Fuertes críticas de los diputados nacionales del radicalismo recibió la decisión del presidente Alberto Fernández de derogar la Agencia Nacional de Protección de Testigos e Imputados, a través del decreto 168/2020, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

“Cada decisión del Gobierno está pensada con una sola y lamentable finalidad: perpetuar la impunidad. Quieren callar y dejar desprotegidos a quienes se animaron a denunciar la estructura de corrupción K. No podemos cambiar las reglas de juego según el gobierno de turno, sino establecer bases sólidas para combatir la corrupción”, afirmó Gabriela Burgos, presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja hasta diciembre último.

Por su parte, el porteño Álvaro De Lamadrid consideró que “es un gravísimo atentado contra la Justicia y la República”, ya que “se procura avanzar con la tarea de clausurar las gravísimas causas de corrupción pendientes en la Justicia de la vicepresidenta Cristina Fernández y, a la vez, diseñar un traje a medida, para que de aquí en adelante, nadie se atreva a denunciar al poder”.

“Esta derogación tiene consecuencias directas en las causas que investigan hechos de corrupción. El decreto tiene una insuficiente justificación: cuestiona que la Agencia fue creada por DNU, alude a un comentario de la Cámara de Casación Penal que manifestó preocupación por la compatibilidad con sus funciones y critica el momento de su dictado. Casi infundado”, explicó a su vez Luis Petri.

Carla Carrizo calificó la decisión como “lamentable” y se preguntó: “¿Qué seguridad le podemos dar a los testigos de corrupción si quedan bajo la ‘protección’ de los funcionarios a quienes pudieron haber denunciado? Estamos frente a otra oportunidad perdida para jerarquizar la política anticorrupción”.

El formoseño Ricardo Buryaile, en tanto, sostuvo que “para luchar contra la corrupción es fundamental trabajar en generar mecanismos institucionales para combatirla. Derogar un decreto que protege a los testigos de casos de corrupción más que combatirla es defenderla”.

Por último, Karina Banfi opinó que el decreto es “otro lamentable retroceso en todo lo que avanzamos en el gobierno de Juntos por el Cambio en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La única manera de romper los sistemas de complicidad en corrupción es con un sistema de testigo protegido”.