Fue en el seno de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. La iniciativa obtuvo 36 firmas y 3 con disidencias.
Otro de los proyectos que pasó a la firma en la reunión de este martes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, a cargo de Carlos Heller (FdT), fue el que propone la creación del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina – PROGRESAR-, que obtuvo 36 firmas, 3 con disidencias.
Desde el Anexo ‘C’, Heller procedió a leer el temario para el encuentro e inmediatamente le cedió la palabra a la diputada entrerriana Blanca Osuna quien explicó el proyecto sobre PROGRESAR “que tiene historia en el país y deviene de una decisión firme política de la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner al crear el programa de respaldo a estudiantes”.
En ese sentido, explicó que se trata de “muchas cosas que se hablaron en la reunión conjunta y en muchas otras de educación y en debates múltiples. Estamos hablando de herramientas que el Estado pone a disposición para hacer realidad la posibilidad y el derecho a la educación”.
“Esa herramienta es un aporte económico, un seguimiento, un apoyo, una definición federal sobre recursos que llegan a estudiantes que en principio y en una primera etapa de implementación, fueron estudiantes a partir de los 18 años en adelante a 28 años”, precisó Osuna y agregó que “ese rango etario se fue ampliando”.
En suma, indicó que esta ley plantea “dos cuestiones interesantes en materia de ampliación de cobertura. Uno es que el Ministerio de Educación de la Nación que es la autoridad de aplicación defina y trabaje la ampliación hasta o a partir de los 15 años y después desde los 30 a 35 años”. Asimismo, la entrerriana aclaró que “esa ampliación no es fortuita. Tiene que ver con cumplimentar ese acceso, la permanencia y una asistencia específica con recursos profesionales que van asistiendo a los estudiantes en distintos momentos de su trayectoria educativa”.
“Cuando planteamos políticas públicas destinadas a disminuir la pobreza y la desigualdad estamos hablando de este derecho. El poder definir a quienes son sujetos de este derecho, de ninguna manera como beneficiarios, sino como quienes acceden a lo que le corresponde que es ese acompañamiento estatal porque hay que tener condiciones para poder acceder al aporte”, explicó Osuna.
También destacó que “la propuesta ha permitido que el Estado priorice determinadas carreras estratégicas, considere el desarrollo profesional de la formación de enfermeros y enfermeras y al mismo tiempo, al hablar de las condiciones y requisitos se ha abierto la posibilidad para que el acceso a este aporte no conspire contra otros beneficios”.
“El desarrollo del programa desde su inicio desde el 2014 en adelante no fue lineal. Tuvo graves retrocesos de desfinanciamiento que cuando el mandato de Cristina Kirchner en 2015 concluyó, había 1 millón de personas que accedían al aporte, ese universo social disminuyó notoriamente hasta llegar a 600 mil”, denunció Osuna y comparó: “Actualmente durante esta gestión se han dado dos decisiones, una es la ampliación de edad con lo cual hay un impulso real y efectivo de acompañamiento; y al mismo tiempo hubo una aprobación de una ley del aporte extraordinario de los sectores de mayores recursos del país que ayudó para crear el fondo fiduciario para poder ampliar el programa”.
Y cerró: “Acá hay un Estado presente que ha planteado una definición clara, contundente, acompañar en el acceso y el derecho a la educación superior. Es apostar al crecimiento del país”.
En el uso de la palabra, la diputada del Pro Germana Figueroa Casas criticó que “este proyecto llegó rápido, no tuvimos tiempo de verlo, pero a nosotros nos compete analizar presupuesto. Viendo el proyecto, encontramos que dentro de la financiación se habla de los recursos provenientes del Fondo Fiduciario Progresar creado por el decreto 57/2022 en enero, pero no aparece en el presupuesto ese dinero. Era un 20% del aporte solidario. No está en la rendición de cuenta y no está en el Presupuesto 2023”.
En esa línea, solicitó “antes de aprobar una ley, tener en claro si ese financiamiento existe o no, si ese fondo está constituido en el Presupuesto”. Fue la propia Osuna quien aclaró la duda de la diputada del Pro: “Este tema lo tratamos junto con el tratamiento del Presupuesto. Fue una sugerencia de (Alejandro) Finocchiaro de definir que eso en el Presupuesto figure porque es el reaseguro estos recursos que hasta ahora se mantienen del aporte”.
Heller aclaró que “la ley del aporte solidario establece aplicaciones específicas de esos fondos. No se podrían utilizar para ninguna otra cosa que no sea para esto y que el 20% total de lo recaudado por es aporte solidario tiene que ir a este programa. No hay una asignación presupuestaria adicional en el Presupuesto”, y se comprometió a pedir un informe sobre los egresos e ingresos de los fondos ante la insistencia de Figueroa Casas.
A su turno, la legisladora del bloque Evolución Radical Danya Tavela celebró el debate y el diálogo en torno al tema porque permitió “enriquecer la mirada a todos por la mirada de los otros y es un aprendizaje que tenemos que hacer en la política argentina y en la gestión que tienen que ver con ampliar la mirada para los que opinan diferente”.
“Si estamos de acuerdo en la necesidad de que esta política de acompañamiento, de apoyo. Esta política que permite a los jóvenes promover y construir sus propios proyectos de vida, oportunidad, igualar entre aquellos que tiene diferencias, de egresar de los distintos niveles educativos. Estamos de acuerdo que es un derecho. Estamos de acuerdo que el Estado debe promoverlo y estamos de acuerdo en que debe ser una política de Estado”, enumeró Tavela.
Por otro, señaló que es importante reconocer la “realidad de los jóvenes porque los topes de edad van en contra de aquellos jóvenes que tienen, además de estudiar, trabajar para sostener sus estudios. Además, esta ley muestra que la educación obligatoria y superior no son contradictorias, son parte de un proceso educativo que habla de la educación para toda la vida”.
“Establece una mirada estratégica y federal porque mira qué se necesita en cada una de las regiones para priorizar y fortalecer la formación técnica, profesional, universitaria. Establece requisitos mínimos u no queda librada al voluntarismo del gobierno de turno”, destacó.