Apoyos y críticas de constitucionalistas al proyecto del Gobierno sobre Emergencia Covid-19

Tras la defensa del Poder Ejecutivo a la iniciativa, especialistas constitucionales expusieron en un plenario de comisión del Senado. La constitucionalidad, la autonomía de las provincias y las clases presenciales, los principales puntos de discusión.

El plenario de las comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Senadores continuó este miércoles por la tarde con el tratamiento del proyecto oficialista que prevé establecer “los parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia Covid-19” con la opinión de abogados constitucionalistas que se diferenciaron entre apoyos a la iniciativa del Gobierno y otros que fueron críticos.

Luego de 4 horas de exposición de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, el plenario virtual volvió del cuarto intermedio a las 14.15 con la exposición de los letrados constitucionalistas Mariano Bar, Roberto Gargarella, Alejandro Fargosi, Domingo Rondina, Daniel Sabsay, Felix Lonigro y Andrés Gil Dominguez.

El primero en tomar la palabra fue el constitucionalista Bar que defendió el proyecto al considerar que “la delegación legislativa propiamente dicha, pareciera una delegación mínima, que también crea un acierto al proyecto”.

Además, agregó: “Considero que es así porque la mayoría de los supuestos que podemos enfrentar y las medidas a adoptar ya vienen dados por el propio texto de la ley”.

A propósito de las críticas que tildan la iniciativa de inconstitucional, Bar argumentó que “la relación en términos abiertos de los conceptos o las bases de la delegación legislativa no son suficientes para desacreditar la legalidad o la inconstitucionalidad del proyecto, porque lejos de ser una carta en blanco a mayor amplitud a la redacción también va a ser más restrictiva la interpretación”.

“Una situación de emergencia siempre habilita la opción de remedios que en condiciones de normalidad podrían llegar a no ser válidos. No quiere decir que las situaciones de emergencia quedan a la arbitrariedad del Ejecutivo, siempre están sometidas a criterios de razonabilidad y control, pero sí que se admite una cierta diferencia en las medidas que pueden tomarse en contextos de emergencia”, señaló el abogado.

A diferencia de Bar, el constitucionalista Roberto Gargarella sentenció al comienzo de su exposición: “Tengo muchos problemas con el proyecto”.

Uno de sus cuestionamientos fue sobre el texto de la Constitución acerca de cómo actuar en situaciones de emergencia y, al respecto, consideró que “hay un problema interpretativo”.

Para Gargarella, “el texto de la constitución en estas materias es extremadamente claro”. Por un lado, aseguró que “el primer criterio constitucional es de repudio a los DNU, pero no porque lo diga yo, es el texto claro de la Constitución que dice, en principio, que los DNU son nulos, de nulidad absoluta e insanable. Y en ese sentido es muy extrema la Constitución. Es el lenguaje de la Constitución”.

En el mismo sentido, siguió con las facultades delegadas. “Están prohibidas”, declaró. “La Constitución las repudia, y lo hace bien, y yo creo que es una medida de sentido común democrático, que estas cuestiones deben ser decididas colectivamente en el Congreso”, sostuvo el expositor.

En el mismo sentido que Gargarella, el abogado Alejandro Fargosi fue tajante en su crítica: “Con este proyecto está en juego la libertad, para lo que existe como garantía nuestra Constitución. También está en juego la autonomía de las provincias”, remarcó.

Entre otros de los puntos del proyecto que cuestionó, mencionó que “se menoscaba la garantía penal porque en el proyecto se crean nuevas figuras penales que están vagamente definidas por una conducta que sería delictiva hasta no lavarse las manos correctamente”.

Por su parte, el abogado constitucionalista Domingo Rondina sostuvo que “los DNU dictados por el presidente han sido de forma correcta” y además resaltó que sea el mismo Poder Ejecutivo el que envió el proyecto de ley porque “es un buen gesto porque se esté regulando, se está limitando en su accionar”.

Ante la polémica sobre si el proyecto es inconstitucional y si otorga mayores facultades al Ejecutivo, Rondina aseveró: “No puede decirse jamás que es un proyecto con delegaciones de super poderes”.

“En estos casos de pandemia, está recomendado que el ejercicio sea por el Ejecutivo y que sea controlado por el Congreso al igual que sucede con un DNU”, agregó. En esa línea, Rondina sostuvo que “ante una emergencia, este esquema es el más democrático posible porque da previsibilidad”.

En tanto, el constitucionalista Daniel Sabsay expuso su posicionamiento contrario al proyecto del Ejecutivo y planteó que “esta iniciativa de ley es contraria al artículo 29 que habla de la prohibición de la suma de poder público” e insistió: “Este es un proyecto de ley de delegación de facultades que supera de manera grosera el marco constitucional contemplado en los arts 76 y 29 de la Constitución Nacional”.

Al finalizar, Sabsay aseguró que “una ley que dispone restricciones arbitrarias sobre derechos y le concede al Poder Ejecutivo nacional la autoridad de imponerlos, desconociendo las autonomías, es inconstitucional”.

“Tambien lo serán los decretos que dicte el Presidente haciendo uso de esas facultades”, cerró.

A su turno, el abogado Félix Lonigro sostuvo que “este proyecto no purga la inconstitucionalidad del DNU del Ejecutivo porque la Corte determinó que es un problema de violación de autonomías locales”.

“El Congreso tampoco tiene la potestad de violar esas autonomías”, sentenció.

En tanto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez también afirmó que “no hay delegación en el corazón de la ley”, aunque luego admitió que “es una mini delegación que se le otorga al Presidente cuando se llegue a una alta intensidad de afectación del virus”.

“En base a proteger el acceso a la salud, se le otorga al Presidente la capacidad de asumir medidas más restrictivas, previa consulta con los gobernadores, previo informe de la autoridad sanitaria competente y por el término de 21 días”, declaró.

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