El Frente de Todos en el Senado dio media sanción a un proyecto que introduce una serie de modificaciones a la Ley 27.442, de Defensa de la Competencia. La iniciativa, impulsada por la correntina oficialista Ana Almirón, recibió 40 votos positivos y 26 negativos.

El texto, que ahora será girado para su discusión en la Cámara de Diputados, establece una serie de cambios sobre la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia, la cual a su vez se propone que funcione bajo la órbita de la Secretaría de Comercio Interior.

Entre las modificaciones, se busca que la designación de sus miembros ya no sea mediante un concurso público de antecedentes y oposición, sino por un “procedimiento público, abierto y transparente” dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo. Además, se elimina que la renovación de sus integrantes pueda ser “de manera escalonada y parcial”.

También se suprime la posibilidad de que el Tribunal de Defensa de la Competencia pueda “por decisión fundada expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos”.

El proyecto fue rechazado por los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal. En tanto, al Frente de Todos lo acompañaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones).

El debate

Abrió el debate la autora del proyecto y miembro informante como presidenta de la Comisión de Legislación General, Ana Almirón, quien expresó que la ley votada en 2018 “a los efectos de la práctica ha tenido ciertos obstáculos” para su aplicación; y lanzó que al momento de ser votada “teníamos ministros que eran dueños de los monopolios que se pretendían controlar”.

“Es necesario, imperioso, realizar estas correcciones”, opinó y enfatizó que el Tribunal de la Defensa “es un organismo de vital importancia para el cumplimiento de los objetivos y fines que tiene la ley”. Respecto de los cambios que se pretenden, la legisladora destacó “la posibilidad de que las organizaciones de defensa de consumidores y usuarios participen activamente en las resoluciones” del organismo.

La oficialista argumentó que “debemos tener un Estado presente, que tenga incidencia en la política de la competencia para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, ya que el Estado “no puede ser ajeno a la hora de establecer precios, de impedir monopolios” y debe figurar “democratizando las reglas de juegos” para que “pequeñas y medianas empresas puedan competir con el resto” en “un mercado que es voraz muchas veces”.

Almirón aclaró que la autoridad de aplicación “debe actuar con total independencia a la hora de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que debe tener el Estado”. “En todas las legislaciones del mundo el Estado es el que marca la política con respecto a la competencia”, indicó.

Respecto a las nuevas modificaciones que se incorporaron al dictamen, la senadora repasó que “ningún miembro (del tribunal), tres años previos de haber sido designado, puede haber sido asociado en consultoras o estudios que tengan relación con las empresas que van a ser controladas”.

También se lleva a cuatro años la duración en el cargo -era de cinco-, con posibilidad de reelección; se establece que el tribunal deberá remitir un informe anual al Congreso; y se abre un “marco de negociación con el Gobierno” para que la sede del tribunal se establezca en alguna provincia y no en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En contra de la iniciativa, la radical Silvia Giacoppo cuestionó la celeridad en el tratamiento del proyecto y las modificaciones introducidas incluso luego de la firma del dictamen. Sobre la iniciativa, señaló que la eliminación del concurso público para la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia “es una alerta” tal como “lo advierte la Unión Industrial Argentina” que, mediante una nota, pidió la vuelta a comisión del texto.

La jujeña remarcó que el dictamen que tenía “17 artículos, hoy tiene 25 artículos” y reveló que los miembros de la comisión recibieron un mail “a las 22.59 de ayer” con más modificaciones y “hoy a las 11.34” con otros cambios. “¿Por qué no tratamos como corresponde, siendo un tema tan importante?”, se preguntó.

Entre las incorporaciones al proyecto, Giacoppo calificó como “bastante preocupante” el “nuevo artículo 16 que agrega en el artículo 31 bis la figura de la Secretaría de Investigaciones y Estudio de Mercado y Fomento de la Competencia con amplísimas facultades. Esto es realmente preocupante”.

“En el recinto nos desayunamos cambios a última hora que solo nos levantan sospechas de la buena intención”, agregó, y anunció su voto negativo, al tiempo que pidió “que vuelva a comisión, que lo analicemos y discutamos”.

Autor de varias de las sugerencias que se tomaron luego de firmado el dictamen, el oficialista Oscar Parrilli apuntó que “el tema de la defensa de la competencia es un tema serio de la democracia” y que todos los gobiernos “no hemos dado todas las respuestas que el pueblo argentino necesitaba” para “evitar los monopolios, la concentración de la oferta, la concentración de bienes muy preciados como son los alimentos, los medicamentos, los medios de comunicación, internet”.

Entonces hizo autocrítica sobre la fusión de Multicanal-Cablevisión ocurrida bajo el gobierno kirchnerista: “Evidentemente no fue una correcta decisión la que tomamos, me hago cargo”. Y dijo que esa acción “permitió una mayor concentración”.

El kirchnerista puso como modelo que “en Estados Unidos la política es precisamente la que se mete en controlar y regular los excesos de los monopolios”; y fustigó a la oposición de que “quieren evitar que haya un control por parte del Estado y de la política”, y así “terminan haciendo un comunismo de pocos”.

Desde Juntos por el Cambio, el radical Martín Lousteau subrayó que “con leyes como éstas, como la que hoy vamos a modificar, Colombia, Chile, Nueva Zelanda bajaron 30% el precio de productos esenciales”. En otro tramo, mencionó que la OCDE aconseja que “lo que hay que hacer es liberar a estos órganos de la injerencia política, no estatal”.

“El Estado tiene que ser el que marque la política de la defensa”, afirmó el porteño y, en ese sentido, manifestó: “No queremos que (el Tribunal de Defensa) tenga injerencia política porque tiene mucho poder ese tribunal”.

