El proyecto de ley para establecer un cupo laboral para personas travestis, transexuales y transgéneros, cuestión reclamada desde hace años por este colectivo, obtuvo el aval en la Cámara de Diputados y fue girado al Senado.

Con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, la iniciativa denominada “Diana Sacayán-Lohana Berkins” logró un amplio acompañamiento, aunque no fue votada por unanimidad. El texto surgió de un consenso de más de una docena de propuestas presentadas por legisladores de diferentes bloques.

En ese sentido, los votos en contra fueron de los diputados del Pro Juan Aicega, Federico Angelini, Jorge Enríquez, Alejandro García, Osmar Monaldi, José Luis Patiño, María Carla Piccolomini, Dina Rezinovsky, Francisco Sánchez, David Schlereth y Pablo Torello. Se abstuvieron Héctor Baldassi, Javier Campos, Alicia Fregonese, Gustavo Hein, Humberto Orrego, Luis Pastori y Carmen Polledo, todos de Juntos por el Cambio.

Abrió el debate la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (FdT), quien recordó que el Poder Ejecutivo plantó un antecedente con un decreto sobre cupo laboral trans. “Hay una urgencia que fue rápidamente reconocida desde nuestro Gobierno”, destacó.

Esta ley apunta a “darle más estabilidad a esta política y poder generar también un hecho político muy merecido”, señaló la diputada, que resaltó que “la militancia transfeminista viene transitando una larga historia y ha demostrado, hemos demostrado, una capacidad colectiva de convertir a los problemas en políticas, y a la exclusión y la violencia, en orgullo, encuentro y victorias”.

“No hay otro motivo del desempleo estructural de la comunidad travesti-trans más que su identidad de género”, aseguró la oficialista, que apuntó que “es la violencia patriarcal que se traduce en desigualdades, estereotipos, odios, exclusiones y discriminación” y las personas travestis-trans “son sometidas a una violencia estructural que articula género, clase y racismo social”.

Macha argumentó que esta medida “viene a reconocer algo negado, viene a que una población excluida tome lo que es suyo y que nunca debió haber sido arrebatado”. Y dio cifras la realidad de este colectivo: “El 80% de la comunidad está en prostitución. El 95% de la comunidad no tiene empleo formal. El 90% sufre violencia por motivo de género. Y la expectativa promedio de esta comunidad es de 40 años”.

Visiblemente emocionada, la cordobesa Gabriela Estévez (FdT), autora de uno de los tantos proyectos presentados al respecto, le agradeció a los militantes del colectivo presentes en los palco y les dijo: “Sé que tenemos una enorme deuda con ustedes. Seguimos transitando ese camino de reparación, que comenzó en el 2004”.

En ese sentido, recordó que el presidente Néstor Kirchner “convocó al colectivo” y “los convocó a ser parte de la agenda”. También ponderó el rol de “las Madres de Plaza de Mayo, que de la mano de Lohana y Diana construyeron el derecho a la identidad de género como un derecho humano”.

La legisladora oficialista mencionó además que el cupo laboral trans ya está presente “en siete provincias y más de 50 municipios, el último en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Cruz del Eje”.

Desde la oposición, el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI) se refirió a quiénes cuestionan el momento para aprobar un proyecto de este tipo y consideró que “cualquiera sea el momento histórico este Congreso está habilitado para el reconocimiento y la ampliación de derechos”.

Más allá del decreto del Gobierno, “es nuestro deber como Parlamento el reglamentar”, subrayó el legislador, y agregó que contiene “un claro fundamento constitucional”, presente en el artículo 75, inciso 23, de la Carta Magna que indica que “debe este Congreso sancionar acciones positivas para garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato”.

“Son leyes que construyen y reconocen ciudadanías, leyes democráticas y sociales, leyes de derechos humanos y en especial a un colectivo, leyes reparatorias y de progresividad de derechos”, manifestó el porteño, que mencionó que el proyecto se aprueba a tres meses de la desaparición de Tehuel De la Torre, “otra víctima del odio travesti-trans que recorre el mundo”.

A su turno, la cordobesa Brenda Austin (UCR) expresó que estamos hablando de “un colectivo que se encuentra en la mayor situación de vulneración de derechos”. También aportando datos, precisó que “6 de cada 10 mujeres trans y 7 de cada 10 varones trans abandonaron la escuela, y esto tiene mucho que ver con al discriminación que reciben y perciben de la sociedad”. Esta iniciativa “es una reparación que merece” un colectivo que “ha transitado la marginalidad desde el hostigamiento de la sociedad”, agregó la diputada.

Argumentando su abstención, la diputada Carmen Polledo (Pro) explicó que el primer artículo de la Ley de Identidad de Género contempla que “toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género y a ser tratada e identificada de acuerdo a ello”, por eso “con la buena intención de favorecer la inclusión laboral, optar por un sistema de cupos implica desconocer esos derechos y generar un acto discriminatorio”.

Según la macrista, “al obligar a cumplir un cupo, deviene imprescindible la creación de un registro, como el que efectivamente se propone” y “para alguien que ha logrado que se le reconozca su identidad autopercibida, incluso en su documento” el hecho de que “para acceder al empleo deba inscribirse en un registro de personas es dar un paso atrás, con el que gran parte de ese colectivo no está de acuerdo”.

