En medio de la virtualidad que impuso la pandemia del Covid 19, el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, hizo lugar a una medida cautelar en la que resolvió suspender la realización de audiencias públicas virtuales convocadas por la Legislatura de la Ciudad, hasta que se pueda garantizar la efectiva participación de la ciudadanía en la misma.

El amparo al que dio lugar la Justicia planteaba la necesidad de que se “interrumpa las audiencias públicas cuya realización se encuentran pendientes y se realice una nueva convocatoria” en la que se contemplen una serie de requisitos, entre ellos, que “se consigne un lugar al que puedan asistir presencialmente aquellos participantes que no cuenten con acceso a medios virtuales” o se “garantice el otorgamiento de dispositivos informáticos y el acceso gratuito a internet a aquellos participantes que no cuenten con acceso a los mismos”.

También se pide que se “establezca un mecanismo de inscripción a las audiencias públicas virtuales alternativo a la inscripción por internet como, por ejemplo, por vía telefónica; y se permita acreditar la identidad en el lugar consignado para aquellas personas que no cuentan con acceso a medios virtuales”.

A la hora de dimensionar los derechos en juego, el juez subrayó que “es indudable que el planteo efectuado en autos se relaciona estrechamente con el espíritu que ha guiado al constituyente local en torno a la participación ciudadana y política de los habitantes de la Ciudad en el desarrollo de la actividad de los organismos gubernamentales cuyas decisiones influirán en su vida de manera directa, ya sea de modo directo o a través de los legisladores que los representan”.

Al mismo tiempo que sostuvo que “las audiencias públicas constituyen ‘un elemento de democratización del poder, conforme al ya clásico principio de que ya la democracia es no sólo un modo de designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder  y también un modo de participación ciudadana en el poder público, exigido por principios políticos, constitucionales y supranacionales’”.

Por último, Gallardo señaló que “el resto de las objeciones introducidas por los amparistas requieren, para su comprobación, un análisis que excede el acotado marco cognoscitivo de las medidas cautelares, no obstante lo cual, las irregularidades antes reseñadas resultan más que suficientes para tener por acreditada la verosimilitud del derecho invocado por los accionantes” y concluyó señalando que “en cuanto al peligro en la demora, cabe considerar que el mismo se configura con la inminente realización de las audiencias en cuestión, cuya ejecución en los términos en que han sido convocados implicaría un agravio irreparable a los derechos invocados por los amparistas”.