Acompañado por un centenar de dirigentes del Pro y Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires, el precandidato a gobernador hizo la presentación en Pinamar.
Metido de lleno en su campaña para gobernador, el jefe del bloque Pro de la Cámara baja, Cristian Ritondo, encabeza este lunes y martes en Pinamar unas jornadas de trabajo en las que debaten las principales problemáticas de la provincia, con el fin de elaborar un plan de gobierno. Es el primero de varios encuentros en los que buscan establecer el “Para Qué” -según los códigos planteados por el expresidente Mauricio Macri- en este caso en la provincia de Buenos Aires.
Alineado con la precandidatura presidencial de María Eugenia Vidal, pero muy cercano a Macri, a quien citan en una convocatoria en la que hablan de hacer base en “los valores que unen”, y “trabajar en las ideas y definir los planes de acción”, Ritondo convoca a “retomar el camino que inició con María Eugenia Vidal en 2015”.
Respecto de la seguridad, una de las principales demandas en la provincia de Buenos Aires, es que Ritondo hizo la presentación de los proyectos de ley, para reformar el Código Penal y el Régimen Penal de Minoridad. Lo acompañaron los intendentes de General Pueyrredón Guillermo Montenegro y de Pinamar, Martín Yeza; Luis Mora (papá de Martín, un joven asesinado en un hecho de inseguridad por adolescentes); y referentes de más de 100 distritos de la provincia de Buenos Aires del Pro y Juntos por el Cambio.
Recordemos que otro diputado del Pro, Diego Santilli, quien también aspira a ser candidato a gobernador bonaerense por Juntos, presentó la semana pasada un proyecto para reformar el Régimen Penal Juvenil.
Ritondo advierte que es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo. “El objetivo de Juntos por el Cambio es volver a gobernar para transformar el rumbo del país y por eso estos proyectos de ley son para obtener mejores herramientas y más efectivas para combatir la inseguridad”, asegura.
Cristian Ritondo apuesta a los cambios integrales que puede generar principalmente la reforma del Código Penal: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
El proyecto de reforma del Código Penal de la Nación plantea actualizaciones importantes sobre combate del crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y también incidentes viables.
En ese contexto, el precandidato a gobernador advirtió: “Ante el creciente incremento de delitos violentos, es urgente que el país tenga mejores leyes para hacer frente a un delito creciente y cada vez más complejo” y recordó: “Hemos decidido avanzar en la presentación de este proyecto, presentado durante la gestión del presidente Mauricio Macri. Lamentablemente, este debate fue suspendido desde 2019 porque el oficialismo está más preocupado por una reforma judicial de espaldas a los problemas de la gente que de las reformas necesarias para enfrentar los hechos de inseguridad”.
Luis Mora, quien viene trabajando junto a Ritondo en los proyectos de ley y tiene una petición en Change.Org con más de 60 mil firmas para modificar el régimen penal juvenil, sostuvo “No hay palabras para justificar lo que le pasó a mi hijo”, dijo y agregó: “Le pido a la gente y al ciudadano común que me apoye con la firma para lograr la ley de imputabilidad de menores que está encaminada para tratar en el recinto”.
“Usen la petición de Change.org y firmen” y añadió: “Mientras más sumemos, más positividad tendremos en el tratado de la ley”.
Por su parte el intendente Guillermo Montenegro argumentó: “Como colaborador en el proyecto, puedo decir que estas herramientas fueron trabajadas en equipo, escuchando a la gente, con el objetivo de asegurarnos que estos casos puedan resolverse”.
Por último, Yeza expresó: “Las leyes penales tienen que ser claras, por un lado para que el que las hace las pague con un régimen jurídico acorde y además evitar la injusticia que genera la discrecionalidad: Esta ley es un avance”.
● Incorpora la posibilidad del decomiso en forma anticipada de los bienes de los criminales
● Define criterios objetivos para la determinación de las penas, por ejemplo, se establece que la violencia de género es una circunstancia agravante que obliga al juez a imponer una pena dentro del tercio superior de la escala que corresponda para cada delito.
● Los reincidentes y autores de delitos graves como es el narcotráfico, los homicidios agravados, abusos sexuales agravados, secuestro extorsivo agravado, trata de personas, corrupción de menores, terrorismo, entre otros, no podrán contar con el beneficio de la libertad condicional.
● Para fortalecer la prevención y teniendo en cuenta el alto nivel de reincidencia, se incorpora el seguimiento socio-judicial aún después del cumplimiento de la pena para condenados por delitos especialmente graves, como es el homicidio agravado.
● En cuanto al accionar de las fuerzas de seguridad, se incorpora expresamente la exención de responsabilidad cuando un miembro de las fuerzas cause lesiones o muerte en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria. Además, el asesinato de un miembro de las fuerzas de seguridad es un homicidio agravado con prisión perpetua.
● Aumentan las penas para el narcotráfico y se establecen agravantes para el tráfico utilizando a menores, o para cuando se haga en colegios y clubes.
● En cuanto a la lucha contra la corrupción, el proyecto prevé un aumento de las escalas penales para los delitos de corrupción.
● Incorpora delitos para castigar el terrorismo con fuertes penas de prisión para los jefes y organizadores.
El otro proyecto de ley que el diputado nacional del Frente Pro Cristian Ritondo considera también fundamental es el de un nuevo Régimen Penal de la Minoridad: “El Estado está abandonando a la víctima y también a esos menores que seguramente vuelvan a delinquir porque no hubo costo en su accionar ni seguimiento por parte de las autoridades sobre su trayectoria de vida. Por eso creemos que hay que bajar la edad de imputabilidad y establecer un régimen especial entre los 14 y los 18 años, que permita dar respuesta adecuada frente a esta situación”.
5885-D-2022