La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron una resolución conjunta en la que disponen la creación de una comisión interdisciplinaria de fiscalización de la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (D.A.S.).

La comisión actuará por un plazo de 180 días, prorrogable por un período idéntico, a fin de “determinar las necesidades, fortalezas y requerimientos específicos de la DAS”, además de “analizar y detectar las necesidades prestacionales, económicas e institucionales” y “proponer mejoras al referido sistema prestacional”.

En la resolución, se designa al frente de la comisión -que se pondrá en marcha el próximo 2 de marzo- a Beatriz Liliana Korenfeld (presidenta). Además, estará integrada por un coordinador general; Área de Asuntos Jurídicos; Área Administrativa y Financiera; Área de Atención al Afiliado; Área Informática y dos asistentes administrativas.

El escrito otorga “amplias facultades” a la comisión “para requerir toda la información necesaria para el cumplimiento de sus objetivos”.

Este grupo especial deberá producir “informes periódicos que serán presentados a la Secretaría Administrativa” del Senado, a los fines que ésta “impulse o arbitre las medidas que estime corresponder, a los efectos de garantizar una correcta y eficiente prestación de los servicios al personal”.

En los argumentos se explicó que una auditoría realizada en 2016 “recomendó establecer un nuevo modelo asistencial y aconsejó seleccionar a través de un proceso licitatorio, a uno o más financiadores de comprobada participación nacional y reconocida trayectoria en el sector de la salud, a los fines de que los afiliados puedan optar entre uno de ellos y acceder fácil y libremente a servicios de mejor calidad y excelencia en todo el territorio nacional”.

“Con posterioridad se celebró un contrato con la empresa Omint S.A., quien en la actualidad brinda los principales servicios prestacionales de la (D.A.S), sin cumplir la totalidad de las prestaciones Programa Médico Obligatorio”, se señaló, por lo cual “existen múltiples reclamos del personal del Congreso de la Nación que dan cuenta de las deficiencias de las prestaciones desde la celebración del contrato precitado”.

Allí se destaca que la Presidencia del Senado “recibió una propuesta de la Fundación Favaloro, a los fines de reanudar la prestación de servicios de salud” al personal del Congreso, “previo a la negociación de las sumas adeudadas” por parte de la DAS. Por eso se agrega que el Senado “debe garantizar una correcta y eficiente prestación” de los servicios de salud “sin que ello implique un déficit para la DAS”.