Se había dispuesto por ley en 2020 para recibir denuncias de abuso sexual y violencia. La diputada Roxana Reyes enfatizó que “hasta la fecha no vemos avance alguno en la implementación de esta política pública”.
La diputada nacional Roxana Reyes (UCR-Santa Cruz) presentó un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que, a través de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, informe acerca de las medidas adoptadas para la implementación de la creación de una inter-fase tecnológica destinada a dar información, contención y brindar asesoramiento en materia de violencia, maltrato y abuso sexual, y otras vulneraciones de derechos contra niñas, niños y adolescentes (NNyA).
“Actualmente la línea 102 funciona solo en 17 de las 24 provincias de nuestro país y no cuenta con una aplicación para que los NNyA puedan comunicarse. Las provincias de Santa Fe, La Pampa, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego y San Luis cuentan con números de línea diferentes al 102, que son más extensos y no son gratuitos, lo que implica una enorme dificultad para recordar los mismos y comunicarse”, explicó la legisladora.
La reforma de la Ley 26.061 que se sancionó en el año 2020 por medio de la Ley 27.576 preveía la creación de una inter-fase tecnológica para la información y denuncia de situaciones de abuso sexual y otras vulneraciones de derechos.
“La idea era que se pudieran realizar intervenciones de forma conjunta y articulada con los distintos organismos del Estado que trabajan ante la amenaza o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se pretendía también unificar la información de todas las provincias en la materia. Sin embargo, hasta el día de la fecha no vemos avance alguno en la implementación de ésta política pública. Lo que resulta sumamente preocupante puesto que constituye una violación al derecho de los niños, niñas adolescentes a ser oídos, protegido en nuestro ordenamiento jurídico”, fundamentó la santacruceña.
Y concluyó: “Solicito con urgencia se informen las medidas que se han implementado al día de la fecha para dar lugar a la concreción de dicha política pública, apoyada por ambas cámaras del Congreso y pensada como un aporte al sistema de canalización de denuncias actual”.
La iniciativa fue acompañada por sus pares Lidia Ascárate, Gabriela Lena, Camila Crescimbeni, Ingrid Jetter, Karina Bachey, Héctor Stefani, Alberto Asseff, Graciela Ocaña, Germana Figueroa Casas y Mariana Stilman.