Al anticipar su voto en contra, el diputado Alejandro García (Pro) contó que durante la discusión en comisión había hecho un par de planteos que le permitían no acompañar el proyecto. Señaló que entre los fines que persigue la ley “también está el acceso a la administración pública a través de esta ley”. En ese sentido, recordó que “existe una normativa de fondo que establece requisitos para el ingreso, impedimentos, y lo que traté de señalar en esa oportunidad es lo que hoy quiero reiterar y que me impide el acompañamiento”.

“La Ley de Empleo Público, la 25.164 establece condiciones de conducta, idoneidad para el cargo”, comentó, detallando algunos de los impedimentos para acceder a la función pública, y si bien acordó con la norma puesta en discusión respecto de la no discriminación, advirtió que no concordaba con el párrafo que dice: “A fin de garantizar su permanencia en el empleo, no podrán ser valorados los antecedentes contravencionales. Asimismo los antecedentes penales de los/las postulantes que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral”.

Ahí, el porteño apuntó que tenía un problema que no podía soslayar: “Me parece un pésimo antecedente que este Cuerpo se atribuya per se cuáles son los delitos de relevancia y cuáles no lo son”.

En el tramo final, la diputada Carla Carrizo (UCR) reivindicó “este proyecto que, lamentablemente llega tarde, y no hay que preguntarse si es oportuno aprobar esta ley, sino que debemos saber que llegamos tarde y por eso desde el radicalismo de la Capital vamos a apoyar y seguir militando para que además de esta ley, haya programas que contenga al colectivo trans en todo el país”.

En respuesta al diputado García que votó en contra por el artículo 7, que se refiere a no tener en cuenta los antecedentes contravencionales y penales en relación a las contravenciones, Mara Brawer (FdT) defendió: “Los edictos policiales ordenaban detener a las personas travestis y trans. Por eso, yo celebro el artículo 7 que dice que no se tengan en cuenta las contravenciones, porque justamente en nombre del Estado tenemos que pedir perdón por esas contravenciones”, lo que generó el aplauso en el recinto y las gradas.

Y continuó: “Mucho menos tener en cuenta los antecedentes penales porque la mirada del Estado hacia los trans fue de una cacería tremenda”.

Cerró el debate la diputada Cristina Álvarez Rodríguez (FdT), quien sostuvo que “sabemos que esta pandemia que estamos atravesando profundiza tremendamente la desigualdad preexistente. Pero el colectivo travesti-trans está más en riesgo que nunca”.

Destacó por otra parte que “hace muy poquito con el decreto 721 del presidente Alberto Fernández se puso este cupo del 1% en el Estado Nacional, y Sergio Massa, nuestro presidente de la Cámara de Diputados, puso este programa que hace que hoy 18 compañeras de las 400 compañeras/compañeres que enviaron sus currículums estén trabajando con nosotros y sean más. Hasta que tengamos el 1% de la Cámara”.

Qué prevé el proyecto

El proyecto de ley tiene por objeto “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina”.

Se establece que “el Estado Nacional, comprendiendo los tres poderes que lo integran, los Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y sociedades del Estado, deben ocupar en una proporción no inferior al 1% de la totalidad de su personal con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes”.

La iniciativa indica que los organismos tendrán que “establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por personas travestis, transexuales o transgénero” y “asimismo, reservar las vacantes que se produzcan en los puestos correspondientes a los agentes que hayan ingresado” bajo el régimen de esta ley. No obstante, aclara que el cumplimiento de la norma “en ningún caso debe implicar el cese de las relaciones laborales existentes al momento de su sanción”.

Al igual que había dispuesto el Poder Ejecutivo el 4 de septiembre del año pasado por decreto, el proyecto prevé que “el requisito de terminalidad educativa no puede resultar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo”. En caso de que los aspirantes no hayan completado sus estudios, se les “permitirá su ingreso con la condición de cursar el o los niveles educativos requeridos y finalizarlos”, para lo cual la autoridad de aplicación deberá garantizar el acceso.

Algo no contemplado por el decreto 721/20 pero que sí incorpora la iniciativa legislativa es que “los antecedentes penales de las/os postulantes, que resulten irrelevantes para el acceso al puesto laboral, no podrán representar un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo considerando la particular situación de vulnerabilidad de este colectivo”.

“Toda persona travesti, transexual o transgénero tiene derecho al trabajo formal digno y productivo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación por motivos de identidad de género y/o su expresión”, agrega el articulado.

Por otra parte, se establece que tendrán prioridad en las contrataciones del Estado aquellas empresas que cumplan con el cupo trans; en tanto se estipulan incentivos para el sector privado, tales como que “las contribuciones patronales que se generan por la contratación de las personas beneficiarias de la ley podrán tomarse como pago a cuenta de impuestos nacionales”.

Dicho beneficio tendrá la duración de un año y, en el caso de micro, pequeñas y medianas empresas el plazo se extenderá a dos años. En tanto, el Banco de la Nación promoverá “líneas de crédito con tasa preferencial para el financiamiento de emprendimientos productivos, comerciales y/o de servicios, individuales o asociativos, destinados específicamente a personas solicitantes travestis, transexuales y transgénero”.

El proyecto contempla la creación del Registro Único de Aspirantes y, por otro lado, de una Unidad de Coordinación interministerial para garantizar la implementación integral y coordinada de la norma.

“El incumplimiento total o parcial de la ley por parte de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables, constituye mal desempeño en sus funciones o falta grave, según corresponda”, indica.

Además de invitar a adherir a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, también se invita a adoptar la norma a las Universidades Públicas.