La presidenta de la Comisión de Educación, de la Cámara de Diputados de la Nación, cuestionó la decisión del máximo tribunal de CABA sobre la resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones para que el Estado en Capital garantice vacantes en el sistema educativo para niños. “Es una decisión que restringe el acceso al derecho a la educación, desestimula la inversión del Estado para su cumplimiento, desautoriza la Constitución nacional y de Capital Federal, y establece un precedente peligroso en esta materia”, afirmó la legisladora nacional. 

“Es insólito que ante la presentación del Gobierno porteño para revocar el fallo de primera instancia, el mensaje del Tribunal Superior de Justicia sea ceder a presiones a costa de dejar desamparado el derecho a la educación de millones de niñas y niños”, manifestó Osuna, que agregó: “Desde la Presidencia de la Comisión de Educación venimos trabajando en la dirección contraria, apostando a la inversión educativa como un eje imprescindible para la igualdad y la justicia social”.

Osuna argumentó que “esta determinación judicial violenta distintos pasajes de la Constitución nacional como el artículo 5, que expresa que ‘cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal, y la educación primaria. Bajo de estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones’, o también el artículo 14 que establece que cada ciudadana y ciudadano tiene el derecho a aprender”.

Según la diputada entrerriana el fallo “viola también la Constitución de la Capital Federal, que en su artículo 24 fija que ‘la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior, con carácter obligatorio desde el preescolar hasta completar diez años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine’”.

“El desafío es garantizar la educación temprana, desde los dos años, sabiendo que cada paso de inversión y desarrollo integral fortalece el proyecto de vida y acentúa la igualdad como eje vertebral del derecho a la educación”, apuntó la presidenta de la Comisión de Educación. “La postura del Gobierno de la Ciudad sobre la educación pública, continuada en los doce años de gestión de Cambiemos, no sorprende, como tampoco las presiones al Poder Judicial. No obstante, estamos ante un fallo que retrasa, desinvierte y marca un antecedente que se contradice con la enorme tradición en esta materia de Argentina en la región y el mundo”, finalizó.