Se unificaron 15 iniciativas de distintos senadores. Solo las tucumanas Elías de Pérez y Mirkin se expresaron en contra, advirtiendo que la ley perjudicará a la industria azucarera. El tema se tratará en la próxima sesión.
El proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable, que busca implementar el etiquetado y rotulado frontal de alimentos para combatir la malnutrición, recibió dictamen favorable este miércoles en el Senado y quedó en condiciones de ser tratado la semana próxima en sesión virtual.
La iniciativa fue despachada en una reunión conjunta de las comisiones de Salud y de Industria y Comercio, encabezada por Mario Fiad (UCR), donde se unificaron nada menos que 15 proyectos referidos a la temática.
Se consensuaron así propuestas de los senadores Silvina García Larraburu, Lucila Crexell, Juan Carlos Marino, Pamela Verasay, Silvia Giacoppo, Gladys González, Anabel Fernández Sagasti, Julio Cobos, Silvia Sapag, Matías Rodríguez, Daniel Lovera, Dalmacio Mera, Antonio Rodas y Oscar Castillo.
La vicejefa del bloque del Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, destacó el trabajo mancomunado entre los senadores y con el Poder Ejecutivo, y aclaró que “este proyecto no es contra nadie, sino a favor de los ciudadanos, y es una oportunidad para que la industria pueda mejorar los alimentos que ofrece”.
La oficialista sostuvo que “en los países donde se han aplicado etiquetados, la industria ha podido reconvertirse, ofrecer alimentos más saludables, y también se ha utilizado para el marketing”.
El radical Julio Cobos también resaltó que “este es un claro ejemplo de cómo compatibilizar conflictos de intereses y escuchar a todas las voces. Cuando hay un objetivo claro y una vocación, nos despojamos de algunas pretensiones para arribar a una solución”.
El legislador enfatizó que “la industria debe colaborar en mejorar la calidad de nuestros alimentos” y advirtió que “el 70% de la población argentina tiene problemas de sobrepeso, de los cuales el 38% sufren obesidad”.
También aportó cifras Eugenia Catalfamo (Frente de Todos), quien precisó que “según un informe de UNICEF, nuestro país ocupa el segundo lugar en la región con niños menores de cinco años que poseen sobrepeso u obesidad, y uno de cada tres niños en edad escolar posee estas enfermedades”.
Silvia Giacoppo (UCR) sostuvo que “no se ataca a ninguna producción sino al contenido excesivo en un producto”, ya que “como ciudadanos tenemos derecho a saber qué comemos, qué llevamos a la boca”.
Desde el Pro, Gladys González coincidió en que se trata de “un desafío de reconversión (de la industria), no de destrucción”, y afirmó que “el día que logremos que nuestros hijos lleven a la escuela una manzana en lugar de un paquete de galletitas llenas de azúcar habremos dado un gran paso en esta batalla de cambiar la forma en que alimentamos a nuestros hijos y a nosotros mismos”.
Las dos senadoras por Tucumán, Silvia Elías de Pérez y Beatriz Mirkin -el restante es José Alperovich, de licencia- fueron las únicas que se expresaron en contra de la ley, con argumentos en defensa de la industria azucarera.
“El azúcar es un producto natural y como tal es bueno para la salud siempre que se lo consuma como corresponde. Es triste cuando vemos que se la demoniza, es triste cuando se quiere desincentivar su consumo y darle lugar a otros productos. No puedo decir que estoy contenta con esta ley”, confesó Elías de Pérez (UCR).
En tanto, Mirkin lamentó que la provincia “no haya sido consultada” y advirtió que “la situación de Tucumán va a ser muy difícil con esta ley”.
“Vamos a votar negativamente este proyecto porque no le da margen a la provincia. No ven la situación provincial. La industria azucarera se ha reconvertido enormemente. Comparto el sentido de que se coma bien, pero se van a cerrar industrias”, manifestó la oficialista.
Asimismo, ironizó: “En el etiquetado que está planteado en el proyecto falta una calavera, como si el azúcar matara. Y el azúcar consumido en condiciones normales no produce ‘sobrealimentación’, al contrario”.
Cobos salió al cruce de las tucumanas y aclaró que “la ley no prohíbe el consumo de azúcar. No estamos aprobando ningún desincentivo, no hay una propaganda donde se demoniza, ni una calavera. No es como la propaganda del cigarrillo. Simplemente es información de advertencia”.
En el mismo sentido, Fernández Sagasti subrayó que “esto no es ‘salud versus trabajo’” y pidió “no entrar en una confrontación entre provincias”. “Yo nunca pediría que el vino se pueda vender a menores de 18 años y vengo de una provincia vitivinícola”, comparó.
El proyecto dictaminado apunta a “garantizar el derecho a la salud y a una alimentación adecuada a través de la promoción de una alimentación saludable, brindando información nutricional simple y comprensible de los alimentos envasados y bebidas analcohólicas”.
También se busca “advertir a consumidoras y consumidores sobre los excesos de componentes como azúcar, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, a partir de información clara, oportuna y veraz”.
El tercer y último objetivo es “promover la prevención de la malnutrición en la población y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles.
Se establece que los alimentos y bebidas analcohólicas envasados en ausencia del cliente y comercializados en el país “en cuyo proceso de elaboración, o en el de alguno de sus ingredientes, se haya agregado sodio, azúcares o grasas, y en cuya composición final el contenido de nutrientes críticos exceda los valores establecidos” en esta ley, “deberán incluir en la cara principal del envase un sello de advertencia” que “deberá indicar el exceso de los nutrientes críticos”.
Los valores máximos tomados en la ley son los estipulados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En el dictamen se aclaró que los envases menores a 10 centímetros cúbicos también deberán llevar el etiquetado de advertencia. El azúcar, los aceites vegetales y los frutos secos quedarán exceptuados de la obligación del rotulado.
Se otorgarán dos años para que las industrian bajen el nivel de exceso de estos nutrientes, “un plazo suficientemente amplio para que la industria se adecue”, consideró la senadora Silvia Sapag, encargada de exponer el dictamen.
Las industrias grandes tendrán un plazo de seis meses desde la publicación en el Boletín Oficial para adaptarse a la ley, y podrán extender ese plazo por seis meses más a criterio del Ejecutivo, y en el caso de las pymes, el plazo para la aplicación será de 18 meses, también prorrogables.
Asimismo, se sugiere al Estado que priorice compras de alimentos que no lleven sellos de advertencia.