Y evaluó que si “algunas concentraciones” son aprobadas y otras no “porque nos interesa, estamos haciendole un flaco favor a la ciudadanía”.

El opositor resaltó que “el 70% de esta Cámara votó a favor de esta ley, muchos de los que hoy van a votar estas modificaciones la votaron a favor”. “Al gobierno de turno le vamos a dar un enorme poder para que tenga la discrecionalidad, en lugar que la autoridad de aplicación sea un órgano técnico, independiente y descentralizado”, advirtió.

En el tramo final, el jefe del Frente de Todos, José Mayans, sostuvo que “el justicialismo pretende la justicia social para que cada persona tenga vida digna” y “un salario justo es un tema y precios justos también es otro tema”, ya que ambos conforman un aspecto “muy importante del desarrollo de la economía”.

“Esta ley como está es inaplicable”, aseguró y recordó que la autoridad de aplicación de la norma “en este momento no está funcionando”. “El tema de los monopolios no ayuda a una mejor formación de los precios y esto es vital en el tema de los servicios”, los cuales “en algunos casos son altísimos e impiden que el trabajador tenga servicios a costo digno”, observó el formoseño, que consideró “fundamental que esta autoridad de aplicación comience a funcionar”.

Finalmente, la oficialista María de los Ángeles Sacnun consideró que este proyecto “llega en un momento justo y oportuno, en el cual tenemos que tomar decisiones sobre cómo defendemos los derechos de consumidores, y a pequeños y medianos productores, a las PyMEs, a las cooperativas”.

“En los países del mundo que el senador (Martín Lousteau) admira o dice admirar en cada una de sus alocuciones, la selección de quienes integran esos organismos se hace exactamente de la misma manera que estamos proponiendo nosotros”, disparó.

Para la santafesina, los sectores que “promueven el alza de precios” son “los mismos que presionaron a nuestro Gobierno para ir hacia una gran devaluación” y los que quieren “disciplinar a la política, lo mismo que un sector del Poder Judicial”. “Queremos organismos del Estado que claramente funcionen y cumplan el rol que tienen que cumplir”, sentenció.

Las modificaciones a la Ley de Defensa de la Competencia

El proyecto con media sanción modifica el artículo 7 -que enumera los actos que se consideran concentración económica mediante toma de control de una o varias empresas-, al incorporar como inciso “f” el supuesto de “celebración de contratos o acuerdos asociativos, de colaboración, de organización o participativos de cualquier tipo, sea a través de estructuras societarias o contractuales, siempre que la entidad, contrato o estructura jurídica resultante cuente con las funciones plenas de una entidad económica autónoma”.

También reforma el artículo 9 al ampliar los supuestos de operaciones sujetas a notificación a la Autoridad Nacional de la Competencia, y se aclara que se tomará hasta el último controlante.

En los cambios en el artículo 14, en lo relativo al informe de objeción, se admite la posibilidad de que sea más de uno cuando la operación involucra a más de un mercado con problemas de competencia, o que como consecuencia de la investigación e instrucción de una determinada operación de concentración económica surjan problemas de competencia distintos a los contemplados en el primer informe. También se incorpora la posibilidad de que las partes presenten medidas que disipen los problemas que pueda generar la operación en uno o más mercados, sin necesidad de esperar la elaboración del informe de objeción.

A partir de la modificación del artículo 17, se incorporan los entes reguladores provinciales que ejercen regulación económica cuando la concentración económica de la que se trate involucre servicios que estuvieran sometidos a su regulación.

Se dispone que la Autoridad Nacional de la Competencia, organismo descentralizado y autárquico, funcionará en el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior.

Además, la iniciativa plantea que la selección de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia se realizará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el marco de “un procedimiento público, abierto y transparente que garantice condiciones de igualdad, paridad de género e idoneidad”. Se añade el requisito de recabar a la AFIP informe relativo al cumplimiento de las obligaciones impositivas de las personas eventualmente propuestas, preservando el secreto fiscal.

El texto prevé que para la selección de sus integrantes, la Autoridad Nacional de la Competencia “podrá requerirse opinión fundada a organizaciones de la sociedad civil y a expertos, profesionales y académicos con reconocida trayectoria y prestigio en la materia”.

La iniciativa propuesta por Almirón elimina la disposición de que la renovación de los miembros se haga “de manera escalonada y parcial”.

Se agregan a las funciones y facultades del Tribunal de Defensa de la Competencia la de aprobar la estructura orgánica, escalafón del personal y la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos en la ley y la de administrar los bienes que integren su patrimonio.

Se deroga el artículo 29, que disponía que “el Tribunal de Defensa de la Competencia, de conformidad con lo que establezca la reglamentación, podrá por decisión fundada expedir permisos para la realización de contratos, convenios o arreglos” que “a la sana discreción del Tribunal no constituyan perjuicio para el interés económico general”.

Otro de los aspectos es que se suman funciones y facultades de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas; y se añade el requisito de contar con el pronunciamiento de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor para los casos en que el Tribunal de Defensa de la Competencia intervenga como parte coadyuvante a los afectados de los hechos investigados.

Finalmente, se cambia el artículo 61 relativo al beneficio de exención o reducción de las sanciones o multas. Se añade, para el caso de corresponder exenciones de las sanciones previstas en los artículos 300 y 309 del Código Penal de la Nación y de las sanciones de prisión que pudieran corresponder, el requisito de que la investigación penal no se hubiera iniciado con anterioridad a la fecha del acogimiento al beneficio.