En una reunión de la Comisión de Derechos Humanos, la izquierda y Libres del Sur respaldaron un proyecto de la CTA Autónoma y Liberpueblo para extinguir la pena o la acción penal en las causas contra manifestantes.
En una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Frente de Izquierda (FIT) y Libres del Sur se comprometieron a reimpulsar un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social, que busca extinguir la pena o la acción penal en las causas contra manifestantes.
La iniciativa, que consta de 11 artículos, fue elaborada por el Observatorio de Derecho Social de la CTA-Autónoma y la asociación Liberpueblo, y cuenta además con el acompañamiento de representantes de organismos de Derechos Humanos, entre ellos Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, quien participó de la audiencia.
“Protestar y reclamar es un derecho humano fundamental”, sostuvo Ricardo Peidró, secretario adjunto de la central gremial que dirige Pablo Micheli, quien aprovechó además para apuntar al rol del Estado en el caso del joven desaparecido Santiago Maldonado.
El diputado Pablo López, del Partido Obrero, criticó a su vez un proyecto presentado hace días por su par Pedro Pretto (Pro) para que las personas que protesten encapuchadas o portando elementos tales como palos, sean detenidas.
“Buscan coartar el principal derecho que tienen los trabajadores”, se quejó López durante la reunión, presidida por Victoria Donda.
En tanto, Verónica Quinteros, abogada de Liberpueblo y asesora legal de la CTA Autónoma, advirtió que con el gobierno de Mauricio Macri “la agudización de la represión no va a cesar”.
El proyecto tiene como finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vía pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”, según indica el artículo primero.
Así, se dispone “la extinción de la pena o de la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo y finalidad de reivindicación social (…) cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión”.
Esa extinción no sólo se extiende a sanciones penales, sino también a sanciones de tipo disciplinarias, administrativas o contravencionales.
También se establece que “nadie podrá ser interrogado, investigado o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado” en la protesta.
En el artículo sexto se ordena que los magistrados de todo el país que intervengan en causas de este tipo “deberán ordenar de oficio y sin sustanciación la extinción de la acción penal o de la pena”.
En un plazo no mayor a 48 horas desde la publicación de la ley, los jueces deberían dictar “el sobreseimiento del imputado y -de encontrarse cumpliendo prisión preventiva- su inmediata libertad, en aquellos casos en que no hubiera sentencia firme-.
Los magistrados también deberían dictar “el cese de la condena y de todos sus efectos y la inmediata libertad del condenado, cuando existiera sentencia firme”, así como “la extinción de los antecedentes penales”.
