La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, presidida por Martín Doñate (FdT – Río Negro) mantuvo una “última” reunión de forma virtual que tuvo picos de tensión por momentos, puntualmente con el expediente ante el pedido de respuestas al procurador general interino, Eduardo Casal, sobre las medidas disciplinarias a los fiscales Stornelli, Marijuan y Rívolo por las reuniones que mantuvieron con la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. También aprobaron el informe anual 2021.

Ni bien iniciada la reunión, el aire se tornó caliente luego de leer la primera respuesta de Casal con fecha 2 de junio “sobre medidas disciplinarias a los fiscales Carlos Stornelli, Guillermo Marijuan, Carlos Rívolo por reuniones mantenidas con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich en 2017 y 2018, dadas a conocer a través de una investigación periodística”, en la cual contestó que “este despacho no tenía conocimiento sobre la realización de esas reuniones y no se tienen registros de las mismas por lo que se dio inicio a un seguimiento”.

En ese momento interrumpió la diputada Vanesa Siley (FdT – Buenos Aires), quien pidió que “al haber transcurrido 5 meses de la respuesta se podría ver si hay alguna actualización o movimiento en esas actuaciones disciplinarias, si alguno de los fiscales hizo uso de informar en ese marco y que se debería tener una copia de esas actuaciones para dar continuidad a los trámites esta respondido, pero falta el acompañamiento de las actuaciones y deberíamos pedir actualizaciones de los expedientes”.

A sus dichos se sumó Rodolfo Tailhade (FdT – Buenos Aires) quien enfatizó: “Me parece que hay que pedirle al procurador que nos envíe todas las actuaciones, haga o no uso de la posibilidad de hacer un descargo; tenemos que contar con toda la información”. Y acotó: “No debemos olvidar que el doctor Casal reprochó a un grupo de fiscales que se habían reunido con (el ministro de Justicia, Martín) Soria y alegó que la representación institucional la tenía él y, si bien no inició una actuación administrativa, se asemejó mucho”, ante lo que cuestionó: “Acá hay un tratamiento distinto y no tiene la misma actitud. Me parece tiene que salir el pedido a Casal para que remita la totalidad de las actuaciones del tema”.

Por el contrario, el diputado del Pro Jorge Enríquez (Ciudad de Buenos Aires) acotó que “los expedientes disciplinarios son reservados y la comisión no tiene facultades para interiorizase en eso. La reunión de las fiscalas no se puede hacer por esa vía sino de poder a poder”, y agregó: “Estamos traspasando el rol que tenemos”.

En tanto, la diputada Siley retomó la palabra y leyó: “Se dio inicio a las actuaciones en cuyo marco se incorporó las copias y se puso en conocimiento”, y criticó que “esto sucedió hace 5 meses y no se conoce el curso y solicitó una actualización y bien puede el procurador enviar copias que se pueden mantener reservadas o informar el estado de situación actualizada. Las dos cosas son legales y legítimas”.

Recogió el guante Enríquez, para responderle: “Me parece que se puede pedir información del grado de avance, pero no ir sobre el contenido”.

Por consiguiente, Tailhade cuestionó al referente del Pro porque “se contradijo y dijo algo distinto”, y enfatizó: “Tenemos altas facultades porque controlamos el Ministerio Público, así de sencillo tenemos acceso a esa información. ¿Quién va a tener acceso? ¿Ellos? ¿El Pro? Veo que el diputado Enríquez sabe mucho del trámite interno que tuvo el expediente. No tenemos que dejar que nos tomen el pelo, en todas las notas nos toman el pelo. Debería darse en un marco mínimo de respeto”.

Por su parte, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR – Tucumán) ironizó: “Parece que una y otra vez hay que recordarles que somos una comisión de seguimiento”, y aclaró: “Nosotros somos los responsables de leerles las notas, no podemos caerle al procurador por eso. Preguntar cómo va el trámite nadie se opone, pero querer meterse en que manden todo de una cuestión privada y disciplinaria no estamos de acuerdo”.

En el medio, Enríquez explicó a Tailhade: “Se rechazó lo de las fiscales, adhiriendo a Silvia Elías de Pérez de que existe una denuncia por mal funcionamiento cualquiera sea su entidad de un miembro debe remitirse a los antecedentes a la Comisión de Juicio Político sin involucrar al procurador general”.

Brevemente Mara Brawer (FdT – CABA) aclaró que “lo que está en juego es si los pedidos de informes o llamados de atención va de acuerdo de quién se trata”.

Por su parte, el radical porteño Emiliano Yacobitti explicó: “La diferencia en cuanto al tratamiento tenía que ver en que el doctor Casal respondió a una nota sobre qué opinaba de una reunión. En el momento que tenían reuniones los fiscales anteriores nadie le pidió explicaciones. Respondió una nota que Bullrich le mando”, y solicitó “seguir con el tratamiento de la reunión”.

“El único hostigamiento que hubo fue a las fiscalas, no al procurador. Hagamos uso de las facultades de esta Bicameral, queda claro que hubo una clara persecución a la actitud a las fiscalas mujeres que tuvieron una reunión con el ministro de justicia, y no tuvo la misma conducta respecto a la otra reunión que no se había enterado”, cuestionó la senadora María de los Ángeles Sacnun (FdT – Santa Fe).

Otra de las notas que despertó el enojo de Tailhade fue sobre el uso de licencias del fiscal Marcelo Martín Retes que estuvo en Estados Unidos de viaje por más de un mes, y del fiscal Raúl Pleé, que mantuvo reuniones con el expresidente Mauricio Macri, ante lo cual Casal respondió que “el despacho no tenía conocimiento, no solicitó licencia y que conforme a la reglamentación si el viaje es menor a 30 días le corresponde al fiscal general que ejerce la Superintendencia, y que no existe relación alguna con el hecho de inseguridad”.

En ese contexto, Tailhade reprochó: “Hay falta de colaboración porque si el doctor Casal contesta que él no estaba al tanto de la licencia y dice que la da el fiscal general, me parece que lo que debería haber hecho es informar”.

A partir de un planteo de la senadora correntina Ana Almirón, el oficialismo en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal le envió un pedido de explicaciones al procurador interino, Eduardo Casal, sobre las medidas que se tomaron o no en torno a “visitas secretas” que los fiscales Guillermo Marijuan, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo mantuvieron con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante el gobierno anterior.

La oficialista leyó la nota remitida al presidente de la comisión, su par Martín Doñate, en la que requiere al procurador “que informe las medidas disciplinarias o de otra índole adoptadas respecto de los fiscales” a raíz “de las reuniones secretas mantenidas con la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, durante los años 2017, 2018, recientemente hechas públicas por una información periodística”.

En ese sentido, Almirón señaló que de acuerdo a una nota del portal El Destape, la ahora presidenta del Pro recibió a los tres fiscales, intervinientes en causas contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, “el 24 de abril de 2017” sin que ese encuentro figure “en el registro de audiencias oficial”. “La gravedad es que todos estos fiscales llevaban causas contra la expresidenta”, enfatizó la senadora, que recordó también que en algunas de ellas la denunciante era la propia Bullrich.

La correntina resaltó la “gravedad institucional” de estos encuentros “secretos”, al detallar los días en que se habrían producido y las resoluciones que luego se daban en las causas.

Al cruce salió el diputado del Pro Cristian Ritondo, quien por ese entonces era ministro de Seguridad bonaerense. “El 24 de abril del año 2017 en el Ministerio de Seguridad de la Nación se hizo una reunión bajo la conducción del fiscal (Santiago) Marquevich, que es el titular de una fiscalía especializada en secuestros extorsivos, donde no solamente participaron estos tres fiscales, sino que participaron muchos más fiscales”, aseguró.

“Estuvo como tema central ese 24 de abril hablar sobre los secuestros extorsivos, sobre cómo resolverlos y cómo trabajarlos; y a los resultados me remito. En el año 2015 hubo 297 secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires y en el año 2019 hubo solo 29”, argumentó el jefe de la bancada macrista en la Cámara baja.

