Tras un intenso debate, de casi tres horas, el oficialismo en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, presidida por el oficialista Leonardo Grosso, pasó a la firma el proyecto de ley de gestión integral de envases, enviado por el Gobierno.

Pese a las fuertes críticas de la oposición, por parte de Juntos por el Cambio y también de la diputada Graciela Camaño de Consenso Federal, el Frente de Todos avaló el texto original, que fue defendido por funcionarios.

Además de los representantes del Poder Ejecutivo, este martes expusieron especialistas, titulares de cámaras empresarias y una recicladora urbana.

Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría, paradójicamente, teniendo como antecedente una propuesta impulsada años atrás por legisladoras del Frente para la Victoria.

Ahora resta que el proyecto sea debatido en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y eso será este miércoles a partir de las 13, ya que fue incluido en la agenda.

El punto más objetado fue la creación de una “Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP)” que prevé la iniciativa, más allá de que el viceministro de Ambiente, Sergio Federvisky, defendió que se aplicará a aquellos productores que no implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado el Ministerio.

Entre los objetivos, el proyecto busca aumentar la cantidad y variedad de materiales recuperados de los productos y minimizar el impacto ambiental de los residuos; al tiempo de alentar a los productores a asumir las responsabilidades extendidas de recolección, reciclaje y diseño de productos y envases con mayor nivel de reciclabilidad, mediante distintos incentivos.

El destino de la TAREP irá a crear un fideicomiso que será administrado por la banca pública y será destinado a fortalecer los sistemas públicos de gestión de envases, promover la inclusión de las y los recicladores, impulsar la valorización de los envases y fomentar el desarrollo del ecodiseño, entre otros objetivos.

Asimismo, los productores podrán desarrollar sus propios sistemas de recolección y reutilización.
Al cierre de las exposiciones de los invitados, Federvisky valoró el “compromiso del Poder Ejecutivo” en esta materia, porque “habla de la intención de que haya una política de Estado en materia ambiental”, política que “no se configura apenas con una ley”.

En ese sentido, criticó a la gestión anterior: “Para combatir el flagelo de los 5.000 basurales a cielo abierto, flagelo cuya responsabilidad le cabe a todos los gobiernos de los últimos 20 años, este Gobierno tuvo que levantar desde el fondo del mar un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 150 millones de dólares que la gestión del rabino Sergio Bergman había subejecutado a un 18% de su total”.

Para el viceministro de Ambiente, “el nudo de la discusión es cómo se financia una política pública de estas características, y creo yo que la palabra tasa ahuyenta a determinados sectores y provoca urticaria y también dificultades para la lectura”. Entonces, aclaró que esa tasa será “obligatoria para aquellos que no tengan un sistema de gestión”, por lo que “claramente la opción está dada”.

“Se dijo que la tasa funcionaría como algo que exime de responsabilidad. Yo interpreto que el productor que paga la tasa no se estaría sacando el problema de encima”, consideró, al tiempo que rechazó un sistema de gestión privada: “Nos parece que la condición de un sistema mixto es central para esto”.

Durante el encuentro, la diputada radical Brenda Austin cuestionó que el proyecto no haya sido girado a la Comisión de Industria y que “al llegar aquí nos anoticiamos con que había una lista de invitados”, teniendo que convocar en muy poco tiempo a expositores que tienen una opinión distinta sobre la iniciativa.

Sobre la tasa que prevé el texto, la vicepresidenta de la comisión advirtió que “hay sectores que prefieren pagar la tasa, este nuevo impuesto que está promoviendo este dictamen que someten a discusión, antes que realmente entablar un compromiso con gestión integral”. “Pareciera ser que con solamente pagar la tasa el productor está exento de responsabilidad”, agregó.

Austin anticipó que desde el interbloque opositor presentarían un dictamen de minoría que reúne “un trabajo muy extenso, muy profundo, en el que se escucharon todas las voces” y que comenzó años atrás, porque “consideramos que es importante que el Congreso avance en una legislación” y “tengamos un marco normativo”, pero no en los términos que propone el Ejecutivo.

