Por Silvina García Larraburu. Finalmente obtuvo dictamen el proyecto de ley de VIH, que viene a actualizar la Ley Nacional de SIDA. La norma impulsada por la autora de esta nota y similar a la que viene de Diputados propone un enfoque centrado en los Derechos Humanos, con perspectiva de género.
Tenemos que abordar desde una mirada amplia al VIH, las Hepatitis virales, la Tuberculosis y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).
Es de suma importancia el dictamen favorable que se le dio a una ley muy militada y trabajada con organizaciones a lo largo y ancho del país donde proponemos transformar el abordaje sobre el VIH. Ese es el objetivo principal de la ley que propongo.
Es la respuesta legislativa a la desactualizada Ley Nacional de SIDA, 23.798 sancionada hace más de 30 años. Su redacción obedeció a un momento histórico y a un paradigma centrado en lo biomédico y en la enfermedad, que actualmente no tiene vigencia. Además, despliega contenidos que resultan discriminatorios y estigmatizantes, en su enfoque y terminología.
Desde una perspectiva integral, la nueva ley plantea propone un enfoque centrado en los Derechos Humanos, con perspectiva de género. Desde 2016 he presentado iniciativas en este sentido. Son años de trabajo en el que fuimos incorporando nuevos aspectos y derechos para todos y todas las que padecen estas enfermedades, desde una perspectiva centrada en la persona y la promoción de la salud. Fue un largo camino en el que trabajamos de manera articulada con más de 50 organizaciones de la sociedad civil, referentes médicos y científicos, representantes de gobiernos provinciales y municipales, entre otros. Presentamos el proyecto por primera vez en Bariloche y luego lo hicimos en distintos puntos del país, con el objeto de enriquecer y federalizar el debate.
Se estima que en Argentina 140.000 personas conviven con VIH y el 17% no conoce su diagnóstico. A su vez, el diagnóstico tardío asciende al 29,9%.
Tanto el proyecto de Diputados, como el de mi autoría declaran de interés público nacional los medicamentos, vacunas y demás insumos destinados al diagnóstico, tratamiento y cura, como así también la investigación y el desarrollo de tecnologías locales para su producción pública nacional.
La iniciativa propone abordar los determinantes sociales de la enfermedad y desarrollar políticas públicas dirigidas a las situaciones de vulnerabilidad. Es por ello que se habla de asistencia interdisciplinaria: a la médica y farmacológica, se agrega la legal, psicológica y social. Además, garantiza la participación activa de las personas con VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS como socias indispensables en la respuesta integral. En materia Laboral: además de prohibir la realización del diagnóstico; se garantiza su derecho al trabajo y estabilidad laboral. Y se determina un régimen previsional diferencial.
Es una ley con perspectiva de género que incluye los derechos de las personas gestantes.
En fin, estamos ante una legislación de avanzada que seguramente será ejemplo en la región y el mundo.