Para concluir, Ritondo observó que “el delito de agenda parece algo común en esta comisión” donde se cuestiona “cualquier reunión de un ministro de Seguridad con un fiscal, que es lo más normal del mundo, porque trabajan con la seguridad y trabajan con la Justicia constantemente, y más cuando es tan público como esto, que uno puede remitirse a los diarios, a las revistas, a la televisión de ese día. Fue público que no solamente estos tres fiscales, sino que hubo mucho más fiscales”.

Pedido de informes sobre un fiscal que trabajaría desde Miami

A pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade también se solicitó a Casal que informe sobre el desempeño del fiscal Marcelo Martín Retes -a cargo de la Fiscalía N°23 en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal-, quien se encontraría “desde principios del mes de mayo en Miami sin que conste que haya pedido la licencia o autorización correspondiente, y que desde allí firma los expedientes mediante el sistema de firma digital”.

Además, el legislador del Frente de Todos indicó que “el incidente de inseguridad informática” que perjudicó días atrás a todas las fiscalías del país “se habría producido a partir de la reacción del sistema frente a numerosos accesos desde el exterior”. “Si esto termina siendo ratificado por el procurador me parece que es una situación muy grave”, aseveró Tailhade.

Otros temas

Entre las varias notas remitidas a la bicameral, sobre las que informó la secretaria de la comisión, se pidió una ampliación -a solicitud de Tailhade- del detalle de la nómina de funcionarios del Ministerio Público Fiscal que estuvo o estaría ejerciendo cargos en el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, se notificó el ingreso del descargo de Casal sobre la reprimenda a un grupo de fiscalas por una reunión con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; y se recibió la opinión de la Asociación de Magistrados y Funcionarios sobre la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público; entre otras.

Defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, envió a la comisión una propuesta de proyecto de ley para crear una defensoría de la víctima en la provincia de Buenos Aires-

Al respecto, la diputada oficialista Vanesa Siley explicó que esta defensoría “existe en otras provincias como Salta, Chaco, Neuquén”, donde hay un caudal de cuatro o cinco causas actualmente, mientras que en la provincia de Buenos Aires, con la mayor población del país y donde están la mayoría de los centros de detención, “actualmente tiene 75 causas la defensora de víctimas”. “Midiendo y ponderando esas situaciones es que se pide la creación de esta Defensoría”, agregó.

Hacia el final de la reunión que realizó este lunes la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, legisladores del oficialismo y la oposición se cruzaron por el pliego a procurador general de Daniel Rafecas, congelado en el Senado.

El jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, pidió la palabra e hizo referencia a los reiterados cuestionamientos del Frente de Todos hacia el procurador interino, Eduardo Casal, y afirmó que “tenemos fiscal interino porque ustedes no resuelven lo que ha mandado el presidente al Senado”.

“Nosotros ya les hemos dado el acuerdo para que tengan los dos tercios”, expresó el macrista, que continuó: “Somos rehenes en una reunión donde queremos correr a una institución todo el tiempo, cuando en realidad podríamos estar nombrando al jefe de los fiscales como lo mandó el presidente”.

En ese sentido, ratificó que Juntos por el Cambio “ha dado el acuerdo para tratarlo, algo que nosotros no tuvimos en cuatro años”. “Seguimos teniendo interino por exclusiva responsabilidad del Frente de Todos”, lanzó.

“Les ofrecemos que empiecen con el complejo trámite, y van a tener el acuerdo de Juntos por el Cambio para que Rafecas sea el procurador”, completó el legislador.

Recogió el guante el presidente de la comisión, el senador rionegrino Martín Doñate, quien le recordó que fue el interbloque opositor que “puso condiciones” para “trabajar de forma remota, y entre ellas estaba el no tratamiento del pliego del procurador cuando se inició la pandemia”.

Además, el oficialista mencionó las declaraciones sobre “la jactancia de tener 29 votos para trabar esa designación” y las “del senador Ernesto Martínez repudiando las declaraciones de (Elisa) Carrió respecto de darle aprobación a la propuesta del Ejecutivo”.

Entonces, “después de esperar un año para que Juntos por el Cambio dé vía libre para tratar el pliego”, el Frente de Todos decidió “iniciar el trámite de los proyectos presentados por la oposición” para modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, señaló Doñate, y abogó por que en Diputados “le den pronto tratamiento”.

“En ningún lado de la Constitución está establecido ni los dos tercios para la designación y el no plazo de término del mandato del procurador”, remarcó y fustigó: “Desde la oposición se ha pretendido generar todos los mecanismos para mantener a Eduardo Casal en el cargo”.

Enfático, el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade subrayó que “se habla livianamente de que el Pro o Juntos por el Cambio van a acompañar”, pero “durante un año su único objetivo fue trabar la reforma judicial y mantener a Eduardo Casal en el cargo”.

“Primero arreglen las internas ustedes y después vengan a decirnos qué tenemos que hacer”, disparó el legislador, que consideró que el cambio de postura se produce “ahora porque la ley puede llegar a salir”.

Y siguió: “Esta posición que tiene Juntos por el Cambio es absolutamente coherente con la incoherencia que tiene esta fuerza política”. En esa línea, los tildó de tener “esquizofrenia”.

También defendió que “Macri no tuvo procurador” porque “el peronismo siempre fue coherente, porque el peronismo nunca bancó a (Inés) Weinberg de Roca”.

“La ley que estamos tratando no tiene el nombre de Casal ni de Rafecas; tiene un solo norte, normalizar este bochorno que es el Ministerio Público Fiscal. Cosa que no quiere hacer el macrismo, no lo quieren hacer, necesitan a Casal ahí. Quieren a este señor que está usurpando este cargo”, manifestó.

Para concluir, el diputado le pidió al Senado “que trate cuando tenga que tratar el pliego del candidato del presidente” y “no le hagamos caso a Juntos por el Cambio que nos quieren manejar la agenda”.

“Yo lo trato con respeto, me gustaría que Tailhade me trate de la misma manera”, le contestó Ritondo, que le enrostró: “Si es por incoherencia nos podemos poner a ver los vídeos de lo que decía el presidente de la vicepresidenta hace dos años atrás, o sobre el manejo de la justicia, y nos reímos un rato”. “No venga a hablar de incoherencias de nosotros, primero mire la viga en el ojo propio y no la paja en el ojo ajeno”, cerró.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluó este jueves la reacción del procurador general interino Eduardo Casal ante la reciente reunión entre un grupo de fiscalas y el ministro de Justicia, Martín Soria, que derivó en una denuncia por parte de la titular del Pro, Patricia Bullrich, y la abogada Florencia Arietto.

En esa reunión, las fiscalas propusieron a Soria una serie de reformas con perspectiva de género a la nueva ley del Ministerio Público, que se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados. Bullrich y Arietto presentaron una denuncia a raíz de ese encuentro, y luego Casal retó a las fiscalas, según reveló una de ellas, Gabriela Baigún.

“Se aprovechó de esta denuncia para darnos un tirón de orejas y para decirnos ‘no pueden ir a ver más a ninguna autoridad si no pasan primero por mi oficina para pedirme permiso’”, comentó Baigún en declaraciones radiales.

Además, aclaró que “se han visto reuniones de fiscales con ministros de Seguridad, con presidentes” y hasta con “la propia Bullrich en su gestión tuvo reuniones con fiscales”. “El procurador Casal nos prohíbe derechos básicos como el derecho a expresión a reunirse con las autoridades”, lamentó Baigún.

El tema llegó a la bicameral a través de notas presentadas por la diputada Mara Brawer, la senadora María de los Ángeles Sacnun y el diputado Ricardo Daives, los tres del Frente de Todos.

Durante el debate, el diputado Rodolfo Tailhade consideró que “es muy evidente la gravedad de la situación, la doble vara con la que el procurador mide a mujeres y varones”, y aclaró que las fiscalas “no fueron a hablar de la reforma, sino de las políticas de género”.

Tailhade comparó la “reunión furtiva, clandestina” que mantuvieron el fiscal Raúl Pleé y el expresidente Macri con “una reunión pública de fiscalas con el ministro de Justicia, que se hizo a la vista de todos y cuyo temario todos conocemos y tiene que ver con las políticas de género, y no si tenían que jubilarse o no”.

