El Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de reforma judicial que modifica las estructuras de los fueros federales de todo el país, aunque los mayores cambios están direccionados a la Capital Federal. En este sentido, el diputado nacional Mario Arce (UCR – Formosa) aseguró que “la centralidad del Gobierno nacional no pasa por construir una mejor justicia sino adueñarse de ella y eso atenta contra la posibilidad de realizar cambios estructurales”.

 “En lo que va del año se perdieron más de 300.000 puestos de trabajos registrados, cerraron miles de PyMEs, desde diciembre vienen ajustando a los jubilados y pensionados quitándole la movilidad de sus haberes consagrada por una ley más beneficiosa que fue suspendida por este gobierno; los salarios siguen congelados y hubo reducciones en algunos casos… En definitiva, hoy tenemos un Estado que asiste más de lo que produce, lo cual nos debería llevar a la reflexión sobre cuáles son las prioridades que debe tener el país en este momento difícil.”, consideró.

Y agregó: “Una reforma de estas características requiere de construir un gran consenso político, que no se está dando, hay un rechazo unánime de amplios sectores que incluye especialistas, asociaciones del derecho, cúpula judicial y todo el arco opositor”.

“El proyecto es inoportuno, inconsistente y desnuda las intenciones del Gobierno de tomar el control del Poder Judicial, en especial de Comodoro Py, con el fin de interferir sobre causas de corrupción que ya están iniciadas y que tiene involucrados a ex funcionarios de la etapa kichnerista, pero también pretende crear un sistema de impunidad para futuros casos y la utilización de este poder como aparato persecutorio”, fustigó Arce.

“No es casual lo ocurrido en estos 8 meses, donde se dio una catarata de exfuncionarios condenados que fueron liberados por la Justicia, y donde en varias causas hubo presión del gobierno, a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se presentó para pedir la libertad de presos”.

Según la iniciativa, la reforma promueve la creación de cientos de órganos judiciales, que incluye el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y secretarios, con un costo fiscal aproximado de 4.000 millones de pesos anuales.

Con respecto a esto, Arce consideró que si bien el proyecto ingresó por el Senado, lo estamos empezando a analizar, pero de las primeras observaciones podemos decir que es ilógico que un tercio de esos recursos se focalicen solo en la Capital Federal ya que eso ‘blanquea’ la intención de licuar y debilitar la estructura de Comodoro Py, que indudablemente ‘incomoda’ a este gobierno por la cantidad de expedientes de corrupción que concentran estos fueros”.

Por otro lado, el legislador advirtió que el proyecto, desde la teoría, pretende fortalecer el sistema acusatorio, pero nombra más jueces que fiscales cuando en realidad debería hacer lo contrario”, y agregó “en un sistema dispositivo o acusatorio el rol del fiscal es fundamental ya que realiza el mayor trabajo en todo el proceso a través de la investigación, recolección de pruebas y acusación, en cambio la tarea del juez en este sistema es estrictamente de decisión o resolución”.

Con respecto al sistema de subrogancias que plantea el proyecto, el legislador consideró que es otra de las trampas que el Gobierno impulsa, ya que la urgencia es cubrir dentro de los 10 días de entrada de vigencia de la ley, las vacantes que hay en la ciudad de Buenos Aires y no las del interior que hace años esperan ser cubiertas”.

“En el caso de la provincia de Formosa, durante años estuvimos sin jueces federales porque no se nombraban, es más se creó hace unos años un juzgado federal en la ciudad de Clorinda y todavía está vacante y sin funcionar, demostrando un contrasentido en pretender crear nuevos juzgados siendo que muchos existentes todavía no están funcionando, resintiendo el servicio de justicia en nuestra provincia”.

Por último, Arce también se manifestó contrario a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dijo: “Es la reedición del proyecto menemista de los 90 que terminó con una Corte que pasó de tener 5 a 9 miembros, garantizando una mayoría funcional al poder peronista”.