Muy crítica, la diputada Graciela Camaño destrozó el proyecto y afirmó que “no pasa el test de constitucionalidad”. La diputada de Consenso Federal se expresó a favor de “una ley de responsabilidad extendida de los productores”, pero “con esto no lo estamos resolviendo”.

“Se va a crear una tasa que va a desincentivar la posibilidad de que tengamos un ambiente sano; pero además va a vulnerar a las provincias”, enfatizó. Sobre ese último punto, se refirió a que los recursos del fondo fiduciario que se crea los repartirá Nación a los municipios “pasando por arriba a las provincias”.

Al lamentar que no se arribe a un proyecto consensuado, la legisladora señaló además, sobre los recicladores urbanos, que “van a seguir siendo trabajadores en negro, porque no somos capaces ni siquiera de poner un párrafo que diga que van a tener ART o las posibilidades de tener un servicio médico cuando les pasa algo”.

“(El proyecto) tiene delegaciones en el Poder Ejecutivo como ningún otro proyecto. ¿Qué creen que van a ser Gobierno siempre?”, exclamó en otro tramo.

A favor de la iniciativa, el oficialista Federico Fagioli manifestó que “es una alegría estar tratando este proyecto” porque “integra a todos los sectores”. “Este proyecto contiene a las trabajadoras y trabajadores cartoneros. La inclusión social no tiene que ser un eslogan, tiene que ser real con inversiones en los sistemas locales de reciclado. Esta ley es fundamental y tiene un carácter integral”, afirmó, al tiempo que observó que “no podemos avanzar en ningún tipo de política que no contemple la agenda ambiental”.

Por su parte, el legislador radical Gustavo Menna denunció que “se ha obturado la consideración de los proyectos que estaban presentados hace mucho tiempo” y esta iniciativa en particular tuvo “un no tratamiento” en asesores. “Este proyecto va a contramano de lo que es la tendencia mundial, hay pocos países que sostienen esta metodología”, criticó el chubutense y enumeró los puntos en contra que tiene el texto.

En el cierre del extenso debate, el presidente de la comisión, Leonardo Grosso aclaró que “no estamos pasando por encima de ninguna provincia ni de la Constitución”, y “es necesario que empecemos a avanzar en esta discusión” porque “hay una cantidad importante de productores y productoras que están de acuerdo”.

Asimismo, la ley “tiene una experiencia enorme detrás, que es la de los cartoneros. No podemos pensar ninguna política ambiental si no tenemos en cuenta a quiénes son los sujetos sociales que llevan adelante una de las principales soluciones para esa política ambiental”.

La voz de los invitados

En primer lugar, Candela Nassi, jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, destacó que el proyecto “incluye al reciclado inclusivo” y fue elaborado durante “un amplio proceso participativo” con “los diferentes actores en la cadena de recuperación”.

La funcionaria resaltó que la iniciativa incluye “el principio de responsabilidad extendida del productor”, de modo que sean “responsables por la gestión y el financiamiento” de los envases, “incluso en la etapa del posconsumo”. Y mencionó también los principios de gradualidad, de la cuna a la cuna, de proximidad, y de simplificación de procedimientos.

Al explicar el proyecto, Nassi se refirió a uno de los puntos más criticados, como es la “tasa ambiental”: “La tasa está de alguna manera trabajada en forma muy exigua en el proyecto, pero también contundente en cuanto se establece una fórmula que puede ser actualizada por la autoridad de aplicación juntamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo”.

“Creemos que la tasa es realmente un diferencial de otros proyectos, porque la fórmula surge de un trabajo interdisciplinario y con diferentes actores que tienen que ver con el mercado de los envases”, sumó.

Luego fue el turno de Sergio Hernán Hilbrecht, gerente de la Cámara Argentina de la Industria Plástica, quien se manifestó a favor. “Debido a la falta de gestión y tratamiento, muchos de los plásticos posconsumo terminan en basurales a cielo abierto o en lugares clandestinos”, señaló.

