Se reanudó este martes a las 13.14 el trabajo de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde por segunda vez consecutiva no concurrirá el fiscal federal Carlos Stornelli. Ante la negativa, el oficialismo se apresta a denunciarlo en la Procuración y pedir que se le quiten los fueros para que sea traído por la fuerza pública.

Al igual que la semana pasada, Stornelli respondió que estaba amparado en la Ley del Ministerio Público Fiscal para poder declarar de manera escrita y no presencial. Un argumento que el Frente de Todos rechaza.

Puntualmente, el artículo 14 de la Ley 24.946 habla de que los funcionarios del Ministerio Público “estarán exentos del deber de comparecer a prestar declaración como testigos ante los Tribunales, pudiendo hacerlo. En su defecto deberán responder por escrito, bajo juramento y con las especificaciones pertinentes”.

Pero el oficialismo dejó sentada su postura en la reunión anterior, cuando la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dijo que “como esta Comisión de Juicio Político no es un tribunal no procede esa excepción”. “Si nosotros estaríamos exceptuando de comparecer presencialmente a esta comisión a otras personas diferentes de las que habla el reglamento (presidente, vicepresidente y gobernadores), estaríamos violando la Constitución en lo que refiere a igualdad ante la ley”, agregó la entrerriana.

Stornelli fue citado para ser interrogado por haber sido autor del dictamen en el que se basó el juez federal Sebastián Ramos (a quien el oficialismo decidió denunciar por falso testimonio) para archivar una causa sobre los presuntos chats entre el ministro de Justicia y Seguridad porteño -con licencia- Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en los que hay diálogos sobre el Consejo de la Magistratura y el fallo del máximo tribunal respecto a la coparticipación de la Ciudad, dos de las causales del juicio político.

Los otros citados para este martes son Juan Manuel Olima Espel, secretario Institucional de la Procuración General de la Nación, y el abogado Jorge Mazzeo -que no confirmó asistencia-, propuestos por el diputado Rodolfo Tailhade. Ambos habrían reconocido la veracidad de ciertas conversaciones de Telegram filtradas del celular de D’Alessandro.

También estarán nuevos funcionarios de la Corte Suprema: Sebastián Alberto Garay, de la Secretaría de Juicio Originarios; y Guillermo Sebastián Garay y Natalia Hilda Monayer, ambos de la Vocalía de Rosatti.