad de género, y la constitución de comisiones para “proteger” a los pueblos originarios y al Acuífero Guaraní.
Seguimiento a la actividad de los fiscales
Tal es el caso de Diana Conti -ratificada al frente de Asuntos Constitucionales-, que volvió a insistir con la creación de una “Comisión Bicameral de relación con el Ministerio Público”, exigida por la ley 24.946 de 1998.
De acuerdo a esta norma, corresponde a la Procuraduría “elevar al Poder legislativo, por medio de la comisión bicameral, la opinión del Ministerio Público Fiscal acerca de la conveniencia de determinadas reformas legislativas”. En tal sentido, la legisladora kirchnerista quiere que la bicameral analice dichos informes y reciba “observaciones” sobre el trabajo de los fiscales por parte de la sociedad civil.
Además, la comisión podría “convocar a los titulares del Ministerio Público para tratar temas vinculados al contenido del informe anual, a asuntos de política criminal y de administración de justicia en general, manteniendo una relación permanente de diálogo y coordinación”.
La propuesta de Conti obtuvo media sanción en 2004 cuando era senadora nacional. “Habiendo transcurrido un plazo por demás extenso desde la aprobación de la resolución que propusiera la conformación de esta Comisión Bicameral de relación institucional, aún sigue resultando un imperativo legal que se constituya sin demora”, subrayó al respecto.
“Las funciones de la comisión bicameral son múltiples y su ausencia implica la no realización de actividades institucionales de comunicación y de información que fortalecen a la República. Es fundamental que la Comisión Bicameral, al recibir los informes anuales tanto del Ministerio Público Fiscal como del Ministerio Público de la Defensa, los hagan públicos, para luego, permitir la presentación de observaciones por parte de la sociedad civil. Es importante que esta comisión funcione de manera permanente; de este modo se constituirá en un canal para recibir información, aportes y sugerencias tanto del Ministerio Público, como así también de otros sectores involucrados e interesados, pudiendo contar así con capacidad propia de evaluación”, dice Conti entre los fundamentos del proyecto.
Organismos para la equidad de género
Por otro lado, diputados de todo el arco político propusieron crear organismos enfocados en temáticas de género. Uno de los proyectos establece la creación de una bicameral “de Empoderamiento de las Mujeres” que asesore y reciba consultas sobre la elaboración de políticas públicas que “promuevan el empoderamiento de las mujeres en los distintos ámbitos políticos, económicos y sociales”.
La iniciativa lleva las firmas de Virginia Linares, Margarita Stolbizer, Fabián Peralta (Gen-FAP), Ramona Pucheta (FIS), Manuel Garrido (UCR), Araceli Ferreyra (FpV), Gladys González (Pro) y Claudio Lozano (UP).
La bicameral podrá “proponer la incorporación de la perspectiva de género en las iniciativas legislativas”, velar por el cumplimiento de normas “a favor de los derechos de las mujeres y las niñas en el futuro”, así como “monitorear las políticas públicas implementadas por el Consejo Nacional de las Mujeres a fin de analizar los avances y las dificultades halladas en su implementación tomando en cuenta la ejecución del presupuesto asignado a este organismo público”.
También podrá elaborar junto a organizaciones civiles una agenda parlamentaria de actividades que tenga como finalidad “la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en todas sus dimensiones”.
Otra de las iniciativas sobre equidad de género corresponde a Diana Conti, quien propone crear, en el ámbito del Parlamento, de una Defensoría de la Equidad de Género que tenga por objeto “velar por la promoción y protección de los derechos de las mujeres, la prevención de su violación y la defensa activa ante su vulneración a fin de lograr la igualdad de oportunidades y trato”.
Dicha Defensoría podrá “promover acciones judiciales y administrativas” sobre cuestiones de género, “promover la recopilación de la información necesaria a efectos de evaluar el estado de situación y necesidades particulares de las mujeres” e investigar violaciones “a los derechos de reconocidos en la Constitución Nacional, las leyes y tratados internacionales, procurando promover las medidas o los mecanismos que permitan eliminar o corregir dichas violaciones”.
También podrá “formular advertencias sobre de los deberes legales y funcionales, sugerencias para la adopción de nuevas medidas y emitir opinión sobre el fondo del asunto con recomendación, si fuere el caso, a las autoridades competentes y recomendar modificaciones a la legislación vigente”, así como “proponer la realización de campañas y promover el debate público sobre cuestiones que puedan afectar la igualdad entre los géneros”. A tal efecto, deberá establecerse un espacio en los medios masivos de comunicación.
De acuerdo al proyecto de Conti, el jefe de la Defensoría debería brindar informes a una comisión bicameral -creada para tal fin-, con detalles sobre el número y tipo de denuncias presentadas y sobre los “problemas y necesidades para lograr la igualdad entre mujeres y varones”.
Pueblos originarios
Mientras legisladores opositores y miembros de pueblos indigenas vienen denunciando en el Congreso “ataques” de gobiernos provinciales y el desinterés de la Casa Rosada sobre sus reclamos, un grupo de diputados kirchneristas pidió por la conformación de una “Comisión Bicameral de Protección de Comunidades de Pueblos Originarios” de todo el país.
De acuerdo al proyecto presentado por Julia Perie, Carlos Rubín y Araceli Ferreyra, la bicameral tendrá por objeto “la promoción, estudio, implementación y aplicación de la ley 23302, y de su decreto reglamentario, de Protección de Comunidades Aborígenes”.
Para eso se establece que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar ante la bicameral “informes semestrales respecto a la situación actual de comunidades indígenas y proponer e individualizar los problemas que los afecten”.
Los diputados del Frente para la Victoria sostuvieron que los pueblos indígenas “deben estar libres de toda forma de discriminación, ante el hecho de que han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización y enajenación de sus tierras, territorios y recursos, los que les ha impedido ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad de sus propias necesidades e intereses”.
Los mismos legisladores presentaron, por otro lado, una iniciativa para crear una bicameral que siga los estudios, programas, proyectos, y gestiones sobre el Acuífero Guaraní, ante la necesidad de preservar “la mayor reserva de agua subterránea” del mundo para la “explotación adecuada” de sus recursos. El acuífero pertenece a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.
