En el marco de las denuncias por abusos sexuales y distintas formas de agresión a la integridad sexual cometidas por personajes famosos, funcionarios de distintos poderes y niveles del Estado y el controvertido fallo absolutorio por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata, el Congreso de la Nación aprobó la “ley Micaela” que apunta a crear el “Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional en Género y Violencia contra las Mujeres”, con el objetivo de capacitar y sensibilizar en la temática a todos los funcionarios públicos. Desde Igualdad y Participación buscan que Santa Fe también adhiera a esta ley.

Al respecto, la autora de la iniciativa Silvia Augsburger señaló que la capacitación en género por parte del personal de Estado, de los tres poderes, es una demanda del movimiento de mujeres que lleva años: “Es necesario que las personas que toman decisiones y aplican políticas públicas puedan comprender que el modo en que varones y mujeres somos socializados determina roles diferenciados jerárquicamente, en el cual el rol femenino se construye subordinado al rol masculino. Y así, entender los estereotipos que obstaculizan la aplicación correcta de las leyes y en definitiva impiden la construcción de una nueva sociedad en donde el sexo no sea un criterio determinante para el acceso a los derechos y a las oportunidades en la vida”, manifestó la diputada Silvia Augsburger, autora de la iniciativa junto a su par Rubén Giustiniani.

El proyecto “Capacitación obligatoria en perspectiva de género”, plantea que las personas que ocupen cargos jerárquicos o de dirección- cualquiera sea la forma de designación- en el Poder Ejecutivo; cargos de representación en el Poder Legislativo o desempeñen tareas de asesoramiento técnico en ese ámbito; cargos a partir del rango de secretario en el Poder Judicial; cargos a partir de Defensor Adjunto en el Servicio Público de la Defensa Penal ; o cargos a partir de Fiscal Adjunto en el Ministerio Público de la Acusación deberán acreditar formación en perspectiva de género. Establece además, que el Estado deberá garantizar esta formación dictándola por sí mismo o a través de convenios con instituciones.

La iniciativa plantea que la formación en perspectiva de género incluya como contenido mínimo la legislación provincial, nacional y las convenciones internacionales en las que Argentina sea parte, que guarden relación con la temática, y también la comprensión del fenómeno de los estereotipos y discriminaciones de género, por orientación sexual o identidad de género y la particular forma en que se expresan o impactan en cada área específica.

“Es necesario dar respuesta ya al reclamo social expresado en el Ni Una Menos, en el Vivas Nos Queremos, y en el más reciente #MiraComoNosPonemos. Nuestra iniciativa busca producir un impacto a corto plazo hacia el interior de las estructuras burocráticas, una toma de conciencia masiva de las y los agentes del Estado acerca de la gravedad que significa una mujer muerta cada treinta horas en Argentina y la urgencia de cambio para empezar a revertir esta realidad que ya no se tolera más”, finalizó la legisladora.