Todas las escuelas deberán contar con “acuerdos de convivencia”, elaborados en procesos comunitarios participativos y a partir de la promoción de la reflexión sobre el sentido de los límites y la aplicación de sanciones.
La provincia de Buenos Aires ya cuenta la ley “anti-bullying” reclamada desde diversos sectores vinculados a la formación de niños y jóvenes, al otorgar el senado por unanimidad la aprobación de un amplio proyecto al respecto, que ya tenía la media sanción de diputados y está promovido por el legislador bahiense Marcelo Feliú.
La propuesta, denominada de “Promoción de la convivencia y abordaje de la Conflictividad Social en las instituciones educativas de la Provincia de Buenos Aires”, asegura que todas las escuelas cuenten con “acuerdos de convivencia”, elaborados en procesos comunitarios participativos y a partir de la promoción de la reflexión sobre el sentido de los límites y la aplicación de sanciones.
“El respeto y la aceptación de las diferencias no se pueden imponer mediante ninguna ley, sino que parten desde una convicción moral que debe estar presente en la formación de una persona. Esta propuesta procura brindar una herramienta concreta para garantizarlos, junto con el rechazo a toda forma de discriminación, hostigamiento, violencia y exclusión, incluyendo las que se produzcan mediante entornos virtuales y otras tecnologías de información y comunicación, tal el caso de las redes sociales”, explicó el legislador, poco después de conocerse la noticia de este nuevo proyecto de su autoría que se convierte en ley con los más amplios consensos.
Entre otros elementos, para alcanzar sus objetivos, la norma compromete a los adultos en el abordaje de la conflictividad, crea el marco para brindar asistencia mediante una línea telefónica gratuita y una página web y promueve la realización de campañas publicitarias preventivas, tal como lo determine la reglamentación.
La Dirección General de Cultura y Educación diseñará una “Guía Orientadora” para establecer criterios normativos y distribución de responsabilidades, pero cada institución deberá promover sus propias estrategias para abordar conflictos.
“En su elaboración hemos podido comprobar que más allá de que en un territorio tan amplio como el bonaerense hay realidades muy diversas, a la hora de orientar la educación hacia criterios que eviten la discriminación y el maltrato físico y psicológico, hay muchos denominadores comunes en base a los cuales avanzar”, informó.
