Vuelve a reunirse la comisión presidida por Marcos Cleri, esta vez no solo para abordar decretos de esta gestión, sino también un par de la anterior, con la intención oficialista de rechazarlos.
Uno de los cuestionamientos que se le hacían a esta gestión con relación a la gestión legislativa era la demora en tramitar los Decretos de Necesidad y Urgencia firmados por Alberto Fernández. Pero una vez que ya en modo remoto comenzó a reunirse la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, no se detiene. De entrada, trató una veintena de decretos correspondientes a la pandemia, que ya pasaron incluso por el recinto. Luego arrancó con los otros suscriptos por el presidente actual y ahora va por los que quedaron pendientes de la gestión anterior.
En efecto, en la reunión prevista para este martes a las 18, que será de manera remota obviamente, se tratarán siete decretos, dos de los cuales corresponden a la gestión macrista. Obviamente la intención del oficialismo es emitir un dictamen de rechazo y proceder en el futuro a llevarlos al recinto para lograr lo que nunca pasó con los DNU de un Gobierno: derogarlos. Para eso necesitará mayoría simple en ambas cámaras.
Los decretos en cuestión son el 256, de diciembre de 2015, por el cual se transfirió el Departamento de Interceptación y Captación de las Comunicaciones (DICOM), dependiente de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico, a la Investigación Penal de la Procuración General de la Nación a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El otro es el DNU N° 102, de febrero de 2017, que tiene que ver con el anterior, pues modifica el decreto 256/15, estableciendo que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación estará a cargo de dos jueces penales con rango de juez de Cámara.
Ya pasando a los decretos suscriptos por Alberto Fernández, la bicameral presidida por Marcos Cleri tratará el decreto 487/2020, que prorroga la prohibición de efectuar despidos; y el 488/20 que establece un precio para la facturación de entregas de petróleo crudo en el mercado local.
También tratarán el DNU 52/2019 dictado por esta administración, el 20 de diciembre del año pasado, por el cual se dispone la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) por el plazo de 180 días prorrogables.
Otro decreto es el 391 y el 404/2020, relacionados con la reestructuración de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera. Por ese decreto, recordemos, Cristina Caamaño fue designada interventora de la AFI.
