La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por Martín Doñate (FdT – Río Negro) mantuvo una “última” reunión de forma virtual que tuvo picos de tensión por momentos, puntualmente con el expediente ante el pedido de respuestas al procurador general interino, Eduardo Casal, sobre las medidas disciplinarias a los fiscales Stornelli, Marijuan y Rívolo por las reuniones que mantuvieron con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También aprobaron el informe anual 2021.

Ni bien iniciada la reunión, el aire se tornó caliente luego de leer la primera respuesta de Casal con fecha 2 de junio “sobre medidas disciplinarias a los fiscales Carlos Stornelli, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo por reuniones mantenidas con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2017 y 2018, dadas a conocer a través de una investigación periodística”, en la cual contestó que “este despacho no tenía conocimiento sobre la realización de esas reuniones y no se tienen registros de las mismas por lo que se dio inicio a un seguimiento”.

En ese momento interrumpió la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien pidió que “al haber transcurrido 5 meses de la respuesta se podría ver si hay alguna actualización o movimiento en esas actuaciones disciplinarias, si alguno de los fiscales hizo uso de informar en ese marco y que se debería tener una copia de esas actuaciones para dar continuidad a los trámites esta respondido, pero falta el acompañamiento de las actuaciones y deberíamos pedir actualizaciones de los expedientes”.

A sus dichos se sumó Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) quien enfatizó: “Me parece que hay que pedirle al procurador que nos envíe todas las actuaciones, haga o no uso de la posibilidad de hacer un descargo; tenemos que contar con toda la información”. Y acotó: “No debemos olvidar que el doctor Casal reprochó a un grupo de fiscales que se habían reunido con (el ministro de Justicia, Martín) Soria y alegó que la representación institucional la tenía él y, si bien no inició una actuación administrativa, se asemejó mucho”, ante lo que cuestionó: “Acá hay un tratamiento distinto y no tiene la misma actitud. Me parece tiene que salir el pedido a Casal para que remita la totalidad de las actuaciones del tema”.

Por el contrario, el diputado del Pro Jorge Enríquez (Ciudad de Buenos Aires) acotó que “los expedientes disciplinarios son reservados y la comisión no tiene facultades para interiorizase en eso. La reunión de las fiscalas no se puede hacer por esa vía sino de poder a poder”, y agregó: “Estamos traspasando el rol que tenemos”.

En tanto, la diputada Siley retomó la palabra y leyó: “Se dio inicio a las actuaciones en cuyo marco se incorporó las copias y se puso en conocimiento”, y criticó que “esto sucedió hace 5 meses y no se conoce el curso y solicitó una actualización y bien puede el procurador enviar copias que se pueden mantener reservadas o informar el estado de situación actualizada. Las dos cosas son legales y legítimas”.

Recogió el guante Enríquez, para responderle: “Me parece que se puede pedir información del grado de avance, pero no ir sobre el contenido”.

Por consiguiente, Tailhade cuestionó al referente del Pro porque “se contradijo y dijo algo distinto”, y enfatizó: “Tenemos altas facultades porque controlamos el Ministerio Público, así de sencillo tenemos acceso a esa información. ¿Quién va a tener acceso? ¿Ellos? ¿El Pro? Veo que el diputado Enríquez sabe mucho del trámite interno que tuvo el expediente. No tenemos que dejar que nos tomen el pelo, en todas las notas nos toman el pelo. Debería darse en un marco mínimo de respeto”.

Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) ironizó: “Parece que una y otra vez hay que recordarles que somos una comisión de seguimiento”, y aclaró: “Nosotros somos los responsables de leerles las notas, no podemos caerle al procurador por eso. Preguntar cómo va el trámite nadie se opone, pero querer meterse en que manden todo de una cuestión privada y disciplinaria no estamos de acuerdo”.

En el medio, Enríquez explicó a Tailhade: “Se rechazó lo de las fiscales, adhiriendo a Silvia Elías de Pérez de que existe una denuncia por mal funcionamiento cualquiera sea su entidad de un miembro debe remitirse a los antecedentes a la Comisión de Juicio Político sin involucrar al procurador general”.

Brevemente Mara Brawer (FdT – CABA) aclaró que “lo que está en juego es si los pedidos de informes o llamados de atención va de acuerdo de quién se trata”.

Por su parte, el radical porteño Emiliano Yacobitti explicó: “La diferencia en cuanto al tratamiento tenía que ver en que el doctor Casal respondió a una nota sobre qué opinaba de una reunión. En el momento que tenían reuniones los fiscales anteriores nadie le pidió explicaciones. Respondió una nota que Bullrich le mando”, y solicitó “seguir con el tratamiento de la reunión”.

“El único hostigamiento que hubo fue a las fiscalas, no al procurador. Hagamos uso de las facultades de esta Bicameral, queda claro que hubo una clara persecución a la actitud a las fiscalas mujeres que tuvieron una reunión con el ministro de justicia, y no tuvo la misma conducta respecto a la otra reunión que no se había enterado”, cuestionó la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe).

Otra de las notas que despertó el enojo de Tailhade fue sobre el uso de licencias del fiscal Marcelo Martín Retes que estuvo en Estados Unidos de viaje por más de un mes, y del fiscal Raúl Pleé, que mantuvo reuniones con el expresidente Mauricio Macri, ante lo cual Casal respondió que “el despacho no tenía conocimiento, no solicitó licencia y que conforme a la reglamentación si el viaje es menor a 30 días le corresponde al fiscal general que ejerce la Superintendencia, y que no existe relación alguna con el hecho de inseguridad”.

En ese contexto, Tailhade reprochó: “Hay falta de colaboración porque si el doctor Casal contesta que él no estaba al tanto de la licencia y dice que la da el fiscal general, me parece que lo que debería haber hecho es informar”.