La diputada nacional Karina Banfi aseguró que recurrirá a la Agencia de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (AAIP) para reclamar por las observaciones que se hicieron desde la oposición en relación a la aplicación CuidAR. “Cuatro meses más tarde, sigue habiendo dudas con la aplicación”, afirmó la diputada radical y añadió que, “si bien se hicieron cambios, no fueron suficientes”. 

Banfi recordó que “la advertencia más importante que hicimos desde Juntos por el Cambio fue que no existía un consentimiento previo e informado para que cada usuario aceptara (o no) dar información sobre su geolocalización. Tampoco estaba claro el uso que el Gobierno le daría a esa información”. 

La legisladora opositora sostuvo que este asunto “merece un nuevo análisis” por parte de la AAIP, por lo cual anunció que recurrirá a ese organismo con el propósito de que investigue la inexistencia de un consentimiento previo e informado para acceder a la geolocalización del usuario. 

Al respecto, la titular de la secretaría de Innovación Pública, Micaela Sánchez, respondió vía Twitter a la publicación de la legisladora, donde aseguró que desde el Gobierno “no rastreamos la geolocalización de las personas”. Ante estas afirmaciones, Banfi replicó que entonces “no se entiende el uso de este dato personal”. 

Luego de un intercambio de tweets, la diputada de la oposición le aclaró que la discusión en torno a los términos y condiciones de la aplicación surgen porque “se encuentra tildado en forma predeterminada”, por lo que “no hay forma de saber si el usuario efectivamente ingresó a leerlos. Esto ya se señaló y no se cambió”.

En cuanto a los certificados de circulación, los mismos pueden tramitarse por la página web oficial del gobierno, por lo que no es obligatorio el uso de la aplicación para obtenerlo. “Este dato las autoridades no lo informan, y en muchas jurisdicciones obligan a la gente a bajarse de forma obligatoria la aplicación”, dijo Banfi. 

En las últimas semanas, algunas organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional y la Fundación LED, se pronunciaron en un sentido similar a los reclamos y objeciones que formuló la oposición desde el lanzamiento de la aplicación.