La oposición presentó un amparo contra el DNU que prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena

El recurso lo encabezó el diputado radical Gustavo Menna, quien acusó al Gobierno de gobernar por decreto.

Ante el decreto emitido por el presidente Alberto Fernández que prorrogó la ley de propiedad comunitaria indígena en el mismo momento en que se debatían modificaciones a la misma en el Congreso, diputados nacionales de Juntos por el Cambio -encabezados por Gustavo Menna (UCR – Chubut)- decidieron acudir al recurso de amparo para plantear la inconstitucionalidad de la acción.

En la demanda que se emitió a la justicia federal, Menna afirmó que “mediante el DNU 805/2021 el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto prorrogar la Ley 26.160 (de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras por parte de comunidades indígenas), en clara violación a la prohibición de ejercer facultades legislativas contenidas en los artículos 1, 75, 76 y 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”, y continuó: “El DNU fue emitido a los pocos días de que el Senado de la Nación diera media sanción al proyecto de ley que disponía tal prórroga y encontrándose en pleno trámite el proyecto que dispone similar prórroga en la Cámara de Diputados de la Nación”.

En este sentido, el legislador radical acusó al ejecutivo nacional de “no respetar ni la Constitución, ni al órgano legislativo” argumentando que los Decretos de Necesidad y Urgencia sólo están comprendidos en ocasiones particulares. “Es un Gobierno que lleva dictados 172 decretos en forma contraria a la Constitución. Normalizando una situación que sólo es admisible como excepcional. Por esa razón hemos interpuesto un amparo ante la Justicia Federal planteando la inconstitucionalidad del DNU 805”, denunció Menna.

Por otro lado, el radical chubutense se refirió a la problemática actual que enfrenta la región patagónica en materia de la tensión que se viene gestando desde hace un tiempo con las comunidades aborígenes de la zona, algo de lo que también responsabilizó al gobierno en funciones.

“La Patagonia enfrenta una situación de violencia generada por grupos que reniegan de la soberanía argentina, amenazan a los pobladores, usurpan propiedad privada y pública, atacan a los guardaparques, incendian instituciones de la sociedad civil, muchas veces alentados por la omisión cómplice de un Gobierno Nacional que llegó a decir en palabras del presidente que no era su función dar seguridad a la zona”, sentenció para luego fundamentarlo con un ejemplo concreto: “Esa omisión muchas veces se tradujo en complicidad activa, como cuando el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, abogó por la liberación de Facundo Jones Huala, y cuando la Administración de Parques Nacionales desistió de la querella por la toma de Mascardi”, en Río Negro, agregó, y consideró que “la sensación es de desprotección y abandono”.

El amparo, que cayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 5, a cargo de Alejandra Biotti, fue acompañado por los diputados Mario Negri (UCR – Córdoba), Lorena Matzen (UCR – Río Negro), Fabio Quetglas (UCR – Buenos Aires), Ignacio Torres (Pro – Chubut), David Schlereth (Pro – Neuquén), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica – Buenos Aires), Francisco Sánchez (Pro – Neuquén), Mónica Frade (Coalición Cívica – Buenos Aires), Rubén Manzi (Coalición Cívica – Catamarca) y Pablo Torello (Pro – Buenos Aires).

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