Una iniciativa consensuada obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. A diferencia del texto avalado en la Cámara baja, la versión de los senadores prohíbe los despidos sólo por seis meses y no es retroactiva. El trabajador podría optar por la doble indemnización o pedir ser reincorporado mediante una acción sumarísima.
En paralelo a la Cámara de Diputados, la oposición logró avanzar en el Senado con un proyecto consensuado para declarar la emergencia en materia ocupacional por 180 días, como manera de frenar la ola de despidos tanto en el sector público como en el privado.
La iniciativa obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, con el respaldo de 9 de los 17 senadores que la integran, por parte del Frente para la Victoria, el PJ La Pampa, el Movimiento Popular Neuquino y el GEN.
El interbloque Cambiemos quedó en minoría y exigió escuchar primero al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, a funcionarios del gabinete económico y al sector empresarial, antes de firmar dictamen alguno.
Sin embargo, la oposición se impuso para firmar el dictamen de mayoría, consensuado entre propuestas de Daniel Lovera (PJ La Pampa), Mario Pais y Pedro Guastavino (FpV), el cual quedó en condiciones de ser tratado en el recinto.
Según explicó Pais, el proyecto –que responde a un pedido de las centrales sindicales durante su visita al Congreso- declara la emergencia ocupacional por seis meses, durante los cuales se prohíben los despidos tanto en el sector público nacional como en el privado.
La iniciativa le da al trabajador despedido la posibilidad de optar por la doble indemnización, o, en todo caso, iniciar un procedimiento sumarísimo para ser reincorporado.
Además, durante esos 180 días –que, en principio, no podrán ser prorrogados-, se debe producir la renovación automática de los contratos, y se invita a las provincias a adherir a la emergencia.
El radical Ángel Rozas llevó la voz cantante del interbloque Cambiemos y, aunque reconoció “no estar en desacuerdo” con debatir el proyecto, consideró que la visión de Triaca “no puede estar ausente” en la discusión.
“Hay datos que no tenemos oficialmente”, se sumó la jefa del bloque Pro, Laura Rodríguez Machado.
Pero la oposición apeló a la “urgencia” del tema y consideró que los invitados podrán exponer en el intervalo entre este miércoles y el debate en el recinto.
“Eso de convocar a expositores ‘in eternum’ se va ‘de patadas’ cuando cientos de trabajadores no llegan a fin de mes y están esperando a ver si les llega el telegrama de despido”, advirtió la santacruceña Virginia García (FpV).
En la misma línea, Marina Riofrío sostuvo que “no tenemos tiempo de hacer audiencias públicas” y recordó que “muy pocos senadores del oficialismo estuvieron presentes” en la reunión con las centrales obreras, hace aproximadamente 20 días.
Desde el FPV también le enrostraron a la alianza de gobierno su responsabilidad por los despidos. “Los despidos en la administración pública son producto de sus políticas”, dijo la catamarqueña Inés Blas, mientras que la sanjuanina Marina Riofrío alertó que “el Ministerio de Trabajo ha avalado esta metodología y tiene que explicar por qué”.
Desde el Pro, Federico Pinedo rechazó el argumento de la oposición. “Uno escucha primero lo que opinan los demás y luego toma decisiones”, opinó.
Asimismo, avizoró que “se vienen obras de inversión pública y privada que van a generar millones de puestos de trabajo”, y enfatizó que la emergencia ocupacional “no es el mecanismo” para lograr ese fin.
Por el MPN, Guillermo Pereyra manifestó su acompañamiento al dictamen de mayoría. “Que vengan todos los funcionarios que tienen que venir, pero nosotros tenemos que avanzar”, aseguró, tras referirse a la situación del sector hidrocarburífero.
Por su parte, Roberto Basualdo –quien pidió sumar la opinión de las pymes- propuso “avanzar con un proyecto integral para generar fuentes de trabajo” además de prohibir los despidos.
En este sentido, el peronista sanjuanino pidió que durante los 180 días de la emergencia también se establezca que el período de prueba para el trabajador no sea de tres meses, sino de un año.
Magdalena Odarda, de la Coalición Cívica, firmó un dictamen propio con modificaciones con respecto a los contratos laborales, a diferencia de Jaime Linares (GEN), quien acompañó el dictamen de mayoría.
Por último, la kirchnerista Sandra Giménez –quien no integra la comisión- propuso que la emergencia sea retroactiva al 10 de diciembre de 2015, cuando Mauricio Macri asumió como presidente de la Nación.
