La iniciativa que toma como base un articulado del senador de mandato cumplido de Juntos, Juan Carlos Fiorini, aunque se tratará con el agregado del senador del FdT Eduardo Bucca, busca prohibir el uso de “artículos de pirotecnia de alto impacto sonoro” en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires para “proteger la salud de la población” de sus “efectos audibles, fumígenos, químicos y físicos”.

Específicamente se establece, en el articulado, la prohibición “de la comercialización, la venta al público mayorista o minorista, la venta ambulante en la vía pública y el uso particular de artificios pirotécnicos y de cohetería de uso recreativo de alto impacto sonoro, cualquiera fuera su característica y naturaleza, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia”.

Además, introduce una regulación para los actos oficiales al prohibir “la adquisición y uso por parte del sector público provincial, de todo artificio pirotécnico o de cohetería, sea de bajo o alto impacto sonoro, en los eventos y/o espectáculos que organice”.

No obstante, se evita extender la prohibición a los “artificios de uso práctico” que se emplean en ferrocarriles, en transportes terrestres y aéreos, en sectores agropecuarios o industriales, en la navegación marítima y fluvial, y en las fuerzas de seguridad, y también los que se manipulan en casos de localización de personas, sistemas de seguridad, detección de incendios y emergencias, entre otros.

La normativa también avanza hacia las multas ante el incumplimiento que serán de “entre cinco y cincuenta haberes mensuales de Agentes de Seguridad (Agrupamiento Comando) de la Policía de la provincia de Buenos Aires” para las personas físicas y clausuras de entre cinco a diez días a los comerciantes que vendan “en forma mayorista o minorista” artificios o cohetería.

En otro orden también se estaría aprobando en la sesión de este miércoles un proyecto de ley, de la senadora Daniel Reich para garantizar el derecho a acceder, deambular y permanecer en espacios públicos o de uso público de manera libre, en compañía de un perro de asistencia a toda persona con discapacidad.

Los senadores bonaerenses también, tal como se adelantó, tienen previsto tratar en el recinto de la Cámara alta la prestación de acuerdos a una decena de pliegos de funcionarios judiciales, una gota en el desierto si tenemos en cuenta que desde el Poder Judicial se viene reclamando la designación de entre 400 y 700 cargos judiciales.

No obstante, se prevé que, por unanimidad, tal como se despachó desde la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos que comanda senador de La Cámpora Emmanuel González Santalla, se acuerden 10 expedientes para su correspondiente designación.   

Así, desde que arrancó la gestión del gobernador Axel Kicillof, el Senado bonaerense estaría prestando acuerdo a 72 pliegos judiciales, con sus propias particularidades.

En principio, en la totalidad de 72 pliegos acordados por el Senado en estos últimos tres años, 41 fueron pliegos remitidos por la gobernadora María Eugenia Vidal y fueron aprobados en soledad por Juntos, cuando ostentaba mayoría de bancas en la Cámara alta, luego de una dilatada polémica por la oportunidad de su tratamiento.

Primero se objetó, desde el Unidad Ciudadana y el Frente Renovador, que estaban dentro de proceso electoral, en los últimos meses de Vidal, por lo que se pospuso su tratamiento en recinto; y luego se subrayó, desde el FdT, que se trataba de pliegos que no debía considerarse porque no había sido enviado por el gobernador Axel Kicillof. Haciendo caso omiso, la bancada de Juntos para el Cambio, en 2021 acordó los pliegos con sus propios senadores y en ausencia de los senadores oficialistas del bloque del FdT.

Hubo otros 31 pliegos judiciales acordados que fueron los primeros que giró el Gobernador Kicillof, al igual que estos últimos diez. En total son 41 también los que totalizan. ¿Casualidad?

Otras de las particularidades que se observan es que, de los 10 pliegos, 6 son fiscales, un gesto hacia el funcionario del Poder Judicial más cuestionado por el oficialismo actual, el Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand.

Al mismo tiempo serán sancionados 4 proyecto de ley que expropian terrenos en General Arenales, Avellaneda y General San Martín para destinarlos al Poder Judicial, para la construcción de nuevas dependencias.

Esta acción también suma al gesto del oficialismo hacia el Poder Judicial, las iniciativas llevan la firma de la diputada Susana González y de Mariano Cascallares, dos legisladores “intrusos” del oficialismo en “función judicial”, función que estaría reservada para otro espacio.

Además, otra particularidad, en dos de los cuatro proyectos de expropiación explícitamente se consigna que los terrenos serán cedidos a la Suprema Corte de Justicia con destino al funcionamiento de dependencia judiciales. En los otros dos se estable el ambiguo destino de “viviendas de interés social y/o equipamiento comunitario y/o espacio verde de uso público”.