El legislador recordó que el fiscal Carlos Rívolo también se reunió recientemente con el ministro Soria y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y si bien reconoció que Rívolo acudió en calidad de presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la Nación (AFFUN), “no pasó absolutamente nada”. “¿Qué tiene, coronita?”, se preguntó.

En el mismo sentido, Sacnun coincidió en que “esta doble vara con la que ejerce su poder disciplinario el procurador interino no es la primera vez que se denota, aunque en este caso es mucho más sensible porque está atacando a las fiscalas mujeres”.

La senadora denunció que las fiscalas “están sufriendo acoso laboral y discriminación de género”, y pidió evaluar si hay incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de Casal.

Por su parte, Brawer agregó que “la situación que está viviendo el Ministerio Público Fiscal es de una gravedad histórica que no vemos desde la recuperación de la democracia. Lo que ha pasado con las fiscalas es de una tremenda gravedad, una misoginia y una discriminación hacia las mujeres”.

Desde Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez salió al cruce de las críticas y enfatizó que “el procurador ha rechazado in limine la denuncia, con toda la razón del mundo”.

Además, informó Elías de Pérez, Casal “ha recomendado que en el futuro sigan las vías administrativas porque en el Ministerio Público Fiscal existe una secretaría que se dedica específicamente a los temas de género”, encabezada por la doctora María Luisa Piqué, a quien “no deberían haber dejado de lado”.

“Si hablamos de género, hablemos de género en serio”, reclamó la senadora, al poner como ejemplo que se perdió la oportunidad de designar por primera vez a una mujer en la Cámara Nacional Electoral, Alejandra Lázzaro.

Finalmente, habló de un “hostigamiento liso y llano al procurador general”, porque “es muy claro que ha desestimado la denuncia que le habían presentado, y luego hizo una nueva nota diciendo con claridad que lo que hizo estuvo lejos de ser un llamado de atención”.

El diputado del Pro Jorge Enriquez -quien intervino a pesar de no integrar la comisión- puntualizó: “Una cosa es cuando invitan (a fiscales) para que hablen de su especialidad, como los hemos invitado muchas veces a las comisiones, y otra muy distinta es que los funcionarios pidan una audiencia con el Ministerio de Justicia para proponer reformas legislativas que no pusieron a consideración del procurador general”.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público volvió a abordar este jueves la situación de la doctora Adriana Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien es actualmente vocal del Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, pero además se desempeña en el cuerpo de asesores de la Fiscalía Federal de la Ciudad, algo que el oficialismo entiende como una incompatibilidad.

En el encuentro pasado, a instancias del Frente de Todos, se habían cursado notas reclamando explicaciones. Una de ellas fue enviada al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, desde donde respondieron que “desconocen cualquier relación” de Donato con la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires.

Tras la lectura de la nota, el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade tildó de “insuficiente” la contestación. “Por ahí puede no constarle a las autoridades de esa institución que la doctora Donato esté en relación de dependencia con la Fiscalía General de la Ciudad y dependa directamente del fiscal (Juan Bautista) Mahiques, podrían haberlo tranquilamente chequeado”, expresó.

“Yo creo que la comisión debería remitirle al Colegio todos los antecedentes que tenemos, básicamente la respuesta y la información que nos suministró el propio Mahiques en relación a la situación de la doctora Donato, su contratación, etcétera”, continuó el legislador del oficialismo.

Además, señaló que “esa alusión a que no está previsto que el Colegio pueda remover a sus representantes es un poco pobre desde el punto de vista de los argumentos jurídicos”.

Tailhade concluyó que “en definitiva, el Colegio tiene que abocarse al análisis de la situación. ¿Es compatible la situación de la doctora Donato con el ejercicio profesional? Y, en ese caso, si no lo es, me parece que es de plena lógica que tenga que ser removida del cargo”.

Desde la oposición, el diputado Emiliano Yacobitti (UCR) aseguró que “para la Procuración no es incompatible el cargo que tiene”. “No vamos a ser nosotros los que decidamos” sobre el destino de Donato, dijo, sino que “el Colegio de Abogados la reemplazará si hay que reemplazarla”. Por eso, pidió “no insistir con funciones que la bicameral no tiene”.

En el mismo sentido, la senadora radical Silvia Elías de Pérez remarcó que “no es competencia de la bicameral” esta cuestión y criticó: “¿Qué es lo que queremos, insistir hasta que nos digan lo que queremos que nos digan?”. “Tenemos que tener cuidado de no extralimitarnos”, dijo.

Aunque no forma parte de la comisión, el diputado porteño Jorge Enríquez (Pro) participó de la discusión y enfatizó que a la doctora Donato “no la pueden remover, no es el ámbito, ella es representante de los abogados y no del Senado”. “Me parece ocioso volver a pedirle al procurador algo sobre lo cual ya se expidió”, agregó.

Pero desde el Frente de Todos, la diputada Vanesa Siley insistió que “está pendiente de respuesta el tema de la incompatibilidad sobreviniente de la doctora”. “El procurador no se pronunció; dijo que al momento de tomarle juramento cumplía con los requisitos legales”, explicó, y resaltó que eso puede ser “correcto”, pero sin embargo “dejó de cumplirlos luego”.

La legisladora oficialista subrayó, además, que la bicameral “tiene facultades para requerir información”, de acuerdo al artículo cinco del reglamento de la comisión. “Tenemos facultades legales para hacerlo”, reiteró.

Finalmente, el presidente de la bicameral, el senador Martín Doñate (FdT), apuntó “lo simple que es esto de resolver”, y aclaró que “ni siquiera tiene que ver con la persona de la doctora Donato; hay que conseguir los elementos para confirmar que, a nuestro criterio, hay incompatibilidad”.

“El procurador debe informarnos si eso sucedió”, aseveró y puntualizó que en ese caso, se trata de “cambiar al integrante o que asuma el suplente” por el Colegio de Abogados. “No es que el Colegio se va a ver afectado en su representatividad en el Tribunal”, continuó.

El rionegrino negó que exista, por este tema, un “ataque al procurador”, sino que le reclaman “que se aclare la situación rápidamente”. “En la próxima reunión esperamos tener la respuesta del doctor Casal, vamos a insistir”, anunció, y al finalizar adelantó que también cursarán otra nota al Colegio para que envíe una nueva respuesta “de lo que puntualmente se le consultó”.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público evaluará en la próxima reunión la actuación del fiscal federal ante la Cámara de Casación Penal, Raúl Pleé, por la reunión que mantuvo en marzo de 2018 con el entonces presidente Mauricio Macri en la quinta de Olivos.

La decisión fue tomada por el presidente de la bicameral, el senador oficialista Martín Doñate, quien propuso analizar la “cuestionable conducta” de Pleé y la falta de reacción por parte del procurador general interino, Eduardo Casal.

“Es vergonzoso que el procurador no haya tomado una decisión firme respecto de la actuación de Pleé con lo que se ha descubierto a través de los medios de comunicación”, alertó Doñate.

En la reunión virtual de este jueves, la comisión analizó una nota enviada por Pleé a Casal, donde dio explicaciones sobre la reunión realizada a fines de marzo de 2018, sobre la cual -advirtió- “se tejieron una serie de especulaciones erróneas y tendenciosas”.

Pleé indicó en la nota que en ese momento “todavía no se conocía quién iba a ser propuesto como procurador general de la Nación” tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

Según el fiscal, “era de público conocimiento” que por su rango y antigüedad -entonces de 46 años- él “podía ser un candidato a cubrir esa vacante”. “Mi aceptación a concurrir a Olivos obedecía, en ese momento, a una natural expectativa”, dijo.

En el encuentro, Macri le comunicó que propondría a otra candidata, Inés Weinberg de Roca, pero le pidió a Pleé que a pesar de no haber sido elegido, “permaneciera en el cargo un tiempo más sin acogerse a los beneficios jubilatorios”.

La diputada Vanesa Siley (Frente de Todos) desaprobó la explicación. “El presidente de la Nación le dice al fiscal federal de Casación, que interviene en causas de extrema sensibilidad de todo tipo, ‘usted no se jubile, continúe en su cargo’. Y el fiscal no se jubila, continúa en su cargo…”, cuestionó, y consideró que se trata de “un botón de muestra de lo que significa intervenir en el Ministerio Público”.

