Tras una reunión de la Comisión de Salud y con un amplio consenso entre el arco político de la Ciudad, la Legislatura porteña sancionó con 50 votos a favor, 7 en contra y 3 abstenciones la adhesión al nuevo protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal de Embarazo (ILE).

Este protocolo establece que “la política sanitaria debe garantizar el acceso de la población a las mejores prácticas clínicas y de salud pública para promover, prevenir, atender y rehabilitar la salud, así como para velar por la garantía de derechos consagrados en el marco normativo” y precisa que “también debe guiar, acompañar y proteger el trabajo de las instituciones y los equipos de salud con lineamientos claros y actualizados que ayuden a atender a la población con compromiso y responsabilidad”.

Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo – dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)- y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral, reforzando la necesidad de resolución en el primer nivel de atención y en los tratamientos con medicamentos.

Al inicio del debate la radical y presidenta de la Comisión de Salud, Patricia Vischi (UCR-Ev), recordó que desde “el 2014 en la Ciudad hay un registro contabilizado de ILE, se encontraba solo en dos hospitales pero el sistema fue extendiéndose de modo sostenido y para el 2018 los CESAC pasaron a ser el servicio de salud en donde se realizan mayoritariamente estas prácticas”.

“En 2018 se practicaron más de 4.800 interrupciones legales de embarazo, siendo el 85% de 12 o menos semanas; del total de las ILE practicadas, 9 de cada 10 se realizaron por el factor salud, 6% por violaciones y 4% por poner en riesgo la salud de la gestante”, añadió y remarcó que con esta adhesión “estamos realmente haciendo justicia”.

En contraposición e identificado con el movimiento de pañuelos celestes, el oficialista Guillermo ‘Willy’ González Heredia (VJ) explicó que “lo que estamos por sancionar es la adhesión a un protocolo para el aborto legal de un embarazo, algo que ya está contemplado en el Código Penal y tiene dos causales: la violación y la salud” y rememoró que “en la Ciudad tenemos otro protocolo, el cual obliga a la objeción de conciencia institucional; me parece innecesario obligar a instituciones como el Mater Dei a ir contra sus principios, si surgiera una urgencia por supuesto que la atenderían”.

“Desde el 2012 a la fecha hubo 91 interrupciones legales del embarazo, el año pasado se dieron 8.350 en las que el 90% fueron por cuestiones de salud”, señaló y aclaró: “yo tengo dos hijas mujeres y si alguna de ellas estuviera con un problema de salud y no quedase otra opción, yo consentiría un aborto porque priorizaría la salud de mi hija… esto es algo que está contemplado en el protocolo anterior”.

Sobre esa misma línea manifestó que “cuando tenía 22 años mi mujer quedó embarazada y todos nos decían que lo mejor era abortar porque un embarazo ‘te corta la vida’” y concluyó argumentando que “la decisión que yo tomé fue la mejor de mi vida, seguimos adelante y configuramos una hermosa familia”.

En tanto la presidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Laura Velasco (FdT), precisó que “en la Argentina cada tres horas una menor de 15 años es madre y en un 90% se trata de caso de abusos intrafamiliar; cada cinco minutos una menor de 19 años es madre porque atravesó un embarazo no deseado” e insistió en que “en distintas provincias del país se le ha negado el acceso a la ILE a niñas, quienes bloquean ese acceso a derechos no discuten en los tratamientos de fertilización cuando se desechan óvulos fecundados”.

“Vamos por la soberanía de nuestros cuerpos, sabiendo que son las más pobres y jóvenes quienes mueren a causa de abortos clandestinos. La ILE es un derecho que desde 1921 es legal en nuestro país, la Ciudad ha sido pionera en esta materia”, completó.

Asimismo la diputada de Vamos Juntos Lucía Romano subrayó que “el fallo FAL es del 2012 y aclara las causales bajo las cuales la interrupción del embarazo no será punible: una de ellas es cuando corra peligro la vida de la mujer o persona gestante; cuando corra peligro su salud y la tercera causal es por violación” y advirtió que “en lo que respecta a la denuncia policial, la Corte es muy clara y establece que no es necesaria la denuncia por la causal violación, alcanza con una declaración jurada de la víctima o de su representante”.

“En cuanto a las menores de 13 a 16 años, lo que hace el protocolo es tomar la letra del Código Civil, donde se les reconoce autonomía para poder decidir sobre su propio cuerpo”, indicó y alertó que “lo que estamos debatiendo acá se trata de una decisión personalísima, no se está obligando a nadie. Por supuesto que las mujeres tienen la posibilidad de decidir, las mujeres somos personas sumamente capaces de tomar nuestras propias decisiones en una materia tan sensible, no nos subestimen”.

Al mismo tiempo que el trotskista Gabriel Solano (PO) consideró que “cuando uno tiene un atraso de cien años siempre es tarde, pero lo estamos haciéndolo hoy y las impulsoras de esto son las mujeres y la juventud que coparon las calles con una gran ola verde, que todavía sigue peleando para que el aborto legal se apruebe en el Congreso nacional” y afirmó que se trató de “una presión social enorme que han hecho las mujeres, es lo mejor que hemos importado en el último tiempo, y que siguen luchando por la Educación Sexual Integral (ESI)”.

