El proyecto presentado por el Gobierno mendocino busca disminuir los índices de reincidencia proponiendo que los presos financien los gastos que le generan al Estado e indemnicen a víctimas de delitos.
Legisladores de Mendoza analizan el proyecto presentado por el gobierno provincial para que las personas privadas de libertad trabajen en las cárceles, para financiar los gastos que demandan al Estado y puedan indemnizar a la víctima.
Trabajo, educación y capacitación son los tres ejes que promueve el gobierno de Alfredo Cornejo para conseguir disminuir los índices de reincidencia de quienes están privados de libertad.
“El privado de libertad deberá financiar los gastos que su estancia demande y trabajar para indemnizar a la víctima”, explicó el ministro de Seguridad Gianni Venier.
Se trata del proyecto de ley sobre la reforma del Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la provincia de Mendoza, Ley 8.465, que promueve que los presos trabajen y se capaciten para conseguir disminuir los índices de reincidencia.
A cada persona privada de la libertad se le provee alimento diario y regular, atención médica, vestimenta, una cama, servicios, sin contraprestación obligatoria a la sociedad, por lo cual cada preso le cuesta al Estado $20.000 mensuales. “La idea es que de a poco comiencen a achicarse esos costos”, detalló Venier.
El proyecto, anticipado por el gobernador el 1 de mayo durante la apertura de Sesiones Ordinarias, ya tomó estado parlamentario y fue girado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para su evaluación.
Venier explicó que la norma plantea evitar la reincidencia y que los presos acostumbrados al sistema garantista, asuman la responsabilidad real de comprender que han cometido delitos contra los ciudadanos.
“Deberíamos encontrar una solución y empezar a evitar esto de que las cárceles son lugares de creación de delitos”, dijo el ministro, quien consideró que “los espacios de inactividad total por parte de las personas que están condenadas promueven el delito, la inseguridad interna y crea delitos para aquellos que ingresan por primera vez al sistema”.
Para evitar este tipo de situaciones, desde el Ejecutivo proponen imponer a los condenados que deban trabajar a diario, realizando labores propias para manejar su entorno.
El ministro de Seguridad además informó que dicho trabajo se alía con la modificación total del Sistema de Ejecución Provincial de la Condena, ya que las personas privadas de la libertad, desde la mitad de la condena efectiva en adelante, pueden pedir beneficios para acortar su tiempo de duración, beneficio que está regulado por el Código Penal y también por la Ley de Ejecución.