A su vez, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun se preguntó “por qué el presidente debería explicarle a Pleé por qué motivo, en lugar de proponerlo a él, propuso a otra persona”. Además, advirtió que el fiscal omitió “deliberadamente” mencionar que en esa reunión también estuvo presente el entonces director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas.

“Estoy convencida de que Pleé fue a esa reunión recibir instrucciones: el 26 de abril de 2018, pocos días después, pidió la detención de dos empresarios de medios, Cristóbal López y Fabián De Souza, y la Sala I de la Cámara de Casación ordenó la detención de esos empresarios”, recordó Sacnun, y agregó que además el fiscal “benefició a Macri y a Arribas en la causa por espionaje ilegal”.

El diputado Rodolfo Tailhade, por su parte, advirtió que “la presencia de Pleé en la quinta de Olivos -ni siquiera en Casa de Gobierno- da cuenta de una relación absolutamente promiscua entre Pleé y Macri, que no apareció en ese momento (en los medios). Hay que recordar que Pleé era un ferviente defensor de las barrabravas de Boca mientras Macri era presidente de ese club”.

“Más allá de que resulta difícil creerle a Pleé, debería haber tomado los recaudos para que esa reunión se llevara a cabo dentro de los canales institucionales: Casa de Gobierno, audiencia pública… porque estaba tratando temas de incumbencia del Poder Ejecutivo de ese momento, con intereses en causas muy importantes que tenía y tiene”, cuestionó el legislador del Frente de Todos.

Graciela Ocaña, del Pro, aclaró que “cuando Pleé, como otros fiscales, presentaron el pedido para su jubilación, no tuvo que ver con el cambio de gobierno sino con el proyecto que el Ejecutivo envió para reformar las jubilaciones de jueces y personal diplomático, porque había una cierta idea de que se iban a cambiar las reglas”.

Ocaña también señaló que en ese momento “un grupo de senadores peronistas proponían a Pleé para conducir el Ministerio Público”. “Eso por ahí generó una reunión posterior y el presidente finalmente optó por otra persona. A mi no me llama la atención, estas cosas suelen suceder”, confesó.

La defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, brindó este lunes un detallado informe de gestión ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, y en ese marco pidió vacunar contra el Covid-19 “a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”.

“Afortunadamente, gracias a la gestión de (Martín) Soria, se han conseguido dosis para vacunar a los penitenciarios que están en contacto con los presos. El paso siguiente y lo que estamos pidiendo es que se pueda vacunar a los presos de mayor edad o que tienen alguna comorbilidad”, afirmó Martínez al responder una pregunta de la diputada Mara Brawer (Frente de Todos) sobre el ejercicio de la defensa en pandemia.

La funcionaria explicó que “el problema no es que el defensor se contagie, sino que el defensor contagie a las personas privadas de su libertad y eso, que hasta ahora no ha ocurrido, puede convertirse, si pasa, en un problema gravísimo”.

En tanto, recordó que cuando comenzó la pandemia insistió ante la interventora del Servicio Penitenciario Federal, Laura Garrigós de Rébori, en que se les permitiera a los defendidos utilizar celular -limitando las llamadas a una determinada nómina de personas-, pero la respuesta fue negativa por el riesgo de los secuestros virtuales.

De todos modos, aclaró que a pesar de las restricciones sanitarias “no hay problemas de comunicación” entre detenidos y defensores, ya que entre otras cosas “se habilitó el correo electrónico”.

Por otra parte, ante una consulta de la senadora radical Silvia Elías de Pérez sobre los delitos que aumentaron en la pandemia, expresó: “Nuestra percepción es que durante la primera parte de la pandemia disminuyeron mucho os delitos en general. Lo que sí aumentó claramente son los casos de violencia intrafamiliar: violencia de género, pero también violencia de los padres sobre los hijos, y de los hijos y jóvenes sobre ancianos”.

Informe de gestión 2020

Al inicio de su exposición, Martínez precisó que la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre del año 2020 “alcanzó el 100%, es decir, se gastó todo el presupuesto contemplado”, que era de 10.082.774.801 pesos.

“Además de las dificultades relacionadas con la pandemia, al no contar con una ley de presupuesto 2020 sino con una prórroga, significó una pérdida equivalente al 50% de los recursos operativos del Ministerio Público de la Defensa”, informó, y agregó que desde agosto lograron un incremento de 58 millones de pesos que sirvió para iniciar el proceso de renovación tecnológica.

La defensora indicó que se invirtieron 3.000.000 de pesos en gastos relacionados a la prevención del Covid-19, y detalló cuáles fueron los bienes y servicios adquiridos y los inmuebles con los que cuenta la Defensoría, que desde 2005 -cuando comenzó su gestión- totalizan 33. Por otra parte, hizo énfasis en la falta de servidores necesarios para almacenar las audiencias para la aplicación del nuevo Código Procesal Penal.

En cuanto al presupuesto para este año, puntualizó que fueron asignados 13.756.136.844 pesos. “Si bien no satisface todas las necesidades reales del organismo, subsanó el déficit generado en 2020”, ponderó.

Martínez informó que en 2020 se produjeron siete renuncias y ceses y 18 juramentos de nuevos magistrados. La planta de la Defensoría al 6 de abril, dijo, es de 2.784 agentes, incluyendo contratos, interinatos y funcionarios y empleados de licencia sin goce de haberes, sumados a 12 personas con contratos de locación de servicios.

Del total de empleados, añadió, 1.856 son abogados -es decir, más de la mitad-, y las mujeres constituyen el 58%, aunque solo ocupan el 37% de los cargos de magistrados. “De cada 10 ternas que se elevan, en ocho hay mujeres; sin embargo solo se designa un 30% de mujeres”, lamentó.

Por otra parte, apuntó que del total de Defensorías habilitadas, hay 43 sin magistrado titular. “Esta situación es crítica en provincias como Santiago del Estero, donde no hay ningún magistrado: las tres dependencias están a cargo de funcionarios”, advirtió.

Martínez también informó que entre 2020 y lo que va 2021 el Poder Ejecutivo remitió 20 pliegos al Senado y todos obtuvieron acuerdo. Si bien destacó que la mitad fueron mujeres, sostuvo que “si queremos revertir la situación que existe en algunas jurisdicciones del interior donde no hay paridad, no basta con mantener la paridad en las remisiones”, sino que se debe aumentar la proporción.

En otro pasaje de su exposición, precisó que en el fuero civil la Defensoría intervino en 285.922 casos, y en el fuero penal, 297.937 casos, lo que hace a un total de 583.859 casos en 2020.

Luego recordó su participación en el debate sobre la reforma judicial en el Senado, ocasión en la que sostuvo que “el escaso número de defensorías oficiales que se prevé crear generará un obstáculo para el adecuado funcionamiento del sistema acusatorio”. Para el tratamiento de la reforma del Ministerio Público, aclaró, no fue convocada.

La defensora también repasó la implementación del sistema acusatorio en Salta y Jujuy y resaltó que se pusieron en funcionamiento cinco Defensorías de Víctimas.

Al término de la reunión de comisión, se leyeron notas presentadas por legisladores y las respuestas recibidas.

La Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal realizó este jueves su primera reunión del año, durante la cual el kirchnerismo avanzó con pedidos de explicaciones sobre la situación de Adriana Donato, vocal del Tribunal de Enjuiciamiento, y sobre “las medidas disciplinarias” que el procurador interino, Eduardo Casal, tomó o no respecto al fiscal Carlos Stornelli.

La reunión comenzó con la lectura de notas por parte del secretario de la comisión, y entre ellas se leyó una enviada por Donato, expresidenta del Consejo de la Magistratura, quien defendió que su designación como integrante del cuerpo de asesores de la fiscalía general de la Ciudad “no resulta incompatible con el ejercicio de la matrícula federal, ni me inhabilita para ejercer la representación del Colegio de Abogados de la Capital Federal como vocal del Tribunal de Enjuiciamiento” del Ministerio Público Fiscal.

