La diputada nacional del Partido Demócrata Progresista Ana Copes apoyó el proyecto que tiene como objetivo principal permitir que un fiscal investigue de oficio en casos de abuso sexual infantil. En la actualidad, en este tipo de casos se requiere necesariamente de una denuncia para comenzar una investigación.

La iniciativa fue presentada por la diputada por la Ciudad de Buenos Aires, Ana Carla Carrizo, y fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Legislación Penal. Ahora resta que sea tratada en el recinto. También fue muy importante el trabajo de Paula Watcher, directora ejecutiva de la Red Por la Infancia, que junto a otras organizaciones han luchado a lo largo de los años por los derechos de los niños.

Según se informa en el proyecto, las estadísticas indican que la gran mayoría de los abusos sexuales se dan dentro del espacio familiar, como también en instituciones, dificultando que se lleguen a radicar las denuncias correspondientes. Al respecto, Copes dijo que “hablamos de casos en los que los niños y niñas sufren abusos por parte de las personas que son responsables de su cuidado y de brindarles contención. Presuponer que deben en ese marco denunciar es una presuposición errada e injusta para con quienes crecen en una situación abusiva y de violencia al interior de su familia”. Con esta iniciativa, una persona que tenga indicios de que un menor está siendo abusado, tendrá la posibilidad de radicar la denuncia en la fiscalía, y el fiscal la obligación de investigar.

De esta manera, con este proyecto para Copes entiende que se viene a cumplir con los compromisos que la Argentina ha ratificado hace varios años, y se abandona definitivamente “el paradigma de la privacidad” bajo el cual se entendía que las situaciones de violencia al interior del ámbito familiar eran privativas de la familia y el Estado no tenía responsabilidad alguna.

Para la demócrata progresista, el nuevo paradigma que el proyecto receta es el de “la debida diligencia: el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar estas situaciones”, y profundiza al afirmar que “los casos de abuso sexual no pueden ser casos impunes, no puede presuponerse que los propios niños, niñas o adolescentes deban denunciar la violencia vivida para ser protegidos por el Estado. El Estado debe velar por su cuidado, debe garantizarles una vida libre de violencia, debe investigar estos casos y debe sancionar a los responsables. El proyecto permite que la justicia no se escude más en la falta de denuncias y avance en la investigación de estos casos”.