Para la legisladora y presidenta de la Comisión de Promoción Social, Laura Velasco, hubo “mentiras” en el informe de gestión que Felipe Miguel brindó este martes en la Legislatura porteña.

“Hoy llegamos a esta Legislatura viendo en grandes carteles luminosos que hoy es el Día del Orgullo. Sin embargo, en el Día del Orgullo LGBTIQ+, el jefe de Gabinete vuelve a fortalecer el planteo de la ministra (Soledad) Acuña en contra de algunas de las formas del lenguaje inclusivo que, justamente, permiten nombrar a las personas no binaries”, expresó la diputada porteña, y agregó: “Esto es muy grave porque de lo que se trata es de ocultar los malos resultados  educativos que son parte de su gestión y consecuencia de haber recortado 12 por ciento del presupuesto educativo en la Ciudad, de tener escuelas sin gas porque no hay inversión en infraestructura escolar, de la falta de vacantes y de no haber tenido computadoras y conectividad en tiempos de pandemia para garantizar la continuidad escolar, además de la mala alimentación”.

“Las condiciones para enseñar y aprender en la escuela no son las adecuadas a la ciudad más rica del país. De eso debiera hacerse cargo la ministra en su gestión”, manifestó la legisladora, quien además integra la Comisión de Educación.

La diputada porteña explicó que “cuando Felipe Miguel habla de consenso, por ejemplo, los dos grandes proyectos que envió el Ejecutivo a esta Legislatura no lograron consenso. Desde el Frente de Todos, Todas y Todes no acompañamos la modificación del Estatuto del Docente porque no se trabajó con la comunidad educativa, como tampoco al que llamaron de integración productiva e impulso al trabajo en los barrios populares porque no se discutió en las mesas de gestión participativas con los vecinos y vecinas como dice la ley pero además, porque esas palabras que nombraban el proyecto tampoco tienen nada que ver con lo que se hizo”.

“Cuando habla de apertura pulmones de manzana en la urbanización de los barrios populares, la realidad es que deberíamos hablar de cemento pintado de verde, microbasurales, de escombros acumulados o de cementerios de autos que contaminan el suelo con plomo”, siguió.

Además de las palabras, Velasco se refirió a los números: “Sesenta millones de pesos se van a destinar para aplicar la Ley 6.376 de la economía social y popular, lo que significa para cada una de las 7.900 unidades productivas apenas 7.594 pesos. Mientras a las grandes cadenas comerciales les ofrecen subsidiar el 80 por ciento de la inversión que realicen para instalarse en los barrios populares y le cobran la ganga de 120 mil pesos de alquiler mensual”.

Y completó: “El Estado tiene que acompañar a quienes están a lo último, no seguir financiando y subvencionando a los privilegiados, porque así continuamos construyendo una ciudad cada día más desigual”.