Fue en una intensa reunión de la Comisión de Educación de Diputados. Juntos por el Cambio pidió apurar el dictamen, pero el oficialismo impulsó la convocatoria a funcionarios y especialistas.
Tras una acalorada discusión, diputados de la Comisión de Educación acordaron avanzar antes de fin de año con un proyecto de ley para promover la continuidad de las trayectorias educativas e impulsar la conectividad, pensando en la post-pandemia.
Durante la reunión, presidida por Blanca Osuna (Frente de Todos), el interbloque Juntos por el Cambio pidió apurar el dictamen dado que el 20 de noviembre vence el plazo para la firma de los despachos.
Sin embargo, el Frente de Todos consideró necesario convocar a funcionarios, especialistas y representantes del sector docente y el alumnado antes de dictaminar.
“Hay una alta responsabilidad del Estado y de nosotros como representantes de un órgano fundamental de la democracia argentina. En ese marco es que comenzamos a analizar distintas líneas para brindar un aporte legislativo”, indicó Osuna.
El proyecto en debate apunta a crear un programa de atención integral de las problemáticas socioeducativas relacionadas con factores sociales, económicos y culturales, que afectan las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La iniciativa busca promover la continuidad de su trayectoria escolar y garantizar la terminalidad de los estudios del nivel secundario, incluyendo además un capítulo destinado a la conectividad.
La vicepresidenta de la comisión, Victoria Morales Gorleri (Pro), explicó que “esta ley tiene que ver con pensar más allá de la pandemia”. “Necesitamos una herramienta concreta que apunte a las trayectorias educativas discontinuas”, sostuvo.
La radical Brenda Austin -autora de un proyecto para declarar la emergencia educativa- pidió que el proyecto “no sea solo una manifestación de buenos deseos” sino una “norma operativa”, y advirtió sobre el riesgo de dilatar el debate con la citación a invitados.
En el mismo sentido se expresó Enrique Estévez. “Estamos frente a una situación urgente. Estamos en condiciones de dar una señal”, dijo el diputado del Partido Socialista.
Más duro fue el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien criticó que ahora se pretenda escuchar a los actores involucrados cuando “el ministro de Educación tomó durante seis meses decisiones unitarias y centralistas”.
Desde el oficialismo, Hugo Yasky aseguró que si no se escucha al sector, “corremos el riesgo de que el proyecto sea solo un papel escrito”, mientras que Patricia Mounier, dirigente de SADOP, coincidió que “es soberbio pensar que conocemos todo lo que ocurre en el sistema educativo”.