La abogada aseguró que fue “debidamente designada” y, sobre su actuación en torno al fiscal Carlos Stornelli, sostuvo: “No conozco al fiscal, jamás lo he visto personalmente, no he tenido relación alguna con el mismo y a esta altura debería saber el diputado (en respuesta a Rodolfo Tailhade) que jamás he hecho derecho penal de autor (…). No está en mi conducta, ni lo ha estado, analizar a un funcionario o magistrado por su simpatía política o su militancia”.

Al tomar la palabra, el diputado Rodolfo Tailhade apuntó que “por más buena voluntad que quiera poner”, Donato no puede “de ninguna manera conmover lo que dice una ley nacional”. “La norma que ella invoca no dice nada de lo que está diciendo ella, no la habilita a ejercer la profesión”, señaló, en alusión a la normativa que la abogada utilizó en su misiva.

El legislador K remarcó que “ella es una secretaria del cuerpo de asesores del señor fiscal general de la Ciudad (Juan Bautista Mahiques)”, por lo tanto “no es una abogada que puede ejercer libremente la profesión y, si lo está haciendo, lo está haciendo de manera irregular”.

“Si va a continuar como secretaria letrada tiene que tener la matrícula suspendida”, insistió, para luego enfatizar que existe “una evidente vinculación de la doctora Donato con lo que fue el oficialismo en 2015-2019, lo que fue el macrismo”.

Rememoró entonces que él fue consejero en el mismo tiempo que ella, y calificó a ese período como “una etapa bochornosa del cuerpo”, cuando el Consejo “fue uno de los dispositivos centrales del lawfare”. “Me acuerdo de la suspensión del doctor Freiler, con la participación delictiva de los miembros de la Corte Suprema que retuvieron a un senador en la Corte para retrasar un juramento y conseguir una mayoría artificial”, agregó y acusó que “fue con la responsabilidad directa de la doctora Donato, que era la presidenta”.

Tailhade consideró entonces que Donato “siempre fue funcional” y “nunca representó a la abogacía independiente”. Finalmente, anticipó que irá a la Justicia para “hacer las denuncias penales correspondientes” contra Donato, Mahiques y Casal.

Desde el Pro, la diputada Graciela Ocaña defendió que “no hay ningún tipo de compatibilidad en la función que está llevando de asesora”. Y se preguntó que ante la “transcendencia pública” que tomó la discusión, el Colegio de Abogados “no se haya expresado”. “Tiene vigente su matrícula, lo cual expresa que puede ejercer su rol como abogada”, aseveró.

“Me parece un despropósito dar este debate con las explicaciones que se han dado”, prosiguió la macrista, que reiteró que en su caso “no hay una incompatibilidad” como para “forzar el cambio o la renuncia de uno de los integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento”.

En la misma línea, el diputado Emiliano Yacobitti manifestó que “hasta ahora los instrumentos que tenemos no nos muestran una irregularidad o incompatibilidad en la designación”. “La respuesta del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad para mí fue suficiente”, afirmó el radical, que subrayó que “no es una función nuestra pedirle al Colegio de Abogados un reemplazo”.

“No es la facultad de esta bicameral que se defina la situación de la doctora Donato (…). Me niego a que se vote la desvinculación o no”, enfatizó la senadora radical Silvia Elías de Pérez.

Por su parte, la diputada oficialista Vanesa Siley leyó los artículos del convenio de trabajo a los que hizo referencia Donato, y explicó su interpretación, para alertar que “no se puede estar de los dos lados del mostrador” y, en caso de mantener a Donato en esa condición, “sería un desastre”.

Sobre esto, la legisladora del Frente de Todos pronosticó que se podría ver “a todos los funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires yendo al Colegio de Abogados a que le habiliten la matrícula”. “Es muy preocupante la situación que se puede desencadenar”, añadió.

En el final de la discusión, Tailhade admitió que “efectivamente nosotros no tenemos ninguna facultad para sacar a la doctora Donato del Tribunal de Enjuiciamiento”, pero “sí tenemos facultad para decirle al Colegio de Abogados que revise lo que está ocurriendo, en función que no sabe esta situación”, dijo.

“No estoy planteando sacarla a la doctora Donato de los procesos que ya están iniciados”, aclaró y lamentó: “A pesar de que no me genera ninguna garantía de nada”. Por eso, el kirchnerista señaló que “de ninguna manera puede seguir en los eventuales procesos”.

Al cruce salió Elías de Pérez, que denunció que “acá lo que se busca es la mayoría en el jury para poder enjuiciar a Casal, a Stornelli, que parece ser una fijación que están teniendo. A toda costa lo que quieren es cambiar la integración del Tribunal de Enjuiciamiento. ¡No cuenta con nosotros!”. “Queremos y necesitamos una justicia que sea independiente”, exclamó la senadora, que apuntó que desde el oficialismo “lo que quieren armar es el famoso lawfare del que tanto hablan”.

Finalmente, el presidente de la comisión, el senador Martín Doñate, confirmó que se le requerirá al Colegio de Abogados de la Capital que “de manera urgente” dé cuenta de la situación de Donato, y también se le pedirán explicaciones a Casal “sobre qué tiene para decir respecto de esta situación que, a mí criterio, es irregular”.

Cuestionamientos a Stornelli

Durante el encuentro, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun denunció que “es absolutamente preocupante la actitud, la conducta del fiscal Stornelli”, de quien afirmó tuvo “un nivel de connivencia y participación en torno a la construcción del lawfare”.

“No fue solamente de perseguir a opositores, sino de extorsionar a empresarios, de pedir dádivas de acuerdo a si se entregaban o no las sortijas desde su fiscalía”, expresó.

Después se refirió a la supuesta compra de objetos nazi que el fiscal habría realizado, y pidió que se coteje si un número telefónico que aparece en la causa corresponde a él; y además repudió las declaraciones de Stornelli tras el discurso del presidente Alberto fernández ante la Asamblea Legislativa.

La santafesina calificó de “declaraciones bochornosas” las expresadas por Stornelli respecto a la visita del juez Gustavo Hornos a la Casa Rosada durante el macrismo, hecho que lo que hace es “corroborar la existencia de la mesa judicial destinada a perseguir opositores, obturar el proceso electoral y disciplinar a la política”.

Sobre la frase de Stornelli de que un día le gustaría tener “una charla de hombre a hombre” con Alberto Fernández, Sacnun opinó que son una “amenaza” porque “ya está pensando cómo va a instaurar la persecución al actual presidente cuando deje de serlo”.

Desde la oposición, el jefe del bloque Pro en Diputados, Cristian Ritondo, retrucó: “A lo que se refiere Carlos Stornelli es a la cantidad de encuentros que el presidente de la Nación Alberto Fernández tenía habitualmente con él, siendo jefe de Gabinete y en los últimos cuatro años”.

Según el diputado de Juntos por el Cambio, el fiscal hizo alusión a las “decenas de veces que el presidente actual se juntaba con Stornelli” a “tomar café o almorzar”, porque existía una “relación continua y periódica”. Por otro lado, defendió que “la causa de San Martín en ninguna parte queda comprobado que haya comprado algo relacionado al nazismo”.

“A mí lo que me interesa es que Casal explique cuáles son las medidas que ha tomado”, enfatizó Sacnun, que criticó a los legisladores que “se erigen en defensores de Stornelli, de Casal” y “no están de acuerdo con que se eleven notas, se pidan explicaciones” ante “dos cuestiones que tienen una enorme gravedad institucional”.

En el comienzo de la reunión, Doñate despidió al secretario “histórico” de la comisión, Matías Arregger, quien renunció para asumir un nuevo trabajo en el Consejo de la Magistratura.

Además, se formalizó el reemplazo del santacruceño Pablo González -quien renunció como diputado para asumir la presidencia de YPF- y en su lugar pasó a conformar la comisión la diputada oficialista Mara Brawer.

También, el presidente de la bicameral dijo que se encontraban a “disposición” de los integrantes los informes anuales recibidos del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, ambos “presentados en tiempo y forma”.

Presidida por el senador kirchnerista Martín Doñate, la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, escuchó este lunes el testimonio de José Manuel Ubeira, abogado por causa propia en la denominada “causa Dolores”, sobre presunto espionaje ilegal, y además defensor de Oscar Thomas, extitular de la Entidad Binacional Yacyretá, procesado en la denominada causa de los cuadernos.

