A una semana de su presentación en la Legislatura porteña y con un tratamiento exprés, las Comisiones de Planeamiento Urbano –a cargo del oficialista Daniel Del Sol (VJ)- y la de Presupuesto –presidida por el diputado Claudio Romero (VJ)- firmó el dictamen favorable de un convenio entre el Gobierno de la Ciudad y la empresa IRSA S.A, el cual permitirá que se avance con la construcción de edificios en la Costanera Sur, en el predio de la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.

La reunión, que se realizó este lunes de manera presencial y virtual, comenzó con fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición al respecto de una delicada situación judicial, dado a que desde el Observatorio de Derecho a la Ciudad presentó una cautelar para frenar el tratamiento de la medida. Es por ello que el juez Guillermo Martín Scheibler suspendió la feria judicial y dio lugar a la petición del mencionado organismo; sin embargo, en las últimas horas el juez Martín Miguel Converset  dio marcha atrás y estableció que “nada impide la celebración de la segunda reunión conjunta” entre ambas Comisiones para llevar adelante el debate del proyecto.

El mayor punto de conflicto estuvo en este punto, dado a que en ninguno de los dos fallos la Legislatura porteña fue informada al respecto de cómo debía proceder.

En este contexto, el legislador del Frente de Todos (FdT) y vicepresidente primero de la Comisión de Planeamiento Urbano, Javier Andrade, planteó su preocupación por “la forma en la que estamos llevando el trabajo legislativo, se avanza en definiciones de una manera que no es correcta y sin tener en cuenta a las autoridades de la Legislatura y de la Comisión. Cuando nos conviene hacemos caso a la Justicia y cuando no nos conviene no”.

“No entendemos como ante esta situación y después del antecedente de Costa Salguero siguen con estos proyectos… creímos que iban a recapacitar y que no iba a haber de estos proyectos”, aseveró.

Al mismo tiempo que Matías Barroetaveña (FdT) aseguró que no lo sorprendió la celeridad con la que fue tratado el proyecto –que ingresó al Parlamento el 20 y el 23 se realizó la reunión informativa-: “sabíamos que iban a avanzar así, esta es la forma de gobernar que tienen y a uno esto lo indigna porque salen a los medios de comunicación a plantear la dicotomía entre democracia y dictadura. Nosotros siempre fuimos respetuosos con la libertad de poderes”, indicó.

Asimismo planteó que “ya no nos sorprende nada, después de haber ido en contra de un fallo que protegía la salud de los chicos, ya no hay nada que sorprenda. Tenemos una Legislatura que día a día viene atropellando la capacidad de participación de los vecinos” y precisó que “este convenio se firmó el 19 de este mes, al otro día lo presentaron en la Legislatura porteña y al día siguiente hubo una reunión informativa… es un atropello absoluto y está claro que no se hicieron los estudios pertinentes”.

Por su parte el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas, expresó que “lo que nosotros lamentamos es la posición de algunos representantes del pueblo, que deciden darle validez a una precautelar que dice que nosotros no podemos hacer esta reunión, eso es preocupante”  y remarcó que “nosotros respetamos los fallos de la Justicia, inclusive cuando son una barbaridad jurídica, pero hay que tener en cuenta las formalidades”.

 “Nos hablan de la celeridad del proyecto, también fue acelerado el accionar de este juez, se aparta del consejo del fiscal y falla en menos de 48 horas. Toman la parte de la realidad que quieren construir”, añadió y en relación al proyecto concluyó señalando que ve “un proyecto que sobre tierras de un privado, el Gobierno de la Ciudad recupera tierras de espacio público para los vecinos. Pretender que el proyecto hace cosas que el convenio no dice, como torres de lujo o un nuevo Puerto Madero, no sé qué fin persigue, no lo entiendo”.

El acuerdo en cuestión busca cambiar la actual normativa que rige en los terrenos -que solo permite la actividad deportiva- para habilitar nuevos usos del suelo como los de viviendas y comercios. Lleva la firma de funcionarios de la administración porteña y el privado, dueño del predio de 71 hectáreas, y prevé reemplazar los espacios verdes por edificios de alta categoría.

A modo de contraprestación por la reforma a cargo de la Legislatura, IRSA cederá a la Ciudad 41 hectáreas que serán destinadas a un espacio de acceso público y cuyo mantenimiento estará a cargo de la empresa por diez años, según se desprende del convenio.