Después de que el Gobierno de la Ciudad le pusiera fin a la concesión, los diputados del Frente de Todos (FdT) impulsaron en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de resolución mediante el cual prevén crear una comisión investigadora sobre la administración, gestión y control del servicio de acarreo concesionado a las empresas Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, Industrial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria (SAICFI).

Además pidieron que dicha comisión también investigue “los servicios de estacionamiento concesionados a partir de contratos que tengan como parte involucrada, ya sea de forma individual o societaria, a Marcelo Daniel Violante”.

De acuerdo al proyecto recientemente presentado, la comisión tendría como función investigar la gestión integral de las empresas concesionarias durante todo el período de su actuación. Asimismo, determinaría la responsabilidad del Poder Ejecutivo en relación al control ejercido sobre los servicios de estacionamiento y de acarreo de vehículos en ese mismo período. “También está encargada de investigar la actuación del ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y otros funcionarios, en su vinculación con las actividades relacionadas a las empresas de Violante y todas las cuestiones conexas”, sostiene el documento.

La comisión estará integrada por 17 diputados, los cuales serán elegidos respetando la representación de los partidos políticos y las alianzas; y estará presidida por un legislador del bloque más numeroso de la oposición y un vicepresidente y secretario elegidos por sus miembros.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores del FdT explicaron que la creación de la comisión tiene como “objetivo esclarecer la gestión de esas empresas y determinar el rol asumido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lo concerniente al control debido” y remarcaron que también se pondrá la lupa sobre “la actuación del Ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, quién recientemente ha solicitado una licencia en sus funciones luego de que, a partir de la filtración y publicación de chats que lo tienen como protagonista, se viera bajo sospecha de negociados, cohecho y demás acciones espurias en el marco de sus atribuciones como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras cosas, se lo vincula con Marcelo Violante, empresario que maneja el negocio de las grúas y playas de estacionamiento en la Ciudad, a través de empresas como Dakota SA y Brewda Construcciones SA”.

“El servicio de acarreo en la Ciudad de Buenos Aires estuvieron en manos de Dakota SA y BRD Sociedad Anónima, hasta el miércoles 17 de agosto del 2022, cuando se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 284/22, que puso fin a la concesión. Después de que diputados y diputadas de todo el arco opositor constituyéramos el frente antigrúas, convocáramos a una sesión especial y decidiéramos dar visibilidad al tema, exigiendo el fin de las irregularidades sostenidas en el servicio de acarreo, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, se vio obligado a quitar la concesión a las dos empresas que operaron el negocio con el contrato vencido por 21 años”, aseveraron.

Por lo que concluyeron planteando “la necesidad de auditar y esclarecer todo lo ocurrido en torno al servicio de acarreo, el accionar de las empresas y la responsabilidad del Estado frente a las irregularidades reiteradas y el menoscabo económico sufrido por la Ciudad de Buenos Aires durante todo el período explicitado”.

El proyecto es de autoría de Juan Manuel Valdés (FdT) y lleva la firma de Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Juan Pablo O’Dezaille, Cecilia Segura, Manuel Socias, Magdalena Tiesso, Laura Velasco y Franco Vitali (FdT).