El letrado, que en su exposición mencionó que en su carrera defendió a Federico Elaskar, a César Milani y al excomisario de la Policía Bonaerense, Juan José Ribelli, apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli.

Ubeira recordó cuando se tramitó la extensión de prisión para Thomas: “Fui a verlo a Stornelli, con quien tuvimos una amistad de 20 años, y tuvimos una reunión muy dura. Stornelli me dijo que quedaban pocas sortijas y que había que apurarse para agarrarlas. Le contesté que mi cliente estaba muy grande para subirse a la calesita y que no tenía nada de lo que arrepentirse. Estaba presente el fiscal Carlos Rívolo y la reunión no llegó a mayores porque él intercedió”.

Entonces, denunció que Stornelli “tuvo la idea de hacerme una cámara oculta a través de mecanismos extraños. Me puso en manos de una persona como Marcelo D’Alessio. Supongo que habrá llegado a oídos de Stornelli que muchos arrepentidos se iban a des-arrepentir y a partir de ahí habrá surgido la idea de ponerme una cámara oculta”.

“Todo esto no pudo haber prosperado sin el aval del procurador general de la Nación (interino), Eduardo Casal”, agregó.

El abogado aseguró que esto fue “una experiencia poco grata” en lo personal, y “grave desde el punto de vista institucional”. Además, insistió que Stornelli le dijo que “en la causa (de los cuadernos) lo único que se iban a escuchar eran arrepentimientos”.

“Intentaron allanar mi casa en Mar del Plata, buscando a Oscar Thomas”, continuó y, volviendo sobre la denuncia de la “cámara oculta”, consideró “que un fiscal federal realice un acto de estas características no tiene nombre”.

Al cargar contra Casal, Ubeira expresó querer “llamar la atención de esta comisión” para que “los ciudadanos podamos tener un acceso mucho más directo en cuanto a la supervisión y control” del Ministerio Público Fiscal. Y fustigó: “No puede ser que para iniciarle un jury a un fiscal sea mucho más difícil que tratar de voltear un cardenal en el Vaticano”.

“Tanto el Ministerio Público Fiscal, como un sector determinado de los jueces, conjuntamente con los medios de prensa, y con la parte de la política de la República Argentina, generaron durante estos cuatro años una cosa que nos remitió a cuestiones y acciones que ni siquiera la dictadura, dentro del ámbito judicial, se animó a realizar”, disparó.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside Martín Doñate (Frente de Todos) se reunió este jueves por videoconferencia para poner en conocimiento documentación remitida por el Ministerio Público Fiscal y otros organismos en respuesta a las notas presentadas por los integrantes de la comisión.

“Queremos poner en conocimiento y notificar, a cada uno de los integrantes de la bicameral, todas las respuestas que hemos recibido de la última reunión, donde también se enviaron pedidos de informes a distintos juzgados y organismos públicos”, afirmó Doñate.

Y agregó: “La idea es que se den por ingresados, se tome conocimiento, y luego de ese estudio que harán en los próximos días convocar a una reunión a partir de lo que inspiren esas informaciones”.

En la reunión también se presentó el informe anual de las actividades realizadas en la bicameral y se avaló el reemplazo de Luis Naidenoff (UCR) por su par Julio Martínez.

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos), escuchó este martes nuevos testimonios en línea con la intención del oficialismo de avanzar en el desplazamiento del jefe interino de los fiscales, Eduardo Casal.

Uno de los expositores fue el fiscal Carlos Rivolo, presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFFUN), quien aclaró que ese organismo “no interviene de ninguna manera en los sumarios administrativos ni en la etapa disciplinaria”.

“No tomamos ningún tipo de parte y así se lo hacemos saber siempre a los colegas”, explicó Rivolo, quien fue blanco de críticas por parte del diputado oficialista Rodolfo Tailhade.

Tailhade advirtió que las organizaciones civiles que denunciaron en la bicameral un mal desempeño por parte de Casal recibieron como respuesta una “descalificación” de la oposición, siendo caratuladas como “agrupaciones K” o “militantes”.

Frente a esto, el diputado advirtió sobre “los intereses que defienden” fiscales como Rivolo, Raúl Pleé y José María Campagnoli, negando que sean “independientes”.

“Todos tienen derecho a expresarse, pero nosotros también tenemos el derecho de señalar los intereses que defienden estos sectores. Rivolo ha tomado un posicionamiento político estos años. El cuentito de la independencia déjenlo para Clarín, La Nación, Infobae o Radio Mitre”, cuestionó.

Tailhade señaló que cuando se produjo un “ataque brutal” al Ministerio Público durante el mandato de Alejandra Gils Carbó, que “incluyó maniobras extorsivas, amenazas a sus hijas e inventos de causas, no hubo ninguna defensa” por parte de AFFUN, la asociación presidida por Rivolo.

Asimismo, el legislador advirtió que “hace tres años que no sabemos nada” de la causa conocida como Paradise Papers, “pero (Rivolo) sí fue muy veloz en pedir el sobreseimiento de (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani en la causa del (Instituto) Patria, que a todas luces era fraudulento”.

“Estoy harto de la supuesta independencia judicial y de quienes se vienen a presentar como defensores del Poder Judicial independiente. Rivolo defiende los mismos intereses que Casal: los privilegios de una corporación que se resiste a los cambios”, alertó.

Por su parte, el doctor Dionisio Velasco denunció la designación supuestamente irregular de Aníbal Fabián Martínez como fiscal federal de Paso de los Libres, Corrientes.

Según Velasco, la fiscalía fue “tomada” por Marcelo Colombo y Carlos Schaefer, quienes “echaron” al doctor Benito Pont para nombrar a Martínez “cuando había salido desaprobado el examen”.

Ante esta situación, el Colegio de Abogados de Paso de los Libres realizó una denuncia administrativa ante la Procuración General contra los fiscales Schaefer, (Miriam) Benítez y Martínez, “en violación al reglamento disciplinario para magistrados”.

A eso sumaron una denuncia penal contra los fiscales por presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

El abogado Juan Carlos Coulleri respaldó la presentación de Velasco y denunció un incumplimiento de la Ley orgánica del Ministerio Público en la localidad correntina. “Nunca habíamos vivido situaciones tan deplorables respecto al manejo de los funcionarios de las fiscalías”, lamentó.

A su turno, Roberto Cipriano García y Federico Schmeigel, autoridades de la Comisión Provincial por la Memoria, informaron que presentaron una nota ante la bicameral para manifestar su preocupación sobre “los objetivos y el funcionamiento” de la SAIT (Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional), creada por orden de Casal.

García y Schmeigel puntualizaron que “el análisis de información vinculada al fenómeno terrorista se encuentra regulado por la Ley Nacional de Inteligencia, y tales objetivos excederían la naturaleza de las funciones atribuidas al Ministerio Público Fiscal”.

En función de este planteo, se mostraron insatisfechos con las explicaciones que dio el procurador al respecto.

Por último, el fiscal general de Tierra del Fuego Adrián García Lois reveló que Casal le inició un sumario administrativo “en el momento del mayor pico de contagios y muertes en el medio de una pandemia”.

García Lois comentó que se encuentra de licencia por un estrés postraumático y que la última prórroga de esa licencia fue entre el 25 de junio y el 25 de agosto.

“En el medio de una licencia por enfermedad me notifico el 29 de julio de que el procurador decide impulsar un sumario administrativo en mi contra. Eso me destrozó, no entendí el motivo de la urgencia”, expresó, y habló de un “claro acto de hostigamiento”.

La fiscal de la causa sobre el Correo Argentino, Gabriela Boquín, denunció este miércoles que su oficina recibió “coacciones” y distintas presiones por parte de la Procuración General, a cargo de Eduardo Casal, al presentarse ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público.

La funcionaria comenzó su exposición negando las acusaciones por presunto maltrato laboral, luego de que la semana pasada Casal la notificara sobre la apertura de un sumario administrativo.

Boquín, en respuesta a las afirmaciones del diputado Cristian Ritondo (Pro) -mediante una nota que se leyó en el comienzo-, aseguró que “no fueron ocho agentes que describieron una situación de maltrato laboral”.

