El oficialismo provincial está haciendo de las suyas con la Justicia y la gran mayoría de los entrerrianos desconoce o mira con perplejidad los acontecimientos. Vayamos por parte. 

La justicia es un servicio público y un poder independiente. Sin embargo, algunas decisiones del Ejecutivo «influyen» sobre ella, condicionando su independencia. 

Hoy en la justicia se tramitan dos de las causas de corrupción más importantes de la historia provincial, que involucran directamente al poder político y donde los actores protagónicos aparecen ligados al oficialismo: los contratos truchos de la legislatura y delitos varios que se le imputan al ex Gobernador Urribarri por el desvío de fondos durante su mandato. 

Ahora bien. Tan pronto como algunos asuntos empiezan a ver la luz siempre aparecen los «mandaderos» del juego sucio que hacen fuerza para tapar la luz con sombras. Intervienen allí actores del poder político y de la propia justicia. 

La apertura de una causa de enjuiciamiento a la Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, que debe investigar los delitos, se inscribe a esta trama. No se trata de defender su proceder sino, en todo caso, de visibilizar la convivencia entre poderes, que viene de vieja data y que hay que desmontar. 

Habrá que seguir el caso con atención porque, como decía, algunos sólo miran con perplejidad estos movimientos, pero la gran mayoría permanece ajeno a estas situaciones que podrían generar un grave precedente para la institucionalidad entrerriana. 

En agosto y noviembre los entrerrianos fuimos a votar y en esa expresión democrática y popular señalamos que algo no va bien, que hay que torcer rumbos y que hay que hacer cambios. Quienes ven amenazada su continuidad en el poder político y judicial están haciendo lo imposible para que nada cambie. 

Pero quienes creemos en otra forma de hacer las cosas y en la independencia de los poderes no podemos dejar pasar la situación por alto y bregar para que, al final de esta historia, podamos decir: fue justicia.