El Gobierno nacional envió al Congreso este jueves el proyecto de ley para reestructurar la deuda local, con el objetivo de darle un tratamiento similar a la renegociación de la deuda bajo ley extranjera.

La iniciativa, que ingresó por el Senado, consta de ocho artículos y dispone, “con base en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, la reestructuración de los títulos emitidos en dólares pero bajo la ley argentina.

De acuerdo al texto, los tenedores de los títulos denominados “elegibles” que no adhieran a la invitación a canjear continuarán con sus pagos diferidos hasta el 31 de diciembre de 2021.

Y agrega: “Una vez liquidada la operación aprobada por el artículo 1°, los tenedores de estos Títulos Elegibles que a esa fecha no hubieran adherido, podrán canjearlos en los términos de la presente ley mediante notificación dirigida a la Autoridad de Aplicación”, que será el Ministerio de Economía.

La cartera que conduce Martín Guzmán quedará facultada “para realizar todos los actos y/o contrataciones necesarios” tendientes al cumplimiento de la norma, como así también “para dictar toda norma complementaria y de implementación”.

Otro de los artículos indica que el Poder Ejecutivo deberá remitir al Congreso “un informe con los resultados de la operación dispuesta dentro de los 90 días de liquidada la operación”.

En los argumentos de la propuesta, el Gobierno señaló que esta iniciativa se diseñó “en consonancia con la oferta efectuada para los tenedores de títulos públicos emitidos bajo legislación extranjera”.

“El marco macroeconómico sobre el que la propuesta se ha sustentado presenta una secuencia progresiva de condiciones para tranquilizar la economía y ampliar el horizonte de planificación, de modo que las decisiones de los individuos y las empresas comiencen a operar en condiciones estables”, se agregó.

Además, en los considerandos se indicó que “el volumen de deuda y la tasa de interés promedio que surge de la reestructuración, en uno y otro caso, es compatible con el sendero de superávits primarios que se plantean en el escenario, de manera que en el largo plazo las relaciones de deuda a producto de la economía se estabilicen, garantizando la sostenibilidad”.

“La consolidación fiscal gradual es económica y socialmente soportable y encuentra su basamento en la necesidad de atender requerimientos sociales urgentes, producto tanto de la emergencia económica como de los gastos extraordinarios originados en el brote de Covid-19, que a su vez tendrá un fuerte impacto en los recursos públicos”, se sostuvo.

Y se remarcó que la propuesta incorpora incluso “opciones en pesos para determinados instrumentos elegibles, con lo que también preserva los objetivos de sostenibilidad de la deuda pública aliviando las restricciones de mediano y largo plazo devenidas de la actual carga de la deuda”.