“Hay dos presentaciones originales, que la Procuración toma como denuncia, y luego hay seis declaraciones, de las cuales solo cuatro alegan maltrato laboral”, señaló.

La fiscal indicó que el Consejo Evaluador se expidió dos veces, y la primera vez “dijo que yo aporté las pruebas que respaldaban mis dichos que, por supuesto, eran negando” las acusaciones, remarcó. En ese sentido, sostuvo que se pidieron declaraciones de otros empleados “a los fines de no dejar dudas”.

“Por mi Fiscalía pasaron 34 personas”, apuntó y enfatizó que “no es cierto que numerosas personas pidieron traslados”. “Las que lo pidieron fue una de la denunciantes y una de las testigos que no denunció, es más, negó el hostigamiento”, agregó.

Insistió entonces que “de 34 personas, en realidad muchos se fueron porque tenían otro trabajo que les pagaba mejor”. “Por ejemplo, una empleada que dicen que lloraba en mi dependencia… el día que la vieron llorando, su padre estaba en coma, y yo la había estaba consolando. ¿Y saben qué? Luego se retiró de la Fiscalía porque consiguió ser directora de una obra social ganando un sueldo que triplicaba el del Ministerio Público Fiscal”, relató.

“De una de las testigos, el pedido lo hice yo, por falta de confianza. ¿Y por qué por falta de confianza? Porque descubrí que en pleno trámite de la investigación de la causa Correo Argentino le entregaba documentación al diputado Pablo Tonelli. Y esa documentación que le pasaba, y que además le iba comunicando los pasos del expediente, estaba relacionada con al propia vinculación del diputado Pablo Tonelli en la causa”, reveló.

La funcionaria recordó que cuando ella denunció “el vaciamiento estaban las facturas del doctor Pablo Tonelli por millones de pesos retirando dinero de Correo Argentino”.

Dijo que en ese momento le solicitó a Casal que “necesitaba que la transfiriera”, que “la mandaran a su lugar de origen y para que no hubiera un problema en su legajo, simplemente solicitaba el paso”. “Tardaron nueve meses en trasladarla. Siempre me delegaron el pase y yo fui incrementando mis pedidos porque la situación era insostenible”.

“Era insostenible porque (esta secretaria) tenía una comunicación asidua con el diputado Tonelli, porque aparte estaba concursando para ser camarista”, continuó.

La funcionaria judicial expuso durante más de tres horas, durante las cuales dijo haber denunciado un delito: “Denuncié que el doctor Gonzalo Rodríguez había sido coaccionado por la Procuración para brindar su testimonio. De esto hay testigos que ofrecí. Hay prueba evidente de que esto fue así. No se tomó ningún testimonio de los que solicité”, afirmó.

La fiscal aseguró que “los testigos que se tuvieron en cuenta” en las actuaciones del Comité Evaluador de la Procuración fueron elegidos “arbitrariamente”. También denunció que a poco de recibir las actuaciones del caso Correo Argentino fue víctima de un extraño robo, en el que sustrajeron de su automóvil papeles importantes sin llevarse ningún objeto de valor. “En la filmación se observa que los ladrones se pusieron guantes y hasta eligieron los papeles, los que se llevaron en una carpeta sin importancia, dejando maletines más costosos”. dijo. Afirmó que esa denuncia quedó radicada en la fiscalía de José María Campagnoli.

Ante una intervención del diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cristian Ritondo (PRO) que la calificó como “persecutora” de la familia Macri, la fiscal respondió que “yo no hablo de familia Macri, digo Causa Correo Argentino. Le quiero decir que en el mismo sentido de mi dictamen se pronunció el fiscal Gerardo Pollicita en el fuero penal, así como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas”.

Luego de la fiscal se presentaron ante la Bicameral; Hernán Mirasole de la Asociación Civil Nace un Derecho; Gastón Carrere y Rodolfo Parisi de la asociación ADEJUDD.

Mirasole inició su presentación diciendo que desde su agrupación “no tenemos ningún incordio personal contra el doctor Eduardo Casal. Es un hombre de derecho y no estamos frente a una persecución ni mucho menos. Queremos que se activen los protocolos constitucionales de juicio político”. Sostuvo que en principio al criterio de “buena fe” con Casal consideraban que “fue obligado a la genuflexión con el poder político” por una serie de procedimientos a los que calificaron de “oscuros”.

Gastón Carrere solicitó “el juicio político contra el doctor Casal por mal desempeño en el sumario contra el doctor Carlos Stornelli que permaneció siete meses en rebeldía con la Justicia”. Subrayó que la causa por la que se citaba a Stornelli “era de suma gravedad”. Carrere calificó el comportamiento de Casal en el sumario que la Procuración le siguió a Stornelli como “encubrimiento”.

Al comienzo de la videoconferencia, el secretario de la Bicameral dio lectura a numerosas notas ingresadas en las que se solicitó la presencia, entre otros, de “los empleados de la fiscalía de la fiscal Boquín” y del “fiscal federal Carlos Stornelli”.

En una acalorada reunión, marcada por gritos y reclamos de la oposición, el Frente de Todos votó -a mano alzada- en la Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal el giro de los 12 pedidos de juicio político contra el procurador general interino, Eduardo Casal, a la comisión competente de la Cámara de Diputados.

El traslado de las solicitudes se aprobó luego que interviniera el diputado Nicolás Rodríguez Saá (FdT), vicepresidente segundo de la Comisión de Juicio Político -presidida por la oficialista Josefina González-, quien consideró que “es de gravedad absoluta la situación del procurador interino y su falta de apoyo al Estado de Derecho”.

“Quiero anunciar que vamos a llevar adelante todas las actuaciones para iniciar el proceso como corresponde”, anticipó el legislador y, acto seguido, el titular de la bicameral, el senador Martín Doñate, realizó una rápida votación a mano alzada, que dio por aprobada “por la mayoría”.

Minutos después, el diputado Diego Mestre (UCR) se quejó de “haber votado sin habernos escuchado, sin haber contado por parte de usted (a Doñate) cuáles son los diputados y senadores por la supuesta mayoría, el traslado de estos pedidos de juicio político… bueno, dígame si eso no es persecución”.

“Previamente lo que deberíamos hacer es mínimamente escuchar al procurador Casal. ¿Por qué no darle la posibilidad?”, expresó y cuestionó avanzar de esa manera “sin escucharlo, sin darle el derecho de defensa”. También pidió volver a votar de manera nominal, algo que no tuvo éxito.

La senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) estalló: “Cuando ustedes hablan parece ya una hoguera pública. ¡No hemos escuchado a una sola persona, no hemos leído un solo renglón de lo que nos han respondido y ustedes ya votan para pasarlo a la Comisión de Juicio Político!“. “Así no ha trabajado nunca esta comisión; se ha escuchado a todos, se ha tenido un debido proceso y se han hecho las cosas que se tienen que hacer”, añadió.

Esto no parece una Comisión de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, sino una comisión de persecución.
Un diputado usó descalificaciones, hay que tener cuidado, porque si uno califica al Procurador como mafioso hay que tener las pruebas y llevarlas a la Justicia. pic.twitter.com/H33hJyDv4p

— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) August 3, 2020

Al comienzo del encuentro, el diputado Rodolfo Tailhade (FdT) cargó contra el funcionario por la “demora absolutamente inexplicable, además de inadmisible” de su respuesta sobre el desplazamiento del fiscal Juan Pedro Zoni en la causa de Correo Argentino, “donde como todos sabemos se encuentra mencionado el expresidente de la Nación (Mauricio Macri)”.

El kirchnerista además remarcó que el procurador “está ocupando un lugar que la verdad es bastante dudoso”. “No sé por qué hoy el doctor Casal es el procurador interino, no conozco ningún papel donde se haya establecido que sea el reemplazante natural”, cuestionó.

Y recordó que en la gestión anterior, “el bloque oficialista tuvo una muy marcada actitud de cuestionamiento, para no hablar de persecución, contra la exprocuradora (Alejandra Gils Carbó), en una posición mucho más compleja que la que tiene Casal”.

