El diputado nacional Nicolás del Caño (PTS-FIT) dio a conocer algunas de las preguntas que desde su bloque le enviaron al ministro de Economía, Martín Guzmán, quien asistirá este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados.

Además, adelantó que se unirá a la marcha que se llevará afuera del Congreso en rechazo a la llegada del FMI. “Nos movilizaremos en una marcha alternativa a la de las organizaciones oficialistas para enfrentar el saqueo de la deuda, porque es imposible pagarla sin ajustar a las mayorías populares ni meterles la mano en el bolsillo otra vez a los jubilados”, sostuvo.

Algunas de las preguntas del PTS-FIT:

1 – En relación a la mal llamada “ley de solidaridad” que suspendió por 6 meses la movilidad jubilatoria, distintas fuentes periodísticas hablan de un “ahorro” fiscal de entre 50.000 y 100.000 millones de pesos, que saldrían de los haberes de jubilados y jubiladas que ganan “la friolera” de más de 21.000 pesos, como si fueran privilegiados/as. En las negociaciones que se están desarrollando con el FMI y el resto de los acreedores, ¿se pone como condición este ajuste para una eventual reestructuración de la deuda? La fórmula suspendida habría arrojado un aumento de las jubilaciones de 11,56 % para todos los jubilados y jubiladas en marzo: ¿qué incremento preciso prevén aplicar a los haberes de, por ejemplo, 30.000 pesos en reemplazo del establecido por la ley anterior?

2 – La vicepresidenta de la nación sostuvo en la ciudad de La Habana, Cuba, el sábado pasado que el acuerdo con el FMI realizado por el Gobierno de Mauricio Macri era “ilegal”. ¿Qué opina el ministro Guzmán sobre esta apreciación? En el caso de coincidir con la vicepresidenta, ¿cómo explica que se esté negociando con el FMI en vez de repudiar y declarar nulo ese acuerdo ilegal contra los intereses de la nación?

3 – Trabajadores y trabajadoras de la administración pública nacional perdieron el 23 % de su salario real durante los cuatros años de Gobierno de Macri. Contemplando esta enorme pérdida, ¿qué nivel de incremento de salarios nominal y real consideran otorgarle a la administración pública nacional este año?

4 – El periodista Alejandro Bercovich señaló en una columna periodística que “durante casi dos años eran ellos (los fondos) quienes les pedían más títulos desde sus rascacielos con vista a Ellis Island. Casi como si se tratara de un delivery, según confesó en Puerto Madero el enviado de uno de esos fondos: cada vez que precisaban colocar un excedente de liquidez a determinado plazo y a alto interés, simplemente le pedían a Caputo que les armara un bono a medida” (BAE, 13/12/19). ¿Qué medidas ha tomado la cartera que usted encabeza para investigar lo actuado por este exfuncionario del Gobierno de Macri para analizar eventuales ilícitos y accionares en contra de los intereses del Estado, que podrían llevar a declarar la nulidad de lo actuado y, por tanto, de los pasivos así generados?

5 – Sobre los créditos UVA, el presidente Alberto Fernández dijo en la campaña electoral que se trataban de una estafa y que él iba a solucionar el tema, que afecta a decenas de miles de familias. ¿Por qué si el Estado, modificando la legalidad previa, promovió esta estafa, se resolvió seguir sosteniendo las ganancias de los bancos en detrimento de los deudores hipotecarios y prendarios UVA, que han quedado librados a su suerte?

6 – ¿Por qué el Gobierno apunta a eliminar las “cláusulas gatillo” cuando no existe pauta inflacionaria oficial (y, si ya la tienen, quisiéramos sabe cuál es) y esta es la única forma que tienen los trabajadores para evitar seguir perdiendo su poder de compra frente a la inflación?

7 – ¿Cómo planean hacer el empalme entre la fórmula suspendida de movilidad y la nueva que presentarían en estos días? ¿Van a hacer como Macri que se robó un trimestre de aumento a los jubilados y jubiladas y con eso les confiscó 100.000 millones de pesos?

8 – De la deuda total que se proponen reestructurar, ¿pueden detallar qué porcentaje está en manos de fondos de inversión, detallar los nombres de esos fondos y qué tipo de bonos poseen?

9 – La deuda con el Club de París no solo fue tomada mayoritariamente durante Gobiernos militares, sino que tiene un alto componente de deuda de empresas privadas ilegalmente estatizada. En un acuerdo totalmente desventajoso para nuestro país firmado por el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, la deuda creció de cinco mil millones de dólares a 9.600 millones. ¿Por qué el Gobierno insiste en reconocer esta deuda ilegal y fraudulenta?

10 – En el derecho internacional se considera deuda odiosa a aquellas deudas tomadas de manera ilegítima y en contra de los intereses del pueblo, no solamente por Gobiernos dictatoriales, sino también por Gobiernos constitucionales, y asimismo con pleno conocimiento de los acreedores de ese perjuicio, de lo que se han valido varios Estados en el siglo XIX, XX y XXI para desconocerlas. ¿Por qué si la deuda argentina entra plenamente en esta categoría el Gobierno argentino se niega a considerarla como deuda odiosa, lo que implicaría su repudio soberano y evitar que continúe esta estafa sobre el pueblo?