Con la intención de contribuir al desarrollo socioeconómico de la Ciudad, la Legislatura porteña sancionó –durante una de las últimas sesiones ordinarias de este año- con 52 votos a favor y tres abstenciones (de los bloques PTS, FIT y PO) una ley que busca fortalecer la economía popular y contribuir a la plena realización de la persona, siendo la equidad, inclusión y solidaridad social los principios rectores de esta política pública.

De esta manera, la ley tiene por objeto promover el desarrollo local, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo autogestivos y el acceso a nuevos mercados de las Unidades Productivas de la Economía Popular y Social de la Ciudad. Así como también facilitar herramientas destinadas a mejorar la producción y comercialización de los bienes y servicios de esas unidades.

Además busca fortalecer el desarrollo de las Unidades Productivas, a través de una política de incentivos para el financiamiento de sus actividades en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para ser alcanzados por esta iniciativa, las unidades productivas deberán estar inscriptas en el “Registro Único de Unidades Productivas de la Economías Popular y Social”, que creó esta misma ley.

La unidades productivas pueden ser indivuales o colectivas y deben realizar actividades de interés económico y social, produciendo bienes o servicios en busca de satisfacer sus necesidades, con miras a su inserción en el mercado formal laboral o comercial con baja escala de capitalización y productividad, cuyo principal activo es la fuerza de trabajo.

Cabe destacar que el texto recientemente aprobado fomenta el “monotributo promovido”, esto es que los ingresos que perciban las Unidades Productivas del Registro Único de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social de la Ciudad  y se encuentren inscriptas en la categoría de monotributo promovido ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de tres años.

También establece que el Banco Ciudad deberá crear una línea de crédito específica para estas unidades productivas, con el objeto de fomentar su participación en las contrataciones con el sector público del distrito capitalino.

El debate en el recinto

El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Marcelo Guouman (UCR-Ev), aseguró que “los objetivos de esta ley son los de fomentar la economía local, promover el desarrollo, la generación y sostenibilidad de puestos de trabajo, entre otros” y remarcó que con esta norma “buscamos disminuir las brechas económicas entre los ciudadanos y apoyar la continuidad de sus actividades productivas”.

“Es una iniciativa muy importante en tanto orienta una política pública que pretende profundizar la integración  del tejido social y económico de la Ciudad”, señaló e indicó que “se articulan recursos privados y públicos para que el Estado de la Ciudad promueva beneficios para los actores de la economía social”.

Al respecto de la medida la diputada Lucía Romano (VJ) y autora de uno de los textos que dio origen a esta ley manifestó que es “un proyecto de gran trascendencia, que representa un cambio de paradigma en las políticas públicas” y recordó que “el Estado reconoce a las unidades de la economía popular y social como actores fundamentales para el desarrollo económico de nuestra población, y por eso decide otorgar nuevas herramientas para su fomento y fortalecimiento”.

“Invertir en actores mediante el fomento de sus unidades productivas, permitiéndoles recibir del estado presente el reconocimiento y apoyo a sus proyectos, es una apuesta a sus capacidades, a su desarrollo, al incremento de sus ingresos mensuales mediante las actividades que estos han elegido para desarrollarse. Es una oportunidad para su fortalecimiento técnico y profesional, la posibilidad de poder llegar a nuevos clientes, incorporar nuevos hombres y mujeres a sus unidades productivas o prestación de servicios”, completó.

A su vez Laura Velasco (FdT) precisó que “en el 2001, después de las políticas neoliberales, hubo que inventar el trabajo para acompañar a las familias, cuando pensamos en la economía popular pensamos en las empresas recuperadas, los recuperadores urbanos, entre otros” y concluyó afirmando que “la economía popular llegó para quedarse, hace tiempo que hacía falta encarar una ley que busquen dar respuestas a las demandas del sector”.

Mientras que el peronista Santiago Roberto (FdT) celebró “la sanción de esta ley ya que era un reclamo que le veníamos haciendo al Gobierno porteño para que tome medidas concretas para ayudar a los sectores de la economía popular que fueron muy golpeados por la pandemia” y sentenció que “esta ley es un avance importante para la economía social y popular que desde hace años viene sosteniendo a muchísimas familias que han hecho una elección por lo colectivo y por los principios solidarios y por eso es necesario y urgente que el Estado genere políticas públicas activas hacia el sector y que se los vea como un sector productivo que puede aportar mucho a la economía de la ciudad”.