La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, desde el Salón Norte de la Casa Rosada, expuso este lunes en la reunión informativa conjunta que realizaron las comisiones de Acción Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación sobre el proyecto de ley de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación junto con el de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La ministra aseguró que el proyecto que se conoce como “de 1000 días”, es estratégico porque establece como política de Estado, mediante una ley y desde una perspectiva de derechos, la prioridad del cuidado a la salud integral durante el embarazo y la primera infancia.

Al inicio de su exposición Gómez Alcorta recordó que los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo cumplen con el compromiso que asumió el presidente Alberto Fernández el 1 de marzo ante la Asamblea Legislativa cuando habló sobre la situación de las mujeres gestantes en Argentina y los desafíos que enfrentan aquellas mujeres que desean tener sus hijos e hijas y aquellas que deciden interrumpir su embarazo. Y señaló que ambas iniciativas “dialogan entre sí, entendiendo que el Estado debe acompañar a todas las mujeres y personas gestantes en los proyectos de vida que elijan”.

“Toda mujer o persona gestante que curse un embarazo podrá contar con un Estado presente que la acompañe durante el embarazo, en el parto, el puerperio y durante los primeros años de vida de sus hijos o hijas”, explicó la ministra. Y agregó: “El objetivo es que ninguna mujer se sienta sola o desamparada en ese momento, y que, si se encuentra en situación de vulneración social, no considere la interrupción del embarazo por un motivo de necesidad económica o social. Nadie debe verse obligado a hacer algo que no quiera, y para eso el Estado debe garantizar su presencia y acompañamiento en estos períodos vitales de las mujeres y sus hijas e hijos”.

En relación al proyecto de Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, la ministra explicó que se trata de una política que apunta a prevenir la mortalidad infantil, la mal nutrición, la desnutrición y la violencia, y a proteger los vínculos tempranos y promover el neurodesarrollo. “El proyecto pone en la centralidad de la agenda pública un tema estratégico y fundamental para la salud colectiva”, aseguró.

Por otra parte, Gómez Alcorta aseguró que ni la maternidad ni el cuidado de los hijos y las hijas son responsabilidades individuales ni cuestiones que deban resolver las mujeres o el ámbito privado, exclusivamente. “El cuidado integral de la salud, y en especial de la salud de las mujeres y personas gestantes y de las niñas y los niños durante la primera infancia, es una responsabilidad social y pública y por lo tanto debe ser objeto de políticas de justicia social que se constituyan como garante de derechos e igualdad de oportunidades para todos y todas, independientemente de la situación socioeconómica que tenga cada una de las personas”.

La ministra explicó que el proyecto no sólo reconoce sino que también amplia derechos y asegura un abordaje integral en la atención y el cuidado de la salud: “Establece asignaciones y derechos vinculados a la seguridad social, al derecho a la identidad, a la salud integral, a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad y a la información”, detalló.

Gómez Alcorta también destacó que el proyecto está basado en una mirada integral de la política pública, fundamental para la eficacia en su implementación: “Tanto los cuidados de la salud en sentido estricto y a nivel comunitario, el acceso al derecho a la identidad, las prestaciones y la cobertura de la seguridad social, la prevención de la violencia y el acceso a una información adecuada para esta etapa, son todas cuestiones que garantizan una mejor calidad de vida cuando se hacen efectivas a través de una articulación clave entre todos los organismos involucrados”.

En ese contexto explicitó: “En nuestro país existen numerosas políticas públicas para atender estas necesidades. Este proyecto tiene como objetivo extender sus beneficios y realizar una coordinación más efectiva en su implementación para optimizar sus resultados”. 

Para terminar, la ministra sostuvo: “Pretendemos alcanzar, con los beneficios de esta ley, un mayor número de personas gestantes y de niños y niñas en sus primeros años de vida a fin de posibilitar, desde un Estado eficaz, el pleno goce de sus derechos. Quiero remarcar que el proyecto mantiene a lo largo de sus capítulos un enfoque interseccional de los derechos a la salud integral y el derecho a una vida libre de violencia como vía de garantizar esos derechos. La perspectiva integral de la salud y el eje transversal del presente proyecto permitirá al Estado Nacional fortalecer los sistemas de protección de derechos y acompañar a las mujeres embarazadas, a todas las personas gestantes y a todas las personas adoptantes”.

También expusieron ante la reunión de comisiones Fernanda Raverta, titular de la Anses; José Lepere, secretario de Interior del Ministerio del Interior; Gabriel Lerner, secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social; y Gabriela Bauer, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación.