Al filo del vencimiento de la Ley 26.160, de Emergencia de Tierras Indígenas, el oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja dio dictamen favorable al proyecto -con media sanción del Senado-, pero desde Juntos por el Cambio presentaron un dictamen de minoría.

En un debate álgido, la oposición cuestionó que el Gobierno nacional vaya a extender la norma por decreto de necesidad y urgencia, cuando se está debatiendo en el Congreso, pero desde el Frente de Todos se defendió que faltan solo seis días para que caiga la ley y, además, eso no impedirá votar el proyecto.

Al comienzo de la discusión, la chaqueña Lucila Masin (FdT) destacó que la Ley 26.160 “es la primera y única política pública que trata el derecho” de los pueblos originarios, y su prórroga es necesaria “para que podamos avanzar con el relevamiento”, realizado actualmente sobre 998 comunidades, aunque restan 762.

En la misma línea, la salteña Alcira Figueroa (FdT) resaltó que en el país “hay más de 300 conflictos territoriales” y “esta ley viene a ser una respuesta inmediata del Estado para frenar los desalojos y conflictos”, por eso “es una ley urgente y necesaria”. Además, abogó por dar el debate de “una ley de propiedad comunitaria indígena”.

Desde la izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano (FIT) se quejó que la prórroga no haya sido votada antes, cuando “hace semanas que las comunidades están acampando” frente al Congreso, y “le pidieron a Sergio Massa (el presidente de la Cámara) una sesión antes de las elecciones”. También rechazó la “criminalización” hacia los pueblos originarios.

Al explicar el dictamen de minoría propuesto desde Juntos por el Cambio, el chubutense Gustavo Menna (UCR) sostuvo que “esta norma no puede considerar el concepto de actualidad”, además de “entrometernos en las decisiones de otro poder” al “suspender sentencias de desalojo” de la Justicia.

Para el radical, hay que “ponerle un tope temporal”, al tiempo de involucrar a las provincias y los municipios en los relevamientos. También subrayó que hay que contemplar “el derecho a ser oído que tiene el propietario que eventualmente puede ser desalojado”.

Por otra parte, el legislador opositor cuestionó que se vaya a dictar la prórroga hasta 2025 por DNU, porque no existe “circunstancia excepcional”. “¡Se la han pasado gobernando por decreto!”, fustigó, y apuntó que el presidente Alberto Fernández lleva firmados “170 con decretos con contenido legislativo, entre los de necesidad y urgencia y los de facultades delegadas”. “Es un papelón y una falta de respeto al Congreso y nuestra investidura”, añadió.

Recogió el guante el presidente de la comisión, Carlos Heller (FdT), que le preguntó: “¿Realmente usted cree que estamos en condiciones de convocar a sesión antes del 23 de noviembre, día que cae la ley? Nadie está diciendo que vamos a reemplazar la ley con un decreto”. Pero sí aclaró que “parece poco probable” que vaya a haber sesión antes de esa fecha, y que el decreto se publicara “para que el Parlamento tenga los tiempos que corresponde para tratarlo”.

Otro opositor que habló fue el neuquino David Schlereth (Pro), quien advirtió que “en los últimos cuatro años han pasado hechos gravísimos” y esta prórroga “lejos de conducirnos a resolver un problema, va a tender a agravar episodios que ya están sucediendo”.

El macrista habló de “otros actores que nada tienen que ver con las comunidades” que, por la “ambigüedad” de la ley y el “sesgo” con que es aplicada, “se han aprovechado de esta situación y están generando caos, violencia, usurpaciones ilegítimas”.

En igual sentido, el chubutense Ignacio Torres (Pro) denunció que los grupos violentos están “avalados y financiados por sectores de este Gobierno” que lo que hace es “avalar la violencia en vez de defender a las víctimas”.

Más tarde, la salteña Lía Caliva (FdT) rechazó que se hable de “terroristas” y que se vincule a ciertos grupos violentos con los pueblos originarios. Asimismo, calificó como “una vergüenza que en el año 2016 solo hubo 7 relevamientos y 10 en el 2017”. “Sin embargo, en plena pandemia, en 2020, hubo 48. Se está avanzando”, diferenció. “Esta ley va a ayudar a resolver los conflictos”, afirmó.

En coincidencia, el neuquino Alberto Vivero (FdT) expresó que la ley es “necesaria”, aunque admitió que “no es una ley que sirva para resolver los problemas de fondo” sobre el conflicto territorial, pero sí “nos va a servir como ordenador”.

El proyecto prorroga la norma actual hasta el 23 de noviembre de 2025 y dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad, se deberá asignar al Fondo Especial creado por la Ley 26.160 una suma de 290 mil millones de pesos.

La actual ley fue sancionada en 2006 y extendida por cuatro años más en 2009, 2013 y 2017.

Según un informe publicado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en febrero 2021, unas 1.756 comunidades originarias fueron registradas dentro del territorio de la República Argentina e inscriptas en el INAI, de las cuales 989 ya tienen sus carpetas técnicas y 767 son las que restan relevar, principalmente ubicadas en el norte del país.