Para el expositor, “no es muy difícil que esto funcione, es simplemente voluntad política y de parte de algunos sectores industriales hacer el aporte”. “Hay que erradicar los basurales a cielo abierto, esto genera un impacto más que negativo en el medioambiente, más que negativo en los vecinos que viven en lugares aledaños, y por supuesto para las condiciones de trabajo de las cooperativas”, aseveró.

En nombre de los recicladores urbanos, Jaqueline Flores, secretaria de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores, habló de “muchos años de lucha, de siempre pensarnos siendo parte de la solución”. “Nadie se merece perder la vida en un basural a cielo abierto”, enfatizó, al destacar que se debata “una ley de envases con inclusión social”.

La trabajadora se manifestó a favor de “una ley que ordene la responsabilidad de todos los sectores” y apunte a “dignificar el trabajo” que diariamente realizan los recicladores en los 5.000 basurales a cielo abierto que hay en el país.

Flores subrayó que en la Ciudad de Buenos Aires hay “un sistema de reciclado que actualmente es premiado en el mundo”, pero “nuestra patria es mucho más grande”. En ese sentido, pidió que “nos permitan que esta ley sea una realidad, porque le van a cambiar la vida a más de 200 mil cartoneros y cartoneras de Argentina, quienes sin nada recuperamos diariamente 50 mil toneladas, evitando que Argentina colapse. Pero sobre todas las cosas lo que pretendemos a través de esta ley es que nos comiencen a ver como lo que siempre hemos sido: trabajadores y trabajadoras de la economía popular.

A favor del proyecto alternativo de Juntos por el Cambio, Consuelo Bilbao, directora del Círculo de Políticas Ambientales, recordó que esa iniciativa “se empezó a tratar en el 2014 en el ámbito de la Secretaría de Ambiente”, por entonces bajo la presidencia de Cristina Kirchner, e incluso fue presentado por una legisladora del Frente para la Victoria y dictaminado en comisiones en la gestión de Cambiemos.

“Es una buena oportunidad para que se traten de unificar proyectos o se considere lo que se viene trabajando hace siete años en el Congreso”, consideró y sobre el proyecto del Ejecutivo apuntó: “No lo vemos eficiente”. “No queda claro en el proyecto en función de qué se va a aplicar esa tasa, por qué el Estado se va a hacer cargo de esa tasa y después va a distribuir a los municipios”, enumeró, al tiempo que subrayó que “en el mundo funciona mucho mejor cuando son las propias industrias productoras de los envases las que se encargan de reciclar”.

En la misma línea, Florencia Canzonieri, de la Cámara de Industria de Bebidas sin Alcohol, coincidió en tener una ley de envases, pero que sea una “normativa que nos permita trabajar” y “un modelo que no implique solo el aporte financiero, sino el involucramiento de las empresas”. “Estamos de acuerdo con un esquema inclusivo, esto ya se viene haciendo. No estamos de acuerdo con crear un nuevo tributo, con que lo del sistema de tasa sea lo que funcione”, explicó y reclamó “una ley que sea a favor de todos”.

Desde la Unión Industrial Argentina, Claudio Terres, opinó que “sería una pena que el proyecto salga así como está, sobre todo cuando faltan algunos aspectos a considerar”. Al respecto de la tasa, pronosticó: “Esto va a encarecer los productos, va directamente al costo y, en definitiva, el que lo va a pagar es el consumidor final”.

Además, “no sabemos si nos va a asegurar un buen sistema de gestión, para poder justamente separar en origen, recolección diferenciada, punto verde, y volver a utilizarlo en la industria y que sea materia apta”, sostuvo el presidente del Departamento de Ambiente de la organización, que explicó que “el material recuperado se deteriora cada vez más, llega a las fábricas deteriorado, porque no hay capacitación al recolector urbano, no hay instrucción, no hay formas de mejorar las condiciones. Hoy se rechaza el 20% del material reciclable, años atrás era el 10%”.