En referencia al sumario que se le abrió en su contra Gabriela Boquin, quien encabezó las denuncias en la causa de Correo Argentino, la diputada Vanesa Siley (FdT) alertó que la fiscal “viene recibiendo un claro hostigamiento que data desde abril de 2018: inconsistencias en su custodia, llamadas, robos en su auto. Y este hostigamiento termina con un sumario”.

“El Congreso no puede permitir esa persecución y le manifestamos a la víctima nuestra preocupación. Debemos citar a la fiscal Boquin de manera urgente. Nuestro sistema de normas para la protección a las mujeres se ha robustecido en estos años: apliquémoslas”, agregó.

A su turno, la senadora María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) resaltó que trabajadores judiciales “están denunciando” que las acusaciones contra Boquin “fueron guionadas”. Y consideró que en el sumario contra la fiscal “se quiso construir, estigmatizando y con una violencia machista inusitada” a una “mujer autoritaria, diría ‘loca’, como se adjetiva comúnmente a las mujeres de carácter”.

Al cuestionar el desempeño de Casal, la santafesina criticó que el procurador interino le haya aplicado “un apercibimiento” al fiscal Carlos Stornelli, “cuando escuchamos los audios explicándole al falso abogado (Marcelo) D’Alessio cómo iban a armar causas”.

Y agregó: “¿El procurador interirno espera que nosotros le pidamos informes, o no los tiene elaborados? ¡La tendría que tener preparada a la información!”.

Desde la oposición, el diputado Cristian Ritondo (Pro) advirtió que “habría que ver el informe sobre lo que hizo Zoni en la causa y no preocuparnos tanto”. Respecto a Boquin, dijo: “Me extraña que se hable así cuando fueron siete trabajadores que denunciaron, y seis son mujeres y una de ellas discapacitada”.

“Está denunciada por cuestiones de maltrato laboral; tenemos que tener cuidado”, señaló el jefe del bloque macrista en la Cámara baja y coincidió en citarla a la comisión para que brinde explicaciones sobre “la relación con el personal”.

En otro tramo, la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR) se quejó de que la bicameral “ya no parece una comisión de control y seguimiento, sino una comisión de persecución”. “Lo que quiero es que acá triunfe la verdad. Pero veo lisa y llanamente una persecución y esto me preocupa”, siguió.

La tucumana defendió que el funcionario no haya remitido a tiempo la información: “¿Dónde viven los que creen que es una burla, que no saben lo que está pasando en el país?”. Y afirmó, ante las críticas del oficialismo, que Casal es el procurador interino “por imperio de la ley, eso no un invento de nadie”.

En tanto, la diputada Graciela Ocaña (Pro) cuestionó que se quiera “poner un manto de duda a una actividad que está llevando adelante la Procuración”, y mencionó que el mecanismo para iniciar sumarios a los fiscales se realiza a sugerencia del Consejo Evaluador, procedimiento en el que actuó Casal. En cambio, “(la exprocuradora Alejandra Gils Carbó) era ella la que decidía a qué fiscal se le abría un sumario y a qué fiscal no”, reclamó.

Hacia el final de la reunión, expuso la abogada Natalia Salvo -respecto a un pedido de juicio político contra Casal-, pero por falta de tiempo los legisladores no pudieron hacer preguntas. Doñate informó que el próximo miércoles, a las 14, volverán a convocar para escuchar a los invitados que no expusieron y, además, asistirá la fiscal Gabriela Boquin.

Hoy a partir de las 14 vuelve a reunirse en el Congreso la Comisión Bicameral que se ocupa del Control y Seguimiento del Ministerio Público y Fiscal a fin de evaluar la conducta procurador general de la Nación, Eduardo Casal, y los pedidos de juicio político que están impulsándose en su contra.

La movida es motorizada por el kirchnerismo, que cuestionó que Casal se amparara en las restricciones que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio para demorar su respuesta a los pedidos de informes que la comisión le requirió en su último encuentro.

Por su lado, la defensora oficial Stella Maris Martinez envió toda la información requerida en tiempo y forma, lo que es utilizado por el kirchnerismo para hablar de una “maniobra dilatoria” de Casal.

Desde el oficialismo se denunció que, paralelamente, Eduardo Casal -quien quedó a cargo de manera interina al renunciar en 2017 Alejandra Gils Carbó, vacante que el gobierno de Cambiemos no pudo cubrir por falta de acuerdo con la oposición en el Senado- realizó “llamados intimidantes” a la fiscal Gabriela Boquín. En los mismos le habría advertido que impulsaría un sumario contra ella, quien la semana anterior había adoptado resoluciones relacionadas con la deuda que mantiene Correo Argentino con el Estado nacional.

En ese sentido la agrupación Justicia Legítima publicó el viernes un comunicado en el que se solidarizó con la fiscal y pidió “el cese de esas prácticas persecutorias”.

A propósito de ello, el presidente de la Comisión Bicameral, senador Martín Doñate, expresó que “no vamos a permitir que Casal atropelle a la Republica burlándose de Congreso de la Nación. Argumenta que la pandemia vigente le impide brindar la información que le solicitáramos cuando, hasta el momento, lleva realizadas 367 resoluciones, dispuso subrogancias, interinatos, designaciones de magistrados coadyudantes, habilitó auxiliares fiscales, oficializó ascensos. La tarea de la procuración es esencial y hay muchísimos fiscales trabajando de manera presencial y/o remota. No existe ninguna excusa para no presentar la información que le pedimos desde la Comisión Bicameral”.

La comisión impulsó, en su última reunión, una serie de pedidos de informes a Casal vinculadas con las actuaciones del procurador interino. El pedido se funda en una gran cantidad de solicitudes de juicio político al procurador interino por parte de agrupaciones y profesionales. Todas ellas fueron enviadas en los últimos meses a la comisión que debe controlar el buen funcionamiento del organismo, argumentando en su mayoría que Casal habría incumplido con sus deberes de funcionario público y/o cometido abuso de poder.

En este sentido, Doñate expresó que “Eduardo Casal ocupa el interinato más largo de la historia de la procuración. Llegó a su cargo de manera irregular tras una enorme presión del gobierno de Mauricio Macri y de los medios de comunicación para desplazar a su predecesora. Ha sido fundamental en el modelo de persecución judicial y en el armado de causas; en la presentación de testigos ‘truchos’ y en la protección de fiscales que desempeñaron sus funciones con actuaciones delictivas. Con esa misma habitual impunidad, hoy desconoce y se burla del Congreso de la Nación y de los representantes del pueblo y las provincias negándose a brindar la información que le solicitáramos desde la Comisión Bicameral que presido. No lo vamos a permitir”.

La Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal, presidida por el senador Martín Doñate (FdT), se reunió para concluir con la designación de sus autoridades.

Mediante la modalidad de videoconferencia, fueron electos como vicepresidente el diputado Emiliano Yacobitti (UCR) y como secretario el diputado Ricardo Daives (FdT).

Cabe recordar que en su reunión constitutiva original, el cargo de Yacobitti había sido postergado ante discrepancias internas en Juntos por el Cambio, pues si bien se había acordado previamente que el puesto correspondía a Diputados, ese día lo reclamaron los senadores.

A continuación, este jueves se dio ingreso formal a un conjunto de notas dirigidas al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, mediante las que los legisladores le solicitan información sobre cargos vacantes en la provincia de Tucumán, cantidad de magistrados a su cargo sometidos a régimen disciplinario, las ejecuciones presupuestarias del Ministerio Público Fiscal en los años 2018 y 2019, traslados de fiscales y cargos vacantes a nivel nacional.

Por último, también se formalizó el ingreso de distintos pedidos de informes de diversas organizaciones sociales al Procurador General de la Nación.

Esta comisión es el órgano de relación entre el Poder Legislativo, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa de la Nación. La integran los diputados Pablo González (FdT), Vanesa Siley (FdT), Rodolfo Tailhade (FdT), Cristian Ritondo (PRO), Graciela Ocaña (PRO), y Diego Mestre (UCR); y los senadores María de los Ángeles Sacnun (FdT), Claudia Almirón (FdT), Carlos Caserio (FdT), Dalmacio Mera (FdT), Nestor Braillard Poccard (PRO), Eduardo Costa (UCR), y Silvia Elías De Pérez (UCR).