La Cámara alta se reunirá, de manera remota, a partir de las 15. La oposición rechaza el proyecto impulsado por el kirchnerista Oscar Parrilli. También se tratarán tratados internacionales, entre ellos uno contra el acoso laboral.
Con una oposición molesta por la inclusión de temas que no se refieren a la pandemia, el caso Vicentin se introducirá este miércoles en una nueva sesión remota del Senado, que se realizará a partir de las 15.
El oficialismo incluyó en el temario un proyecto presentado por Oscar Parrilli (FdT) para crear una comisión bicameral que investigue presuntas irregularidades en la relación crediticia entre la empresa cerealera y el Banco Nación, que por entonces presidía Javier González Fraga.
Durante la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales en la que se firmó dictamen, la semana pasada, los representantes de Juntos por el Cambio rechazaron la iniciativa y se retiraron del debate. Además, señalaron que ya existe una causa en la Justicia, que llevan adelante el fiscal Gerardo Pollicita y el juez Julián Ercolini.
Según el proyecto, la bicameral deberá también investigar la “posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de cereales y soja con las que competía en el mercado por posibles perjuicios económicos sufridos por la posición dominante adquirida entre los años 2016 y 2019”, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La comisión, que funcionará durante 18 meses, contados a partir de la fecha de la reunión constitutiva, y con posibilidad de extender ese plazo por seis meses más, tendrá que elaborar un informe final. Estará integrada por seis senadores y seis diputados.
Convenio de la OIT contra el acoso laboral
En otro orden, la Cámara alta tratará un proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.
El documento busca prevenir y erradicar la violencia laboral, contemplando distintas herramientas y obligaciones impuestas a los Estados con el fin de controlar su efectivo cumplimiento, habilitar vías recursivas y de reparación, así como de formación y sensibilización en la temática.
El convenio considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
En el mismo se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
Por otra parte, la Cámara alta votará dos tratados de extradición firmados por Argentina con Brasil y Rumania, respectivamente.
