Luego de que la iniciativa original perdiese estado parlamentario al no obtener tratamiento, el diputado de JxC reintrodujo el proyecto con “respuestas superadoras a las modificaciones introducidas por la Cámara alta”.
El diputado nacional Alberto Asseff junto a sus pares Alicia Terada; Héctor Stefani; Pablo Torello; David Schereth y Adriana Ruarte presentaron un nuevo proyecto de extinción de dominio de los condenados por corrupción, luego de que la iniciativa original perdiese estado parlamentario al no obtener tratamiento.
Asseff explicó que “el proyecto lleva así más de tres años de trámite legislativo sin resolución, por lo que, ante la necesidad de otorgar a la Justicia herramientas eficaces para desfinanciar a las organizaciones criminales y resguardar el patrimonio estatal y atento que dicha normativa ejecutiva fue declarada invalida por la Comisión Bicameral de control permanente, presentamos este proyecto de ley con respuestas superadoras a las modificaciones introducidas por la Cámara alta, como así también actualizando y reviendo todo aquello que ha trabado y perjudicado el trámite ordinario”.
La norma propuesta por el titular del partido UNIR busca la extinción de dominio a favor del Estado nacional de bienes incorporados al patrimonio del demandado con posterioridad a la fecha de presunta comisión del delito investigado que, por no corresponder razonablemente a los ingresos de su tenedor, poseedor o titular, o representar un incremento patrimonial injustificado, permitan considerar que provienen directa o indirectamente de un acto delictivo.
El diputado de JxC explica que el destino de lo producido por los bienes sometidos a la acción de extinción de dominio ingresará a rentas generales de la Nación salvo cuando exista una asignación específica para su uso.
“La extinción de dominio constituye un instituto jurídico, autónomo e independiente de cualquier otro proceso, dirigido a eliminar el poder y capacidad de la delincuencia. La corrupción y los delitos contra la Administración Pública, el narcotráfico, la trata de personas, el terrorismo y demás delitos graves afectan el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y republicanas, causando enormes pérdidas para el Estado, en todas sus dimensiones, que, en definitiva, resultan en mayores costos para los ciudadanos”, concluye Asseff.
