Así lo informó su titular, Gabriela Torres, quien expuso ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de la Cámara de Diputados. También informó que en los centros de atención dependientes de este organismo, hay “casi 4.000 personas haciendo cuarentena”.
La titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), Gabriela Torres, informó que se aumentó un 30% el presupuesto a las comunidades terapéuticas, con el fin de reforzar la atención en el marco de la pandemia por Covid-19.
La funcionaria agregó que en los centros dependientes del organismo, “tenemos casi 4.000 personas haciendo cuarentena”. Además, aclaró que “hubo un momento en que no se incorporó nadie nuevo” porque había una indicación del Ministerio de Salud.
Pero señaló que, tras la aplicación de un correspondiente protocolo, ya se volvieron a habilitar las internaciones en varias comunidades y casas con residencia. “Paró un momento porque teníamos la indicación. Y la tasa de propagación en lugares de convivencia es mucho más rápida, con lo que teníamos que ser súper cuidadosos”, aclaró.
Al exponer ante la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico de Diputados, que preside Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro), la secretaria aseguró que también hay “psiquiatras garantizando atención en las casas de días y medicamentos para todos los que estén haciendo tratamiento”.
Torres comenzó su alocución destacando la necesidad de hablar de “consumo problemático”, que tiene que ver con el contexto en el que una persona “se relaciona con la sustancia”. Asimismo, subrayó que “el alcohol es la droga que más consumimos los argentinos” y el país se encuentra primero en lo que respecta al consumo de alcohol en adolescentes entre 12 y 17 años.
Al explicar toda la estructura que tiene la SEDRONAR y su funcionamiento, la funcionaria valoró la creación de un área sobre “géneros y diversidad sexual” que no existía. “En general el consumo en mujeres está invisibilizado. Hay muy pocos espacios de tratamiento”, señaló.
En otro tramo de su exposición, durante una videoconferencia realizada este viernes, Torres sostuvo que al asumir en diciembre se encontraron “deudas y una SEDRONAR muy fragmentada en cuanto a la división de áreas”. En ese sentido, detalló algunas de esas deudas pendientes y dijo que del presupuesto (prorrogado) para este año -1.708 millones de pesos- ya llevan ejecutado el 52%.
La funcionaria ponderó distintos trabajos articulados realizados con los Ministerios de Salud; de Educación; de Seguridad; y de Turismo y Deportes, para implementar distintas políticas sobre esta problemática.
Sobre esto, ejemplificó que se avanzó en un convenio con el Ministerio de Seguridad para capacitar a las fuerzas de seguridad en cómo accionar ante “una persona que está sufriendo consumo problemático”.
“Hay mucha sociedad civil trabajando en la problemática. El Estado solo no llega, necesitamos trabajar con las intermediaciones”, expresó y también reveló que con los medios públicos se está trabajando en un protocolo “en relación a la estigmatización” del tema.
En representación del Ministerio de Seguridad, Silvia La Ruffa aseguró que “el gobierno del presidente Alberto Fernández no abandonó ninguna lucha”, al responder a las críticas de legisladores de Juntos por el Cambio por la eliminación de la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico en esa cartera.
“Estamos convencidos que la estructura de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal tiene la fortaleza suficiente a nivel organizacional para que nos permita reducir la oferta de todas las sustancias”, indicó.
La subsecretaria de Programación Federal y Articulación Legislativa del Ministerio de Seguridad remarcó que “la tendencia histórica muestra que cada vez hay más incautaciones, cada vez hay más causas iniciadas, y que cada vez hay mayor consumo de sustancias lícitas y no lícitas; lo que quiere decir que hay al menos alguna instancia de intervención estatal que debe ser revisada”.
La Ruffa precisó que, según estadísticas de 2018 y 2019, “el 45% de las causas iniciadas en estos años culminan como causas de tenencia simple, atenuadas para consumo personal; el 15% por tenencia simple; y solo un 10% por comercialización y entrega”.
En ese sentido, la funcionaria habló del objetivo de que “la mayoría de las causas tengan que ver con la comercialización” para “producir más daño sobre las organizaciones que se dedican al tráfico, producción y comercialización”.
“Nuestro desafío es generar un cambio donde la incautación por procedimiento sea mayor, y así avanzar sobre el eslabón de comercialización”, insistió, al tiempo que garantizó: “Vamos a perseguir e investigar todas las conductas que el Código Penal nos impone”.
