La Corte Suprema de Justicia anuló todo lo decidido por el juez federal de Paraná Daniel Alonso, que había prohibido al Congreso enviar a sus dos representantes al Consejo de la Magistratura, y lo denunció por mal desempeño para que eventualmente se le inicie juicio político.

Cabe recordar que la presentación fue hecha por el diputado nacional Marcelo Casaretto ante el Juzgado Federal N° 2 de Paraná cuya cautelar ordenaba a los presidentes del Senado y Diputados, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, respectivamente, que se abstengan de designar nuevos miembros en el Consejo de la Magistratura.

El magistrado había expresado que el Congreso no podía enviar a sus representantes al Consejo porque primero debía mandar u informe y estudiar si correspondía o no, ignorando la sentencia de la Corte que había ordenado normalizar el cuerpo.

Fue el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires quienes presentaron ante el órgano judicial un pedido de destitución de Alonso en el que enumeraron varios motivos, entre ellos, “haber ordenado desconocer parcialmente un fallo firme, pasado en autoridad de cosa juzgada, de la Corte Suprema”, con lo cual acusaron al juez de “haberse arrogado el papel de órgano revisor de las decisiones de la Corte Suprema”.

También apuntaron al hecho de que el juez dictó una medida precautelar “para impedir el cumplimiento de un fallo judicial” y que admitió tramitar un amparo “en contra de lo dispuesto en el art. 2, inc. b de la Ley 16.986 de Amparo, que veda esa acción contra actos del Poder Judicial”.

De acuerdo con el comunicado que dio a conocer la institución presidida por Alberto Garay, el pedido “incluye la suspensión inmediata en sus funciones al Dr. Alonso mientras dure el procedimiento de remoción”.

Entre los fundamentos de la presentación, se sostiene que “este cúmulo de arbitrariedades y desvíos groseros del derecho vigente (…) no pueden ser atribuidos a un mero descuido o equivocación inadvertida por parte del juez Alonso”, sino que representan “un evidente y grave desconocimiento del derecho, en especial de la Constitución Nacional” y “una evidente ineptitud intelectual que impiden que continúe en el ejercicio de la magistratura federal”.

Este lunes la Corte Suprema de Justicia asumió el control del Consejo de la Magistratura para que comience a funcionar, tras vencerse el plazo que el Máximo Tribunal estableció en el fallo que emitió en diciembre pasado en el que declaró la inconstitucionalidad de la ley aprobada en 2006, por lo que la composición del Consejo pasó nuevamente a tener 20 miembros.