Por José Angel Di Mauro

El escándalo que dejó al diputado salteño Juan Ameri en las puertas de salida del Congreso de la Nación no tiene antecedentes en cuanto a características. Pero no es el primer caso de un legislador suspendido, ni tampoco será el primero que expulsan, si eso sucede.

El episodio más reciente sobre un legislador suspendido es el del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, cuyos fueros legislativos no lograron protegerlo cuando finalmente fue suspendido en 2017 e inmediatamente después se produjo su detención preventiva, que se extendió por más de dos años.

Pero no lo echaron del cuerpo. Aunque lo intentaron, en la sesión del 26 de julio de 2016, cuando el bloque Cambiemos impulsó esa medida extrema, obteniendo 138 votos afirmativos. Hubo 95 en contra, y faltaron 20 votos para los dos tercios necesarios para echar al exministro.

Pasadas las elecciones de medio término, el 25 de octubre de 2017 la Cámara dispuso finalmente su suspensión. Sin la presencia de la mayoría del bloque Frente para la Victoria, hubo 176 votos favorables a la suspensión y una sola abstención.   

Pero si de expulsiones hablamos, la última que registra la historia legislativa argentina es la del diputado nacional catamarqueño Angel Luque (PJ), quien fue echado de la Cámara baja, acusado de “indignidad moral”. Su hijo Guillermo era uno de los acusados del crimen de María Soledad Morales ocurrido en 1990, y en el marco de un reportaje, el entonces diputado acusó al juez de la causa, José Luis Vengimiglia, de haber recibido 250 mil dólares para encarcelar a su hijo. Pero además dio una peculiar argumentación de defensa que terminó costándole la carrera, al señalar que tenía suficiente poder como para hacer desaparecer el cadáver si su hijo hubiera sido el verdadero asesino. La Cámara de Diputados lo expulsó en 1991.

Ese caso fue utilizado como antecedente en 1999, cuando la Cámara de Diputados impidió la asunción de Antonio Domingo Bussi, acusado por su participación en la dictadura y también de haber ocultado una cuenta bancaria en Suiza.

Al que sí desaforaron de manera contundente los diputados fue al exsubcomisario Luis Patti. Fue el 24 de abril de 2008, cuando tras un debate de más de siete horas se aprobó en Diputados su desafuero solicitado por el juez Alberto Suárez Araujo en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad. En rigor, Patti era diputado electo, pero no le habían permitido jurar, por lo que algunos sostenían que para poder desaforarlo debían primero autorizar su juramento. El desafuero fue aprobado por 196 votos a favor, 9 en contra y 11 abstenciones.

Tampoco pudo sentarse nunca en su banca el exgobernador Raúl “Tato” Romero Feris, elegido senador nacional por Corrientes, al que directamente la Cámara Nacional Electoral impidió asumir en 2003 por “incompatibilidad ética”, a raíz de causas judiciales pendientes. Romero Feris había sido elegido senador nacional por el Partido Nuevo, pero su pliego no fue aprobado junto a los correspondientes a la mayoría de los nuevos miembros de la Cámara alta por demoras en la comunicación de la justicia electoral correntina. Quien impugnó entonces al “Tato” fue la exdiputada Araceli Méndez de Ferreyra, por considerar que estaba “inhabilitado moral y éticamente” para ocupar una banca.

Romero Feris había sido condenado por presuntos hechos de corrupción administrativa cometidos desde los cargos públicos que ejerció en Corrientes.

En 1995 el diputado justicialista Eduardo Varela Cid no fue desaforado sino suspendido hasta el final de su mandato por “desórdenes de conducta” tras haber admitido haber requerido colaboraciones a empresarios postales, a través de un bono, en el momento en que se oponía a la controvertida ley de Correos. Durante el lapso que duró la suspensión, perdió fueros, banca y dieta.

Otro caso sucedió en 2002 con la diputada peronista Norma Ancarani de Godoy, quien fue denunciada por el programa de televisión “Punto Doc”, que exhibió imágenes captadas con una cámara oculta que mostraban a la legisladora amenazando a un productor de ese envío televisivo con que iba a “matarlo a itakazos”. Esa investigación periodística versaba sobre el destino de ATN a fundaciones de discapacitados. Asediada en el Congreso, la diputada evitó su expulsión renunciando el 9 de abril de 2002, cuando ya la Comisión de Asuntos Constitucionales, que presidía Juan Manuel Urtubey, había aconsejado su expulsión “por desórdenes de conducta”.

En marzo de 2003, la oposición pidió la expulsión del senador Luis Barrionuevo, por su responsabilidad en los frustrados comicios catamarqueños. En esa oportunidad, la senadora Diana Conti advirtió que el tema no podía quedar en simples expresiones de repudio del Cuerpo, sino que el mismo debía “votar el desafuero de Barrionuevo”, quien era acusado de haber mandado a quemar urnas.

El líder gastronómico había sido impedido de participar en esos comicios porque la Constitución provincial le exigía un tiempo de residencia en la provincia que él no tenía para poder ser candidato. Lejos estuvo de resignarse a aceptar la decisión, e insistió hasta el final, presentando recursos que llegaron hasta la Corte Suprema. Las autoridades locales del Frente Cívico sabían que Barrionuevo sería un adversario temible en las urnas y realizaron la elección tal cual lo previsto, sin dar lugar a una postergación, ante lo cual el senador justicialista se consideró proscripto y actuó en consecuencia…

Lo que siguió fue una elección escandalosa, en la que los partidarios de Barrionuevo prohibieron el acto electoral en algunas escuelas y hasta quemaron urnas.

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, que presidía Cristina Fernández de Kirchner terminó emitiendo un dictamen en el que recomendaba excluir del cuerpo a Barrionuevo bajo el cargo de “inhabilidad moral”. Sin embargo, al promediar la noche del 27 de marzo de 2003 el peronismo terminó salvándolo, aunque votó dividido, ya que ocho senadores del PJ votaron junto a la oposición y los provinciales para expulsarlo. Los votos en ese sentido fueron 37, diez más que los que optaron por salvarlo, pero seis menos que los necesarios para los dos tercios que hubieran dejado al gastronómico fuera del Senado. “Se perdió una oportunidad muy grande. Si el Senado anterior es recordado como el de la Banelco y el de Cantarero, éste será recordado como el del escándalo Barrionuevo. Vi a muchos senadores que le temen, otros que privilegiaron el espíritu del cuerpo; en mi caso, no le tengo miedo. Lo más grave de la decisión de mis pares es que Luis Barrionuevo se llevó puesto el Senado. Sucede que en Argentina hay una corporación política y ese es el drama central de esta democracia”, se quejó Cristina Kirchner.

Un caso menos recordado pero contundente fue el del senador puntano Raúl Ochoa, condenado en 2005 a dos años de prisión en suspenso y 9 de inhabilitación para ejercer cargos públicos por haber votado dos veces en una elección. La Cámara alta, más propensa a proteger a sus miembros, no procedió a su desafuero y lo dejó concluir su mandato, a fines de ese año.

Los casos polémicos desde la recuperación democrática

1991 Angel Luque

1995 Eduardo Varela Cid

1996 Eduardo Angeloz

1999 Antonio Bussi

2000 Sobornos del Senado

2002 Norma Godoy

2003 Raúl Romero Feris

2003 Luis Barrionuevo

2005 Luis Patti

2005 Raúl Ochoa

2017 Julio De Vido