“Por supuesto que hay que defender a las familias trabajadoras pero eso hay que hacerlo con reformas, no las condenen a la pobreza. Las mujeres tienen que poder decidir, pero muchas veces -lamentablemente- tienen que decidir en contextos que no eligieron como, por ejemplo, cuando no tienen para darle de comer a sus familias”, completó.

Sin embargo Paola Michielotto -otra de las diputadas de Vamos Juntos que se identifica con el movimiento autodenominado como ‘pro vida’-, la oficialista señaló que esta “no es la medida jurídica adecuada, no podemos perder de vista que las leyes son de manera general y permanente, mientras que los protocolos son netamente operativos; no puede entonces un cuerpo colegiado  ajeno, regular cuestiones de procedimiento”.

“Los protocolos se modifican y está bien que eso ocurra pero ¿Qué ocurrirá con este protocolo cuando eso ocurra? Dejará de tener valides”, indicó y advirtió que “este protocolo es tan amplio que excede la ley general, este protocolo introduce solapadamente el aborto libre en la Ciudad de Buenos Aires”.

Mientras que la legisladora de Autodeterminación y Libertad (AyL), Marta Martínez, aseguró que el nuevo protocolo “es producto de la rebelión feminista y que es un ejemplo de lucha desde aquel 2015 con el primer ‘Ni una menos’” y os venimos autoconvocando y logró presionar al Congreso y esta Legislatura para que nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo, pero también para que quede claro que son niñas y no madres, por lo que hacerlas parir cuando fueron violadas es un extremo de la violencia patriarcal.

El aborto en pandemia es muy complicado porque es clandestino, muchas mujeres por temor a salir recurren a otras medidas. Es una prioridad legalizar el aborto, tiene que haber un lugar particular y aislado de toda la crisis que tiene nuestro sistema de salud.

Por su lado la feminista y legisladora del FdT, Ofelia Fernández, lanzó: “no entiendo si los antiderechos se piensan que somos capaces de ir para atrás y no para adelante, no sé si se acuerdan que en 2018 hubo más de un millón de personas que estuvieron toda la noche frente al Congreso; porque si el Congreso no era suyo, lo iban a ser sus calles” y precisó que “nos vieron volver una y otra vez a la misma plaza con la misma tenacidad, ¿de verdad piensan que vamos a permitir que condenen a las más perversamente violentadas? De ninguna manera, pareciera que perdieron la memoria porque también estaban en la misma plaza, eran un grupito chiquitito que revoleaba ecografías”.

“La ILE ya es un derecho, ahora tiene que ser una realidad. Este protocolo lo que hace es terminar con esas restricciones, darle un marco jurídico para que los trabajadores y trabajadoras de la salud para que dejen de ser considerados bandidos cada vez que cumplen con el derecho”, aseveró.

Además el diputado del Partido Socialista Hernán Arce detalló que “el protocolo es una norma de avanzada, basada en el pleno reconocimiento de las personas a decidir sobre sobre sus cuerpos y el principio básico de la no judicialización de los procedimientos de interrupción legal del embarazo”.

Por lo que destacó que “hay cinco elementos claves: primero, la no exigencia de una denuncia previa para realizar la ILE en caso de violación; segundo, una interpretación amplia del concepto de salud, que incluye tanto la física como la psicológica; tercero, el énfasis en el consentimiento firmado; cuarto, la prioridad del uso de medicamentos en la atención primaria; y quinto, la contención de las personas en el pre y post aborto”.

Voto por voto, la decisión de los legisladores

A favor: Sergio Abrevaya (GEN), Ariel Álvarez Palma, María Inés Gorbea, Marcelo Guouman, Leandro Halperín, Juan Francisco Nosiglia, Martín Ocampo, Manuela Thourte, Patricia Vischi, Diego Weck (UCR-Ev),  Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura, Manuel Socías, Juan Manuel Valdés, Laura Velasco (FdT), Hernán Arce, Roy Cortina (PS), Alejandrina Barry (FIT), Gastón Blanchetiere, Ana María Bou Pérez, Mercedes De Las Casas, Daniel Del Sol, Cecilia Ferrero, Natalia Fidel, Cristina García, Diego García Vilas, Esteban Garrido, Matías López, María Sol Méndez, Hernán Reyes, Victoria Roldán Méndez, Lucía Romano, Gonzalo Straface, Guillermo Suarez, Gimena Villafruela (VJ), Myriam Bregman (PTS), Marta Martinez (AyL) y Gabriel Solano (PO).

En contra: Claudio Cingolani, Juan Facundo Del Gaiso, Carolina Estebarena, María Luisa Gonzalez Estevarena, Guillermo González Heredia, Paola Michielotto y Claudio Romero (VJ).

Abstención: Héctor Apreda, Agustín Forchieri (VJ) y Eugenio Casielles (CF).